La Ley de Proceso Laboral

Cuando se aprobó la ley 9343 en diciembre de 2015, se anunció que con esta legislación el país tendría más seguridad jurídica y los trabajadores una justicia laboral más pronta y cumplida. Los eventos que han surgido desde el 10 de setiembre, menos de tres años después, demuestran que esta legislación rubricada por Luis Guillermo Solís y su ministro de Trabajo Víctor Morales, ha producido totalmente lo contrario y ha ocasionado una desgracia para los habitantes que no tiene nombre. La esperanza ahora es que algún grupo de legisladores se despierte en diciembre de 2018 y eliminen la 9343 o la reformen totalmente. Quizás el mismo Morales pudiera reconocer su posible error y tomar el liderazgo en ese sentido.

Esta ley ha traído la huelga más larga, menos justificable en la historia moderna y ha castigado sobre todo a los menores que han perdido un semestre entero de enseñanza, acentuando la diferencia de clases y fomentando la pobreza. Esta ley ha creado una situación donde es virtualmente imposible declarar una huelga ilegal; miles de trabajadores, en especial los educadores del sistema público han abandonado sus labores por dos meses y han recibido su salario sin haber cumplido su responsabilidad con los menores a su cargo.

Mientras tanto, los educandos que asisten al sistema privado de educación recibieron clases regularmente durante todo el periodo de la huelga. Los docentes que han abandonado sus clases, ejerciendo la así denominada “democracia de la calle,” han logrado abrir aún más la brecha entre los que pueden pagar por su educación directamente y quienes no pueden.

Una madre me comentó que su hijo este año está en sexto grado: “Es cierto que le van a aprobar el año y podrá seguir al primer año de colegio. ¿Pero qué pasará con todo el material que no vio? En grado 7 va a estar perdido”. Y así están miles de jóvenes.

Un diputado del periodo cuando se aprobó esta ley me dijo que el problema estriba en el Poder Judicial: “Los jueces están interpretando mal las cláusulas de la ley”. Puede ser así, pero la verdad, parece que este exdiputado y otros no comprendieron lo que estaban haciendo. Escucharon a los sindicatos y a la Organización Internacional de Trabajo OIT en vez de lo que sería el sentido común.

No es solo la parte sobre las huelgas y la organización de los sindicatos lo que resulta nocivo; el esclarecimiento de discriminación en la ley es tan amplio que casi cualquier acción de parte de un patrono puede ser definida como una “falta”.

Algunos dicen que la “legislación está bien y es que los jueces están retardando, porque no están de acuerdo con el proyecto fiscal”. Se sabe que son jueces y parte en esta disputa, lo cual es inconstitucional, pero me es difícil creer que serían tan cínicos, tan sin principios, que dejarían a los niños del sector público sin una educación completa este año. ¡Hay límites! ¡Hay que derogar la Ley Procesal Laboral!

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