La inseguridad social cuesta caro

La inseguridad social cuesta caro

La inseguridad en América Latina, especialmente en cuanto al tema de homicidios, nos ha dado una mala fama a nivel mundial. Según datos de The Economist, pese a que la región cuenta con un 8% de la población mundial, el 38% de los homicidios ocurre en esta parte del planeta. Ello implica que la tasa de homicidios en América Latina excede con creces a la del resto del mundo. Costa Rica se ha mantenido relativamente estable, hasta hace cuatro años, cuando la tasa incrementó significativamente. Urge un planteamiento integral sobre la inseguridad ciudadana, pues se afecta negativamente a las vidas de los habitantes del país y la economía.

En efecto, según el informe “Citizen Security with a Humane Face. Evidence and Proposals for Latin America”, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, cuatro son los aspectos que figuran en el tema de los costos por inseguridad. El primero de ellos es que, al haber un cambio en las rutinas de las personas, se da una restricción contra las libertades de los latinoamericanos. En segundo lugar, está el deterioro de las interacciones sociales que llevan a un impacto colectivo negativo. En tercer lugar, se encuentra la erosión de la confianza de las personas y el respaldo de medidas represivas que vayan en detrimento de los derechos democráticos de la ciudadanía. Por último, se generan altos costos en perjuicio del producto interno bruto de los países, gasto público y expectativa de vida.

De acuerdo con The Economist, Latinoamérica destina, en promedio, un 5% del presupuesto nacional de los países a la seguridad interna, lo cual implica el doble que en los países desarrollados. En un informe elaborado por Kevin Casas Zamora para la Organización de Estados Americanos (OEA), quien cita un estudio realizado por Cruz y Córdova de 2006, los grados de satisfacción con la democracia fueron mucho más bajos para las personas en Costa Rica y El Salvador que habían sido víctimas de delitos cometidos en su contra, con una diferencia de más de diez puntos porcentuales entre los que se encontraban muy satisfechos y quienes no lo estaban, habiéndose tomado como punto de referencia la comisión de delitos en su contra durante los 12 meses previos. Este efecto aplicó también para quienes no fueron víctimas de delitos en ese periodo, puesto que el grado entre satisfacción e insatisfacción con la democracia también tuvo una diferencia de más del 13%.

La piedra angular de cualquier estado es el respeto al Estado de Derecho. De acuerdo con el informe recién citado, Casas Zamora analizó el efecto del debilitamiento del Estado de Derecho y la inseguridad ciudadana. En la investigación de la OEA hecha por el autor de recién cita, quien a su vez hace referencia a O’Donnell, la proliferación de la violencia social es una señal notoria de la inhabilidad del Estado para reforzar la ley. Con base en la referencia hecha por Kevin Casas, al haber un debilitamiento del Estado de Derecho se da un deterioro en el compromiso de la ciudadanía con la democracia. De lo dicho por Casas se infiere que los mismos ciudadanos son quienes toman la ley en sus manos y esto da espacio al auge de grupos parapoliciales y políticos populistas que buscan vulnerar las libertades básicas de los ciudadanos bajo el pretexto de promover la seguridad de las personas.

De otra parte, el principio de inocencia debe ser respetado en todo momento junto con el seguimiento y adherencia al debido proceso legal. Ello implica que lejos de debilitarse el Estado de Derecho este debe fortalecerse, junto con el respeto de los derechos humanos que va ínsito en esta noción de apego al ordenamiento jurídico de un país. No obstante, las limitantes presupuestarias llevan a que se deba priorizar en otros aspectos considerados por los hacedores de política pública como de mayor importancia, dejándose así de lado el tema de la seguridad ciudadana. Agréguesele a esto la mala redacción en las leyes y políticas públicas, con lo cual muchas veces se ata de manos a las autoridades para llevar a cabo sus labores. El resultado de esto es un régimen de impunidad, dado que no se cuenta con los recursos necesarios para investigar, perseguir y sancionar la comisión de delitos.

Otro aspecto importante que analizar es el tema de las limitantes en el tránsito y el esparcimiento de las personas debido a la actividad criminal. Según el estudio del PNUD, antes mencionado, un 30% de los costarricenses ha limitado los espacios a los cuales acude a recrearse por un tema de inseguridad. Esto ha llevado a una modificación del comportamiento del sector empresarial y privado en respuesta a estos cambios en la conducta de los habitantes, siendo que, de acuerdo con el documento en asunto, en el caso de los microempresarios, muchas veces prefieren mudarse a la informalidad, con el fin de ocultarse del hampa, dado que la corrupción se ha infiltrado en las instituciones gubernamentales y la fuga de información hacia las organizaciones criminales podría poner en peligro la vida de esos pequeños empresarios, ya que podrían ser sometidos a extorsiones o secuestros.

En un estudio realizado por el Ministerio Público de Costa Rica en 2011, durante la primera década del siglo XXI ocurrió un total de 81 secuestros extorsivos con un total de 101 víctimas secuestradas. Cabe mencionar que la mayoría de los secuestros se dieron en zonas urbanas, principalmente en el cantón josefino de Desamparados y la provincia de Limón. Previo al año 2011, la mayoría de los secuestros eran por temas relacionados al narcotráfico, sin embargo, a partir de ese año se generó una nueva modalidad donde el secuestrado es una víctima que originalmente sería asaltada, pero al no satisfacer las expectativas de los asaltantes, es privada de su libertad con el fin de sustraerle más dinero.

Por último, las tasas de homicidio en Costa Rica han ido en aumento significativo en el último cuatrienio. En un artículo de 2017 titulado “Delincuencia organizada hace subir tasa de homicidios dolosos en Costa Rica, mientras que homicidios por otros motivos bajan”, el PNUD publicó que la delincuencia organizada ha generado un incremento en las tasas de homicidios en Costa Rica. En tanto que los homicidios dolosos no relacionados con la delincuencia organizada bajaron de 11,3 por cada cien mil habitantes a 6,4, aquellos vinculados a la delincuencia organizada subieron de 0,3 por cada cien mil habitantes a 5,5. El crecimiento ha sido alarmante y las autoridades deberían prestarle la debida atención a esta crisis. La provincia de San José es donde más se cometen homicidios dolosos relacionados con el narcotráfico, 47,2%, en tanto que Limón cuenta con un 16,8% del total.

Con todo esto queda claro que es urgente la generación de una política pública de seguridad ciudadana que sea efectiva y proteja a los ciudadanos. Los sectores académicos y gubernamentales deben realizar investigaciones profundas para determinar la correlación o causalidad de la inseguridad ciudadana en la economía y la calidad de vida de los habitantes de Costa Rica. Ningún inversionista va a querer arriesgar su dinero en un país inseguro, aparte de que poco a poco vamos dejando esa imagen de la Suiza centroamericana que tanto nos ha servido para posicionarnos como país. Se necesita un estudio urgente sobre la forma en la cual se están dando liberaciones masivas de reos y posibles reincidencias que a la postre nos afectan a todos como población. La inseguridad ciudadana afecta la fábrica social y la institucionalidad democrática de los países. Si vamos a destacar como latinoamericanos que sea por avances científicos, culturales y tecnológicos, no por ser la cuna de los homicidios y otros delitos del mundo.

Felipe Guadamuz Flores