El rezago democrático suele interpretarse como una crisis permanente de ingobernabilidad y en esa coyuntura toda crisis obstaculiza el crecimiento económico y la movilidad social

La eficacia del debate legislativo

La solidez institucional de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial determina la calidad de la democracia en cualquier sistema político no totalitario. Como la democracia está constituida por instituciones, valores y prácticas no es posible que estos elementos esenciales operen disociados entre sí. Son abundantes los casos de países con valores y prácticas democráticas que subsisten dentro de una precaria institucionalidad.
La institucionalidad es básicamente la dimensión tangible de la democracia medida por la eficacia y la legitimidad de las instituciones formales. Y su dimensión intangible —actitudes y comportamientos humanos—, representa la cultura democrática, sin la cual no habría respeto a las reglas de la convivencia que armoniza las múltiples diferencias existentes entre quienes se someten a esas reglas.
Los ciudadanos creen en la democracia como sistema pero confían cada día menos en los rendimientos (eficacia) y en los actores (representatividad). En consecuencia, se rompe el vínculo entre representantes y representados y el sentido de pertenencia de los ciudadanos al sistema político.

El rezago democrático suele interpretarse como una crisis permanente de ingobernabilidad y en esa coyuntura toda crisis obstaculiza el crecimiento económico y la movilidad social. Ahora bien, hay ingobernabilidad todo el tiempo o se trata de incapacidad de gestión? ¿A quién reclama la ciudadanía lo que percibe como una situación de inmovilismo y retroceso en la solución de numerosas demandas insatisfechas?
Los señores diputados a la Asamblea Legislativa pueden definir las prioridades de su trabajo; el Poder Ejecutivo también puede y debe hacerlo. Cada cual asume entonces el costo de sus propios actos. Pero en la formulación de políticas públicas nadie deja de ser enteramente responsable ni las tareas se dan por cumplidas en términos absolutos.
La dinámica del principio de separación de poderes conlleva una trampa implícita de bloqueos mutuos porque existen correlaciones de fuerzas parlamentarias que tienen posiciones sobre la agenda legislativa. Por ello el Poder Ejecutivo tiene la obligación de construir consensos ejerciendo un liderazgo imaginativo y persistente. Eso es parte de la gobernabilidad democrática. La calidad de gobierno está cada vez más interrelacionada con las expresiones de legitimidad de origen, ejercicio y eficacia. Sin esos elementos se agudizarían las crisis sociales aumentando la atrofia de la acción política.

La gobernabilidad supone entonces la capacidad de lograr acuerdos sostenibles y eficaces entre el sector estatal y una serie de actores políticos estratégicos que son —o deberían ser— reflejo vivo de los intereses de la ciudadanía. De lo contrario la legitimidad queda excluida.

Luis Alberto Cordero
Nassar Abogados