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Viernes 21 Septiembre, 2012

La crisis de los presupuestos públicos en Costa Rica

La Asamblea Legislativa improbó la liquidación presupuestaria del Gobierno Central para el año 2010, y probablemente lo haga para el año 2011, debido a que dicho informe no mide eficazmente el avance de las metas sectoriales y globales del Plan Nacional de Desarrollo, carece de mediciones de desempeño esenciales, no aporta la transparencia que exigen algunos de los diputados (as) de oposición, varias obras importantes tienen 0 de realización, y la subejecución se ha convertido en una costumbre burocrática.
Además, la Contraloría General de la República viene improbando estas liquidaciones, ya que violan el Art. 6º de la Ley de Administración Financiera, en cuanto a que los gastos corrientes no pueden financiarse con deudas —en el año 2011 esta alteración ascendió a ¢781 mil millones—.
En los años 2010 y 2011, se determinó que el Gobierno Central y la mayoría de los entes descentralizados, acumulaban un superávit presupuestario de casi ¢1,4 billones, debido a múltiples razones: ingresos ociosos o prescindibles, reservas inadvertidas o voluntariamente sostenidas, asesorías improductivas, abultamientos en viáticos, protocolo, planillas paralelas, gastos de representación, vehículos discrecionales, y viajes al exterior. En el caso del Grupo ICE, se le indicó a la Aresep (07-12-11) que su superávit alcanzaría en el 2011, la suma de ¢254 mil millones, y que sumadas todos las erogaciones indirectas, la cifra podía escalar a ¢397 mil millones. Hasta el momento no se han logrado respuestas.
Dado lo anterior, le fue recomendado al Poder Ejecutivo por parte de una fracción legislativa, proceder a estudiar la totalidad del Registro Contable Consolidado del Sector Público, para hallar los recursos que sustituyeran la meta de recaudación tributaria que alcanzaría la reforma fiscal propuesta del año 2011 —¢500 mil millones—. Hacienda se opuso, afirmando que los superávits financiaban la ejecución de obra física atrasada y la atención de gastos acumulados.
La liquidación del presupuesto del Gobierno Central para el año 2011, registra que no se ejecutaron ¢410 mil millones, y la liquidación del año 2012 tiende a subejecutar más de ¢500 mil millones, por lo que se plantearía en el Congreso la necesidad de recortar varios renglones del presupuesto del año 2013, y modificar disposiciones del Artículo 176 de la Constitución Política.
La estructura presupuestaria/financiera del Estado, opinamos, no es útil en la época actual, y requiere una nueva estructura facilitadora de mayor disciplina laboral y profesional, que reconozca que el propósito del Presupuesto del Estado es lograr una eficiente asignación de los recursos escasos, aumentando la productividad del país de cara a las necesidades sociales y a la necesaria competitividad comercial.
Complementariamente, esta asignación debe contar con una gestión mentalmente independiente, que ofrezca garantías de un seguimiento técnico adecuado, y una evaluación permanente de los programas públicos de gasto e inversión.

Elías José Lizano Jarquín