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COLUMNISTAS


La pobreza de un país rico

Carlos Camacho ccamacho@grupocamacho.com | Martes 02 noviembre, 2021


Costa Rica ha sido nombrada por su condición propia a la riqueza, la abundancia y exuberancia de sus recursos naturales, humanos y asociativos para lograr un pacto de orden social distinguible en el concierto de las naciones.

Esta característica, inherente a nuestro país desde sus orígenes, viene cambiando de manera vertiginosa y preocupante. La misma cantidad de riqueza se mantiene, pero hoy en manos de muchos menos individuos. Es apremiante abordar los asuntos relativos a la distribución de la riqueza, ya que hemos visto con preocupación la desmejora social que ha causado esta polarización.

Ser la nación más pobre de la OCDE es una condición que puede ser llamativa. Los comparables son muchos de los países más ricos de la historia económica del siglo XX en adelante. Por tanto, es un dato que nos invita a la reflexión y cuestionamiento sobre qué tan sostenible es esa condición de ser miembros del Organismo.

Uno de los factores que nos distinguía en los albores del bicentenario de nuestra nacionalidad independiente, era la organización social de aquel entonces. Las crónicas de la colonización recogen que hasta el gobernador debía cultivar la tierra para proveerse sustento, pues es lo que había en condiciones de equidad.

La historia del desarrollo económico del país tiene dos grandes columnas que son soporte del pacto social del final del siglo XIX y principios del siglo XX. Por una parte, la sociedad de exportación y tenencia de tierra para el cultivo, mediante la existencia del cultivo del café, la caña de azúcar y el banano. Los primeros, de manera inclusiva con minifundios, y, particularmente el último, con un gran latifundio multinacional, plantearon la base de la generación de la riqueza del nacional.

Debemos entender por riqueza nacional aquella que se produce en un período determinado de tiempo, producto de los bienes y servicios que resultan del ordenamiento de los factores de la producción y, en consecuencia, la apropiada compensación a unos y otros actores de la economía.

La gran conquista de segundo pilar histórico lo fue en los social, cuando Costa Rica optó por un modelo solidario y subsidiario para promover la accesibilidad a escalar en la pirámide social, mediate las revolucionarias reformas sociales consolidades a mitad del siglo anterior.

El papel de los sindicatos costarricenses de aquella brillante década de los 40 del siglo XX, en conjunto con la visión de la clase política y el papel de la Iglesia Católica, permitió una triada difícil de descifrar, pero tan aglutinada que era casi imposible de desgastar y deshacer.

Las conquistas logradas fueron muchas. Desde la igualdad de trato en materia labora hasta el derecho de orden asociativo para la lucha por los derechos legítimos de los trabajadores. Uno, no el único, de los factores de generación de la riqueza. Todo con la venia y apoyo de la clase política representante del poder económico que, de manera inteligente, comprendía la necesidad del equilibrio para evitar grandes revueltas sociales como las que vivieron, y tristemente viven aun hoy, muchos de nuestros hermanos países en América Latina.

Compañero de camino de esta conquista es el sistema de educación universal obligatoria. Un engrase del proceso de articulación social que provocaba la permeabilidad de los que se hacían del conocimiento, aparte de la clase política dominante, generando una clase media muy robusta en la que pivotó el desarrollo por más de medio siglo.

La última parte del siglo pasado se caracterizó por la diversificación de la economía. Pasamos de una economía de orden agrícola a una incipiente industrialización primaria, de la que aun quedan los que supieron ordenar sus cosas sin la dependencia del subsidio del Estado. Se abrió paso también una creciente economía de servicios que aprovechaba dos características de la sociedad nacional: los altos índices de educación de los ciudadanos y la paz social que esto generaba.

En esta breve y atrevida síntesis me he saltado décadas de acontecimientos de gran relevancia, pero indudablemente estamos ante un país en el que había brechas sociales, como los habrá siempre en toda sociedad, pero con efectiva permeabilidad de escalación social.

La importancia de este repaso es la correlativa consecuencia de la generación de la riqueza, antónimo de la pobreza y antídoto de ésta. Pero la riqueza por sí misma no es, ni por asomo, el remedio de las desigualdades. Más bien, el gran reto a combatir es el de la pobreza de un país rico.

Hemos roto el pacto social por diversos motivos. Los excesos de pretensiones abusivas de los sindicatos públicos han hecho del Estado un elefante blanco en el país, con prestaciones cada vez más caras y, por ende, menos eficientes. La última de las páginas del sindicalismo privado, en la penosa historia de la década de los setenta del siglo anterior, con la salida de la compañía bananera del sur, dejó la más fehaciente demostración de cómo las buenas causas, cuando son mal conducidas, llevan a despropósitos irreparables.

También vemos cómo el pacto social se rompió por el exceso de corrupción público-privada. Tanto el funcionario del Estado como el agente del empresariado privado han hecho que los sectores coexistan en un concubinato escandaloso. Desde los pequeños gestos de agradecimiento y hasta los flagrantes actos de corrupción, para ello conviene el funcionario público que no funciona. El que tolera la exagerada función de quienes, siendo una minoría, mal representan a los que generamos riqueza de manera constante y honesta.

Nos mal representan esos “exitosos” empresarios que, cuando se les caen las flores, quedan como empresarios de la gestión de dádivas y corrupción, no como personas de bien que cooperan con el desarrollo del país.

No representan los sindicatos, en sus cabecillas calientes, en su perversidad, a todos los trabajadores, agremiados o no. Como tampoco sucede con los corruptos, evasores, corruptores y transgresores, mal llamados empresarios, muy distintos de quienes mayoritariamente nos esforzamos a diario para conjuntar los factores de la producción, para generar empleo y riqueza.

Quienes pagamos la fiesta fiscal del desorden, la corrupción, el despilfarro y las condiciones especiales para grupos económicos mal llamados empresariales, seguimos en una condición en la que cada vez enfrentamos más dificultades para lograr que se resuelvan asuntos simples. Se complica abrir nuevos emprendimientos y mucho más, abrir nuevas oportunidades de empleo.

Hoy estamos ante la necesaria encrucijada de parar el sangrado con una ley de empleo público. Un escenario en el que, al leer los labios de los políticos que dicen defenderla y promoverla asquea, pues sabemos que sus palabras no son más que una verborrea demagógica.

Escuchar sobre la necesidad de una nueva reforma fiscal, el otro puntal de apoyo para negociar con el Fondo Monetario Internacional parece una caricatura de la época feudal. Cierto, es necesario el crédito con el FMI para abrir las puertas a la inversión de otros proveedores de capital financiero, pero somos unos pocos, cada vez menos empresarios y emprendedores, quienes soportaremos las nuevas cargas fiscales asfixiantes para la continuidad real de muchas empresas y emprendedores.

Una ley de empleo público es indispensable.

Si hay que hacer una reforma fiscal, esta debe cambiar su corte recaudatorio. Pasar a un estadio más inteligente, en el que se usan normas fiscales para retomar la creación de la riqueza, de más empleos y con ello, lograr en tan ansiado efecto de mayor recaudación. ¡A veces soñamos despiertos creyendo que los políticos actuales son capaces de esto!

Mientras la riqueza esté en manos de unos muy pocos, que en un alto grado forman parte de esta camarilla mal llamada empresarial, corrupta y que sostiene a funcionarios corruptos por acción o por ineptitud probada, no habrá forma de dejar atrás la paradoja de la pobreza de un país rico.

Si a este reducido grupo de “empresarios” les exime de tributar, no por una norma legal, sino por el paraíso fiscal que se montan con sus compadres en las administraciones tributarias, no debemos de reaccionar con asombro a la noticia de ser la nación más pobre de la OCDE, sino a ser más bien a ser OCDE a pesar de ello. Compadrazgos que van desde las administraciones tributarias municipales hasta las nacionales, por acción o inacción, tomando el peso de la norma sobre sus cabezas.

Es iluso pensar que un sistema de mercado es sustentable sin empleo. A menor nivel de empleo, menos consumidores con un menor nivel de ingreso disponible para el gasto. Una reforma fiscal solamente apagará los tizones de la pobre hoguera que queda de empresas y emprendedores.

Con una ley de empleo público de verdad, sin exclusiones, así como con una reforma fiscal que sea general es indudable que podremos mantener la esperanza. A través de una norma fiscal con mecanismos de alivio e incentivo a la creación de empleo y riqueza lograremos restaurar la envidiable condición que teníamos antes de caer en las garras de la avaricia, el despilfarro y el empobrecimiento mental en el que estamos sumergidos.

Debemos actuar ahora, antes de que las consecuencias sociales, que cada vez se asoman más, nos cobren carísimo el desequilibrio económico y social. Inexistente si todos hubiéramos pagado según nuestras capacidades contributivas específicas, actuales, reales y concretas. También, si los funcionarios públicos hubiesen sido compensados por una justa retribución como la de la ley de empleo público.

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