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La OCDE y su lista negra


Costa Rica fue eliminada, junto con los demás países citados, de la “lista negra de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
Aunque efímera, la aparición de Costa Rica en dicha lista catalogó al país como “paraíso fiscal” ante el G20, el grupo de economías industrializadas y emergentes.
Aparecer en esta lista, elaborada por un organismo internacional del cual Costa Rica no es miembro, habría acarreado problemas para el comercio y pondría barreras para transferir recursos al exterior, siendo este uno de los puntos medulares de la economía costarricense.
Además el país se vio señalado como un “paraíso fiscal” en las primeras planas de varios medios de comunicación en Europa.
Las consecuencias del golpe a la imagen de un país que ha nutrido y cuidado la percepción de la comunidad internacional son incalculables, y por eso estas listas no deben ser elaboradas a la ligera.
La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico es un grupo de países comprometidos con la democracia y la economía de mercado; pero también un club cerrado.
En su página web la OCDE señala que en contraste con muchas otras organizaciones internacionales, ser miembro no es algo abierto automáticamente a los países que lo soliciten. Quienes ya pertenecen deciden qué naciones deben ser invitadas y bajo qué condiciones.
Este club que se arroga la potestad de decidir cuáles naciones alrededor del orbe son “paraísos fiscales” y cuáles no, incluye entre sus miembros a Luxemburgo y Suiza.
La lista, que comprende clasificaciones desde el gris claro hasta el negro condenatorio, ha sido sujeto de críticas en el entorno internacional.
Angel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se ha defendido de haber elaborado con criterios políticos las dos “listas grises” de paraísos fiscales y otros centros financieros que no cooperan lo suficiente contra la evasión fiscal, al ser interrogado sobre la ausencia de Hong Kong y Macao.
Defendiendo a Suiza, Gurría aseguró que puntualizó que el combate contra la evasión y el fraude fiscal no obliga a la supresión completa del secreto bancario.
La misma cautela que ha caracterizado la defensa de sus estados miembros, la debió aplicar la OCDE en la elaboración de su lista negra.


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