La concesión por el despeñadero

De cal y de arena
La concesión por el despeñadero

Diez años perdidos en la modernización del aeropuerto Juan Santamaría; la danza de millones montada alrededor de esta malhadada aventura; los incumplimientos, errores y arbitrarias suspensiones del trabajo graciosamente disimulados por la autoridad gubernamental. La generosa postración del interés nacional por virtud de la cual el edificio principal para el Aeropuerto Daniel Oduber ve incrementarse su costo de $17 millones a $35 millones. La idea de concesionar la construcción y administración de una cárcel en Guácimo, que terminó siendo una “ideota” dadas las torpezas e impertinencias financieras que padecía. Lo de Caldera, donde el principal emprendimiento —el muelle granelero— sigue esperando que lleguen las calendas griegas. La reconstrucción de la vía San José-San Ramón hace cuatro años adjudicada a un costo de $150 millones y que ahora está a la espera de ser fondeada en $500 millones. La vergonzosa demostración de ineptitud a la hora de custodiar el interés público, que se evidencia en la ruta La Sabana-Alajuelita. ¿Y esa carretera licitada en 1999 que se empieza a construir una década más tarde, sin las reformulaciones indispensables para proteger el sentido de calidad, utilidad y factibilidad de la obra pero sí la inspiración de un hada madrina que deparó la renegociación de los costos de $140 millones iniciales a $360 millones finales, que el ingenio popular ha bautizado como la “autopista de la sal”, no del sol?
¿Y así quieren que nos traguemos la privatización portuaria en el Caribe? La presidenta Chinchilla reconoció el 31 de julio el fracaso del esquema de concesión de obra pública. ¿Qué efectos dará a sus palabras?
Todo este libro negro que refiere la desastrosa experiencia costarricense en materia de concesión de obra pública no está escrito por espíritus mezquinos ni frustrados políticos ni resentidos sociales. Son el Colegio de Ingenieros y de Arquitectos, la Asociación de Geotecnia, el Laboratorio de Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica, ex ministros de Obras Públicas de recio prestigio como Rodolfo Silva y Rodolfo Méndez, consultores medioambientales y fiscales del proceso constructivo, quienes han advertido las deformaciones del esquema de concesión de obra pública, los vicios y corruptelas que ha incubado en Costa Rica y la penosa negligencia de un Estado que no se armó debidamente para gestionar la delegación de tareas, la supervisión de responsabilidades, el control de calidad y la correcta armadura financiera.
El modelo de la concesión de obra pública no es malo per se y no será dañoso para el interés nacional si se le depura para preservarlo de todo ese penoso manejo que se desprende de la información técnica que ha trascendido. Así como está —dijo el Ing. Méndez en un foro universitario— “es temerario abrir nuevas concesiones”.
Lamentablemente las bondades y delicias de la carretera a Caldera han sido sepultadas por el cúmulo de deficiencias y fallas que la inhabilitan. La indulgencia con que algunos quieren que el país trate a la concesionaria, no debe inhibirnos de ver la realidad: “el príncipe anda desnudo”.

Alvaro Madrigal