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La OCDE y nuestras tareas pendientes en el mercado laboral

Alonso Erak alonso.erak@cr.gt.com | Martes 15 junio, 2021

Alfonso Erak

El pasado mes de mayo, la Organización para la cooperación y el desarrollo económicos (OCDE) publicó la edición más reciente su reporte Going for Growth. Aprovechando la incorporación de Costa Rica a esta organización, también hemos recibido nuestro análisis, un reporte que nos indica nuestros pendientes en temas de mercado laboral, competencia y regulación, sector público, educación y habilidades.

A continuación, analizaremos los temas pendientes que tiene Costa Rica en materia de mercado laboral, en especial las relacionadas a la reducción de las barreras a la formalización de trabajadores y empresas.

El primer apartado de recomendaciones en materia laboral obedece a la forma de realizar nuestros trámites, lograr mecanismos de ventana única en línea en donde, de forma digital, podamos realizar todos los tramites laborales y de seguridad social, es imperativo para tener un mercado más sencillo y activo.

Así mismo, para evitar la generación de una brecha digital muy amplia, las ventanillas que mantengamos físicas deben tener claros todos los requisitos para atender los trámites necesarios, de forma que también se conviertan en ventanillas únicas y así evitemos la danza de varias instituciones para poder realizar un trámite.

Se vuelve necesario analizar la posibilidad de ampliar el alcance de las reglas del silencio positivo, de forma que no necesitemos solicitar una respuesta oficial de aprobación, sino que las comunicaciones sean mayormente relacionadas a solucionar la denegatoria de un trámite.

El segundo apartado está relacionado con la forma en que creamos empresas en Costa Rica. Aunque suene polémico, introducir modelos que nos permitan la creación e inscripción de una empresa sin la necesidad de un notario, son recomendados por la OCDE, de forma que dichos trámites se vuelvan más ágiles y económicos. Incentivar el uso de la firma digital de una forma masiva, reduciendo costos para adquirirla y creando plataformas simples para su uso, son de las opciones que se pueden manejar para eliminar el requisito antes mencionado.

El tercer apartado, es tal vez, el más retador para Costa Rica, ya que requiere de una voluntad estatal y política que denote responsabilidad y madurez. La mayor causa de la informalidad en nuestro país obedece a lo caro que es cumplir con nuestra Seguridad Social. Costa Rica tiene uno de los sistemas impositivos (combinación de impuestos y cargas sociales) más caros, no solo de Latinoamérica, sino de todos los países miembros de la OCDE a nivel mundial.

En el ámbito de las cargas sociales y utilizando números redondos, los casi 27% de cuota patronal y 11% de cuota obrera que deben ser aplicados sobre cada salario, se vuelven un lastre difícil de soportar para aquellas personas que inician o poseen un negocio y que, a raíz de estas cargas, prefieren mantenerse en la informalidad.

Lograr la transferencia de una parte de las cargas sociales hacia otros impuestos que ya son cobrados en la actualidad, es la principal recomendación de la OCDE para lograr la reducción de la informalidad.

Ya sabemos que los porcentajes relacionados al seguro de enfermedad y maternidad, así como los relacionados al régimen de invalidez, vejez y muerte y otros apartados de pensión complementaria, difícilmente vayan a ser trasladados fuera de las cargas sociales, esto no evita que debamos revisar la eficiencia de estos rubros para evaluar una eventual disminución.

Sin embargo, el resto de los componentes tales como las aportaciones al Banco Popular, Asignaciones Familiares, IMAS e INA, podrían ser sujetos de análisis para ser cubiertos por la recaudación de impuestos y no por las cargas sociales, generando así una disminución de dichas cargas que logre incentivar la formalidad.

Si bien cierto, las tres recomendaciones son válidas e importantes, la única forma de lograrlas, en especial para la tercera, será a través de una reorganización masiva y reducción del gasto del estado, de forma que, sin aumentar los impuestos que ya pagamos todos los contribuyentes, se puedan asumir los proyectos para lograr la digitalización de nuestros trámites, pero sobre todo el rebalanceo de nuestras cargas sociales, para hacer más atractiva la formalidad en los negocios.






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