La concesión de la Terminal de Contenedores de Moín

Columna invitada
La concesión de la Terminal de Contenedores de Moín

Cuando se habla de infraestructura en Costa Rica, de inmediato se nos vienen a la cabeza todas las historias del Juan Santamaría, de la carretera a Caldera, de los derrumbes del Zurquí, del puente de Orotina, de la terminal portuaria de Caldera, del acueducto de Sardinal, de las obra en Guanacaste, de las concesión de la carretera a San Ramón, de la platina del Virilla, las rutas intercantonales, en fin, una cantidad de obras, que por falta de toma de decisiones, están revelando que algo no camina bien en nuestra máxima autoridad responsable del desarrollo de la infraestructura en Costa Rica y que está comenzando a entender, a base de que las comunidades protesten y hagan cierres de carreteras y de caminos.
Si se han perdido cuatro años en poner a despacho la solución de la modernización de Limón (junio de 2006) que aumenta en casi un 70% la capacidad de movilización de carga por ese puerto, hoy se puede esperar cualquier cosa, en este momento de incertidumbre, que no indica un camino claro a realizar con las terminales portuarias del Atlántico y todas las carreras y urgencias se estrellan contra la realidad real del “no hacer nada”.
El cartel para la concesión de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) se ha corregido en cuatro oportunidades y en este momento se ha aumentado en $100 millones el costo inicial de la terminal (de $850 millones a $950 millones), en 60% el costo del movimiento de cada contenedor y se colocó una cláusula indicando que la empresa que debe ofertar tiene que presentar pruebas que permitan verificar que tiene ganancias por más de $300 millones al año.
Lo anterior nos hace pensar que tal vez no haya empresas interesadas en participar y se hacen ajustes a ver si alguna puede interesarse.
El sistema pareciera que no tiene solución por la cantidad de excusas, razones, juicios, especulaciones, discursos que proceden de los responsables del estudio, de la toma de decisiones y de la ejecución de las obras.
Es evidente un incumplimiento de deberes al no haber dado una transparencia pública, real, a las acciones tendientes a reformar los carteles y a presentar con claridad el programa de ejecución del proceso a realizarse en Puerto Limón.
Las soluciones son bastante más fáciles de ejecutar, pero han sido los funcionarios los que han complicado las mismas, al iniciar una lucha de clases entre los trabajadores (el sindicato) y el patrono (el Poder Ejecutivo).
La mayor parte de la carga (89%) lo manejan empresas privadas que no participan del conflicto fomentado por el Gobierno y que llevan a que las compañías que pudieran estar interesadas se abstengan de ser partícipes de una concesión que no garantiza mayor seguridad en el negocio a realizar.
Pensar en grande y hacer en “chiquitico” es lo realizado hasta ahora, poniendo en jaque la seguridad de la operación portuaria que maneja el 80% de la carga de importación y exportación, y el 100% del combustible para la operación de la industria, la energía y el movimiento vehicular del país.
La tragedia está avisada y ojalá Dios no lo permita.

Juan Fco. Montealegre Martín
Ex presidente ejecutivo de Japdeva