Randall Madriz

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Lunes 18 Mayo, 2015

La banca para el subdesarrollo

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Ronda por la Asamblea Legislativa un proyecto de rescate, a favor de un número desconocido de “empresarios” turísticos, cuyas deudas han devenido en inmanejables.
La idea de los padres de la patria que impulsan esta iniciativa es utilizar fondos de la Banca para el Desarrollo para readecuar los créditos de esos deudores.
Muchas interrogantes rodean esta trama legislativa, pero quizás la más seria es que no existe un criterio objetivo para la calificación de esos deudores.
No se ha establecido instancia alguna, que analice en qué fueron invertidos los recursos provenientes de los préstamo morosos.
No se ha determinado si los dineros derivados de los créditos se aplicaron en la construcción de infraestructuras nuevas o en mejoras de obras ya construidas o si, por el contrario, los hoy afligidos deudores utilizaron los préstamos para sus propios caprichos (vehículos personales, viajes o cualquier otro uso del dinero no vinculado con el giro principal de su negocio).
Lo que la mayoría de los lectores no tiene presente es que, en parte, los fondos que alimentan la Banca para el Desarrollo provienen de una reforma fiscal aprobada mediante la Ley denominada Reforma integral a la Ley Número 8634, Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo y reforma a otras Leyes. Esta ley entró en vigencia al momento de su publicación el 27 de noviembre de 2014.
Efectivamente, esta ley vino a reformar el artículo 59 de la Ley del Impuesto sobre la Renta trayendo un impuesto (retención) que se aplica sobre el pago de intereses a los acreedores bancarios no domiciliados en Costa Rica.
El gran vicio que se introdujo mediante la reforma a la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo fue crear un destino específico para los impuestos que se recaudan en virtud de la modificación a la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Eso lo advertimos en este mismo espacio en nuestra columna del 25 de noviembre de 2013 (“Antes de la Propuesta de Reforma Fiscal”). En ese momento, expresamos que esa intención era nociva pues “…lo recaudado no estaría destinado a aliviar el déficit del Gobierno Central.”.
Desgraciadamente, lo que fue una advertencia hoy es una realidad.
Los recursos de la Banca para el Desarrollo están a las puertas de ser aplicados para satisfacer un grupo anónimo de “clientes políticos”. Es decir, al mejor estilo de un república bananera, se utilizarán fondos públicos para pagar deudas privadas.
Al respecto, un ilustre diputado oficialista quien dicho sea de paso impulsa con ahínco las reformas fiscales, le expresó a la prensa que la situación de estos deudores era culpa de los bancos. Según su dicho, los bancos acreedores acosaban a los empresarios con la intención de otorgarles préstamos.
¿Es esta iniciativa legislativa una muestra de la austeridad que debería guiar las actuaciones del actual gobierno?
¿Para esto desea el Gobierno aumentar los impuestos? 

Randall Madriz
Abogado tributario
[email protected]