La revictimización: un tema que nos compete a todas las personas

Según la ONU (2023), la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos en el mundo. A pesar de los avances en la promulgación de leyes estatales e instrumentos internacionales vinculantes para proteger los derechos de las mujeres, la revictimización sigue siendo un obstáculo significativo en la búsqueda de justicia y recuperación para las víctimas.

La revictimización no tiene una sola cara y se manifiesta de diversas formas, desde la culpabilización de la víctima hasta la negación de su experiencia por parte de terceros, todo lo anterior representa una prolongación inescusable del trauma de las víctimas. Es crucial adoptar estrategias integrales para prevenir y combatir la revictimización de las víctimas en los centros laborales, asegurando que los procedimientos no revictimicen a quienes ya han sufrido estas experiencias.

La revictimización, también conocida como victimización secundaria, es una respuesta común del sistema legal hacia las víctimas de violencia. Este fenómeno obliga a las víctimas a revivir su trauma al exponerse repetidamente a su papel de víctima, a menudo enfrentando incomprensión y negligencia por parte del sistema.

Es esencial reconocer que, aunque las medidas deben proteger a todos los trabajadores sin distinción de género, el acoso por razón de género afecta desproporcionadamente a las mujeres, como lo establece el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (2019). Datos del Poder Judicial de Costa Rica revelan un preocupante número de denuncias por hostigamiento sexual en el ámbito laboral y educativo, evidenciando la magnitud del problema en nuestra sociedad.

Consagrado en nuestra normativa mediante la Ley 7476, también conocida como la Ley contra Hostigamiento o Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia, establece principios fundamentales como el respeto a la libertad y la vida humana, así como el derecho al trabajo y la igualdad ante la ley. Define el acoso sexual y establece medidas para prevenirlo, incluyendo la implementación de políticas internas en los centros de trabajo y la divulgación de la legislación pertinente.

Los establecimientos laborales tienen la responsabilidad de implementar políticas y procedimientos que protejan a las víctimas y promuevan un entorno laboral seguro.

Es fundamental evitar prácticas que culpabilicen a las víctimas y garantizar una respuesta adecuada del sistema a sus necesidades. Es imperativo que las empresas implementen políticas internas efectivas, establezcan procedimientos para denunciar el acoso y garanticen un ambiente de trabajo seguro y respetuoso.

Es crucial que las empresas y las instituciones implementen políticas y programas que aborden de manera proactiva la revictimización y brinden un ambiente de apoyo y seguridad para las víctimas. Esto implica no solo la adopción de medidas preventivas, sino también la capacitación del personal para abordar adecuadamente los casos de acoso sexual y proporcionar recursos y apoyo emocional a las víctimas.

El acoso sexual laboral no solo afecta la integridad y dignidad de los trabajadores, sino que también socava la igualdad de oportunidades en los centros laborales, afectando de forma despropocionada a las mujeres.

Es una responsabilidad social, con énfasis en las empresas, trabajar juntas para prevenir la revictimización y garantizar un entorno donde todas las personas puedan co-existir de forma segura y libres de violencia. Es necesario que las empresas gestionen los mecanismos y herramientas necesarias para promover una cultura laboral basada en el respeto mutuo y la dignidad de las personas para prevenir estas situaciones y garantizar entornos laborales seguros.