La Costa Rica de 2050 a la que aspiro

La Costa Rica de 2050 a la que aspiro

La Costa Rica a la que aspiro para el año 2050 no es muy diferente de la que soñaron nuestros antepasados: un país desarrollado, solidario, justo, equitativo, sin pobreza y ocupando de nuevo el lugar que alcanzamos a mediados de 1994, como el primer país en desarrollo humano y calidad de vida en toda América Latina.

¿Cómo lograrlo? Ante todo, cambiando de actitud frente a la adversidad y retomando el carácter que tuvieron nuestros antepasados para haber hecho de este pequeño terruño un país de vanguardia.

Sin inversión no hay fuentes de trabajo ni desarrollo, nuestra competitividad depende de la calidad de la educación, el recurso humano que formemos, de la infraestructura vial y portuaria que logremos construir.

Es además fundamental garantizar seguridad jurídica, paz social, seguridad ciudadana y equilibrio con la naturaleza.

Nuestra inversión en educación debe ir acompañada de un análisis profundo sobre la forma como estamos educando a las nuevas generaciones y aprender de países como Finlandia, que ha revolucionado la educación mediante nuevas técnicas, capacitando al magisterio y dándoles un lugar especial en la sociedad como formadores de las nuevas generaciones.

No podemos perder de vista que los países asiáticos lograron su incorporación al primer mundo precisamente por la inversión que hicieron en el campo de la educación.

Contamos con cerca de 20 mil leyes vigentes, de las cuales se han estudiado más de 8 mil que deben ser derogadas.

Países desarrollados han hecho esta “limpieza” con éxito para luego identificar aquellas leyes que necesitan ser modificadas para poder ser eficientes, como es el caso de las leyes relacionadas con la construcción de la red vial.

De igual manera se debe simplificar la cantidad de trámites y requisitos para poder construir, establecer negocios, desarrollar áreas de producción y todo aquello que genere progreso en las comunidades.

Un tema de relevancia y para el cual se debe llegar a un gran acuerdo nacional es el relacionado con las funciones que ejercen la Sala Constitucional y la Contraloría General de la República, pues muchos coincidimos en que las potestades que hoy ostentan exceden por mucho sus funciones.

La Sala debe salvaguardar los derechos constitucionales de los ciudadanos, no gobernar, y la función de la Contraloría es controlar, no gobernar; este traslape de funciones ha dado como resultado un debilitamiento del Poder Ejecutivo y una peligrosa paralización del Estado.

En general es necesario recuperar al máximo la división entre los Poderes de la República, pues esa es la base de nuestro sistema republicano.

El fortalecimiento de nuestro Estado Social de Derecho y dentro de él la solución definitiva al problema que enfrenta la seguridad social en nuestro país, es un tema de la mayor relevancia pues es uno de los pilares sobre los cuales descansa la paz social de nuestro pueblo.

Una mayor eficiencia en el manejo de la CCSS, una mayor calidad en los servicios y más responsabilidad de usuarios y contribuyentes es la base sobre la cual se debe trabajar.

Para todo lo anterior, sin embargo, existe un elemento sin el cual difícilmente se puede avanzar y son los recursos financieros con los cuales el Estado hace frente al gasto público.

El tema de nuevos tributos no puede esperar, sin embargo, debe existir un análisis serio, sin que medie la politiquería y por el contrario se haga un esfuerzo por mostrar con transparencia los excesos, abusos, despilfarros, gastos e inversiones que tienen nuestras instituciones y llegar a un acuerdo nacional en que todos los sectores estén dispuestos a sacrificarse un poco y a poner sobre la mesa soluciones y propuestas que beneficien a las grandes mayorías.

Para alcanzar la Costa Rica que todos soñamos, debemos empezar hoy por pensar en grande, dejar de confundir humildad con mediocridad, y darnos a la tarea de construir, con carácter, convicción y tenacidad.

Rafael Ángel Calderón Fournier

Presidente de la República

1990-1994