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Miércoles 20 Agosto, 2008

La seguridad le compete al Estado


Desde el momento en que un distinguido político de la Unidad profirió la oración: “La seguridad es cosa de todos” se convirtió en una sentencia que todos nos tragamos, y de paso le sirvió a su Ministerio de Seguridad para librarse de la crítica popular, y así, los siguientes ministros la acogieron con entusiasmo. La seguridad puede ser cosa de todos cuando ya el Estado haya hecho todo lo humano y técnicamente posible para proteger la integridad de los habitantes y de sus bienes. El Estado costarricense no se ha interesado en brindar esa protección a la ciudadanía, y como decía un amigo, se le debería demandar por todos los hechos vandálicos y criminales que día a día se dan en nuestro desprotegido país. Recordemos que el Estado lo conforman los tres poderes, ergo, la responsabilidad recae en el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pero es indiscutible que el mayor peso recae en el Presidente de la República porque es este quien debe enviar al Legislativo, el proyecto de ley tendiente a corregir entuertos y a introducir nueva normativa que resulte en medidas eficaces para dar esa protección que el pueblo exige y merece. Depende del Presidente la motivación que haga en los medios de comunicación, y la concientización de los jefes de fracción, para que el proyecto entre a la Asamblea debidamente engrasado.
¿Cuál es la génesis del desmesurado incremento de la criminalidad en Costa Rica? Ayer lo comentamos en La Tertulia, aquí en Escazú: La droga ocupa el primer lugar. ¿Dónde está la responsabilidad del Estado con respecto a la droga (alcaloides fuertes)? Sin ser magos nos atrevemos a apostar que la inmensa mayoría de la coca y heroína entra por nuestra frontera sur. Hay 11 pasos en Paso Canoas por donde se puede pasar a cualquier hora, a pie o en carro, libremente, sin mojones ni control policial alguno. Ni que decir en el lado de Sixaola, ahí no hay ni perros adiestrados ni un destacamento policial. Nuestras fronteras las cuidan nuestros amistosos e ingenuos policía civilistas, que no disparan porque no tienen municiones o temerosos de una acusación. Lo que debería haber es un destacamento de verdaderos policías, con sentido de la disciplina que se perdió desde que don Oscar la convirtió en “fuerza pública civilista”. El personal de ese destacamento debe rotarse cada 30 días. La otra gran puerta son nuestras costas; no sabemos las gestiones que se hayan hecho a los Estados Unidos para reforzar la vigilancia.
El segundo lugar lo ocupa la disposición de perdonar a todo delincuente que asaltara y robara objetos por un valor inferior a los ¢250.000; esta barbaridad provocó un aumento monstruoso en la matrícula para obtener licencia para delinquir; esos miles de delincuentes optaron por obtener la maestría: es mejor matar al roco o a la chavala para evitar que nos delate. Esta medida se tomó para vaciar o evitar el hacinamiento en las cárceles, pero cerraron San Lucas, en vez de convertirlo en un presidio modelo de autosostenimiento. El tercer lugar lo ocupan los extranjeros indeseables que entronizaron el sicariato (droga); burlaron a Migración con pasaportes falsos o mediante la treta del “matrimonio pagado”. Dice la doctrina jurídica que cualquier acto donde medie el engaño es nulo per se. ¿Por qué no se ha dictado una ley en ese sentido, y se anulan los cientos de residencias y nacionalidades otorgadas a todos estos parias? El pueblo no puede hacer nada contra estas barbaridades que han convertido a nuestro precioso vergel en un lugar invivible. Es el Estado el responsable y el pueblo demanda con energía su intervención. Bajo estos postulados es que se van a decidir las próximas elecciones nacionales.

Rodolfo Borbón Sartoresi
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