La elección de magistrado en la Sala IV
| Sábado 24 julio, 2010
La elección de magistrado en la Sala IV
Se avecina en la Asamblea Legislativa la discusión acerca del nombramiento de un magistrado en la Sala Constitucional y me llama la atención como los costarricenses nos quedamos callados cada vez que ocurre una vacante en la Corte Suprema de Justicia.
Me sorprende aún más que nos desgastemos criticando, organizando marchas y movilización para asuntos como la promoción de un referendo de odio, acerca de si hubo o no un vicio en el nombramiento de un excelente diplomático y hasta si llegó un ex ministro a Casa Presidencial; lo que me lleva a la pregunta: ¿ acaso no es de interés nacional la elección de uno de los juristas que tendrá a cargo la administración de la justicia constitucional?
Al alto tribunal, tan solo en el primer trimestre de este año han ingresado a conocimiento 4.503 casos; durante 2009 la Sala conoció cerca de 18.856 casos, de los cuales el 90,9% corresponde a recursos de amparo, el 7,2% hábeas corpus y un 1,5% acciones de inconstitucionalidad, según datos oficiales.
Entre siete magistrados se distribuyen todos los anteriores expedientes y junto a su equipo de letrados resuelven acerca de la lesión a los derechos que nuestra Constitución vela salvaguardar.
Ante la jubilación del magistrado Adrián Vargas Benavides en febrero anterior, la Sala dispone de una vacante, plaza perseguida por más de 20 candidatos, entre los cuales destacan: Teresita Rodríguez (juzgadora en el caso CCSS-Fischel), el ex diputado José Valenciano, Jorge Araya, Silvia Víquez y Rosa María Abdelnour (magistrados suplentes de la Sala Constitucional).
Resalto el último nombre por tratarse de una jurista a la que personalmente conozco y a quien debo un gran respeto. A esta jurista, la admiro por su entrega en la enseñanza del derecho y su aporte a la justicia nacional (recordemos que fue doña Rosita quien ocupó la sétima silla del pleno de la Sala, tras la jubilación del ex magistrado Luis Fernando Solano).
Doctora en derecho público, especialista en materia penal, resolución alterna de conflictos (RAC) y docencia, cuenta con una hoja de vida excepcional; sus logros, profesionalismo y experiencia hablan por sí mismos.
Creo, lamento y me permito decir, que el problema con estos nombramientos es el “tinte político”. Espero que este parlamento haga un esfuerzo por alcanzar la objetividad en el análisis de atestados y pueda sobreponer el interés nacional ante el color con que visten los candidatos.
Debemos ser parte de este análisis, más aún cuando se observa a diario el ingreso de “salacuartazos” que más que un mecanismo de protección a derechos se ha convertido en un puente a la prostitución del espíritu constitucional protector; de ahí que en 2009 de 18.856 casos solamente un 23,59% se declarase con lugar.
No debemos olvidar aquí en el pueblo que quienes ocupan curules son nuestros representantes y por lo tanto, nuestra voluntad se supone materializada en las decisiones que los legisladores a su buen juicio quieran adoptar.
Giancarlo Casasola Chaves
Estudiante de derecho y ciencias políticas
Se avecina en la Asamblea Legislativa la discusión acerca del nombramiento de un magistrado en la Sala Constitucional y me llama la atención como los costarricenses nos quedamos callados cada vez que ocurre una vacante en la Corte Suprema de Justicia.
Me sorprende aún más que nos desgastemos criticando, organizando marchas y movilización para asuntos como la promoción de un referendo de odio, acerca de si hubo o no un vicio en el nombramiento de un excelente diplomático y hasta si llegó un ex ministro a Casa Presidencial; lo que me lleva a la pregunta: ¿ acaso no es de interés nacional la elección de uno de los juristas que tendrá a cargo la administración de la justicia constitucional?
Al alto tribunal, tan solo en el primer trimestre de este año han ingresado a conocimiento 4.503 casos; durante 2009 la Sala conoció cerca de 18.856 casos, de los cuales el 90,9% corresponde a recursos de amparo, el 7,2% hábeas corpus y un 1,5% acciones de inconstitucionalidad, según datos oficiales.
Entre siete magistrados se distribuyen todos los anteriores expedientes y junto a su equipo de letrados resuelven acerca de la lesión a los derechos que nuestra Constitución vela salvaguardar.
Ante la jubilación del magistrado Adrián Vargas Benavides en febrero anterior, la Sala dispone de una vacante, plaza perseguida por más de 20 candidatos, entre los cuales destacan: Teresita Rodríguez (juzgadora en el caso CCSS-Fischel), el ex diputado José Valenciano, Jorge Araya, Silvia Víquez y Rosa María Abdelnour (magistrados suplentes de la Sala Constitucional).
Resalto el último nombre por tratarse de una jurista a la que personalmente conozco y a quien debo un gran respeto. A esta jurista, la admiro por su entrega en la enseñanza del derecho y su aporte a la justicia nacional (recordemos que fue doña Rosita quien ocupó la sétima silla del pleno de la Sala, tras la jubilación del ex magistrado Luis Fernando Solano).
Doctora en derecho público, especialista en materia penal, resolución alterna de conflictos (RAC) y docencia, cuenta con una hoja de vida excepcional; sus logros, profesionalismo y experiencia hablan por sí mismos.
Creo, lamento y me permito decir, que el problema con estos nombramientos es el “tinte político”. Espero que este parlamento haga un esfuerzo por alcanzar la objetividad en el análisis de atestados y pueda sobreponer el interés nacional ante el color con que visten los candidatos.
Debemos ser parte de este análisis, más aún cuando se observa a diario el ingreso de “salacuartazos” que más que un mecanismo de protección a derechos se ha convertido en un puente a la prostitución del espíritu constitucional protector; de ahí que en 2009 de 18.856 casos solamente un 23,59% se declarase con lugar.
No debemos olvidar aquí en el pueblo que quienes ocupan curules son nuestros representantes y por lo tanto, nuestra voluntad se supone materializada en las decisiones que los legisladores a su buen juicio quieran adoptar.
Giancarlo Casasola Chaves
Estudiante de derecho y ciencias políticas