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Miércoles 23 Abril, 2008

¡La prioridad de la agenda nacional!


Leía en un diario nacional un artículo del economista Alberto Franco acerca de las conclusiones de la Consulta de Expertos San José 2007. Estas consisten en la enumeración de un inteligente conjunto de acciones a tomar por los estados, enmarcadas dentro de un hipotético panorama descrito —más bien suposición— sobre qué hacer en el plazo de un quinquenio, si Latinoamérica pudiese destinar una alta suma de dinero para el desarrollo. La pregunta de fondo era ¿Cómo invertir para nuestro bienestar? Me permito tocar con mis manos sucias las conclusiones de ese olimpo de economistas, aprovechando ese artículo para promover una reflexión sobre cómo Costa Rica podría convertirse en una nación que —ciertamente—, pudiese contar con esos quiméricos recursos de tal forma que podamos invertir permanentemente en desarrollo y distribución de riqueza. Se ha demostrado, a través de la historia humana, que son las distintas sociedades que han logrado hacerse del control de la materia prima energética, quienes han logrado los recursos para impulsar descomunalmente su desarrollo o por el contrario, su derroche.
Algunos ejemplos modernos de los que podemos echar mano son, entre otros, el de la Costa Rica de la segunda mitad del siglo XX, que logró una importante fuente de recursos para el crecimiento a partir de la ejecución de una primera gran etapa de su programa energético y cuyo proyecto cumbre en esta materia está hoy operando en Arenal.
El Japón, sin mayor materia prima autóctona, ha terminado de despegar como potencia mundial gracias al impulso de la tecnología nuclear como fuente energética de producción industrial y para fines no bélicos y, como último ejemplo de esta tesis, el realismo mágico venezolano —una disfunción patológica de los anteriores ejemplos—, que ha consistido en la posibilidad que han dado al Gobierno venezolano sus reservas nacionales de energía petrolera, para realizar el más grande gasto que ha conocido la historia latinoamericana, en financiamiento —o más bien derroche—, para diversas acciones, aun de clientelismo político internacional, en función de la promoción del régimen propietario de esas reservas.
Estos casos de la historia reciente son reflejo del hecho de que el motor del desarrollo económico arranca con el impulso que ofrecen las fuentes de materia prima energética nacionales.
Como ciudadano, desde tiempo atrás he clamado insistiendo por escrito en mi preocupación acerca de la urgentísima necesidad para nuestro futuro de implementar de inmediato la segunda gran etapa del programa de desarrollo de energía hidroeléctrica, que es el Proyecto Boruca, el cual a nadie parece preocuparle y duerme el sueño de los justos. Para quienes me repliquen que esta es una costosa obra de infraestructura energética, para la cual no hay dinero, les contesto con la historia: la Costa Rica de la década de 1960, con menos recursos financieros, pero con más determinación política, conquistó la ejecución de la portentosa obra que hoy inunda lo que un día fuera la población del Arenal y que es una columna de nuestro actual suministro energético y calidad de vida. Indigna pensar que podríamos ser una potencia exportadora de energía limpia a Panamá y Mesoamérica, y en su lugar caemos en una asfixiante dependencia de las importaciones petroleras que, al igual que la deuda pública, continúan hipotecando el futuro bienestar de las nuevas generaciones. Los recursos que generaría en ahorro y exportación dicho proyecto, colaborarían enormemente en el logro de los montos de inversión con los que los expertos de la Consulta de San José teorizaron con entusiasmo académico. Sin duda esta debería ser la prioridad de la agenda nacional, y al menos, de forma indudable, de las autoridades del ICE. No me explico cómo no lo ha sido. Perseveraré insistiendo en esta idea mientras me lo permita la paciencia de quienes dirigen nuestros rotativos nacionales, e invito a la comunidad nacional a insistir sobre esta idea ante el presidente Arias y ante las distintas autoridades políticas del país.

Fernando Zamora Castellanos
Doctor en derecho

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