Natalia Díaz

Natalia Díaz

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Jueves 13 Septiembre, 2018

La ruta más larga y la más riesgosa

Las dos administraciones PAC han escogido el camino más lento, riesgoso y empedrado para solucionar la crisis fiscal. Optaron por un plan fiscal de dudosos resultados en cuanto a la recaudación esperada, que a la vez nos encarecerá el costo de la vida a todos, disminuirá el ritmo del crecimiento económico, creará desempleo y limitará la creación de nuevos emprendimientos productivos.

En el más optimista de los escenarios, llegará enero de 2019 y aún ese proyecto difícilmente estará aprobado, ello sin contar con las seis semanas que se toma la Sala Constitucional entre el primero y segundo debate ante la consulta facultativa de constitucionalidad, para manifestarse.

De aprobarse en 2019, y que no se caiga por defectos de procedimiento o de otro tipo, la implementación del mismo y sus primeros ingresos tributarios verían la luz a partir del segundo semestre de ese año. En resumen, nos tomará unos 12 meses contar con los nuevos ingresos fiscales en las arcas hacendarias.

Mientras esto ocurre, habrá más endeudamiento y un déficit creciente, por no decretar medidas de contingencia fiscal extrema que detengan ya el gasto público. Son medidas impopulares, pero menos dañinas para la economía que el anunciado paquete de impuestos.

Todas las plazas del sector público que se acojan a jubilación o movilidad laboral deben congelarse. Aumentos salariales se posponen por al menos dos años, así como pluses, anualidades y otras remuneraciones conexas al incremento salarial. Instituciones con funciones similares deben fusionarse; otras que son prescindibles es necesario promover su venta o proceder a su cierre paulatino. Algunas transferencias presupuestarias enormes como la del (Fondo de Especial para la Educación Superior) FEES, entre otras, deberán congelarse por tiempo prudencial con excepción de las partidas de becas estudiantiles. Terminar de legislar para el control de pensiones abusivas sí es de urgente necesidad y para ello observo un gran consenso parlamentario. El esfuerzo que hicimos en la anterior legislatura un grupo de diputados para ordenar las pensiones con cargo al presupuesto nacional y las del Poder Judicial, mediante las leyes respectivas aprobadas, ya comienza a dar sus primeros resultados positivos.

Todas estas medidas ya han sido expuestas con anterioridad; son duras, restan popularidad al gobierno, pero el conductor del Poder Ejecutivo debe comprender que el costo de gobernar siempre es muy alto, pero son mucho más graves las secuelas económicas y sociales de no actuar a tiempo y con determinación.