Vladimir de la Cruz

Vladimir de la Cruz

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Miércoles 4 Octubre, 2017

Pizarrón

La Hora de España

Entender lo que pasa en España tal vez no sea un problema fácil, si deseamos comprender la situación de las nacionalidades y la lucha de una de ellas, en este momento, la de los catalanes, en Cataluña, para separarse de España, para independizarse, consulta que han realizado con el referéndum el pasado domingo 1° de octubre, un referéndum, que en el mejor de los casos tenía una carácter meramente consultivo y no resolutivo, de conformidad con la legislación local y la y Constitución española.

El problema de las nacionalidades en Europa es bastante serio y complejo. En la historia del siglo XX fue un problema de casi todos los Estados europeos. La misma Revolución Rusa tuvo que enfrentar esta situación. Lenin le dedicó tiempo y escritos a esta temática.

Constituida la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) llegó a haber reconocidas en ellas 120 nacionalidades, con 15 repúblicas y dos regiones autónomas que formaban parte de la URSS. De manera que estas se repartieron en estas repúblicas y regiones autónomas, cada una con su propia división política, central o federal, como fue el caso de la República Federal Socialista de Rusia.

Las Repúblicas eran Bielorrusia, Lituania, Estonia, Letonia, Rusia, Ucrania, Moldavia, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán y Kazajistán.

En la organización política de la URSS llegó a existir el Sóviet de las Nacionalidades, paralelo al Sóviet de la Unión, y ambos constituían el Sóviet Supremo de la URSS. El Sóviet de las Nacionalidades se integraba por representantes de las distintas nacionalidades, en este caso repúblicas que constituían la Unión Soviética, y que representaban divisiones administrativas y no por representantes de los distintos grupos étnicos. En la URSS existieron 135 pueblos con lenguas diferentes, y, con ello, con tradiciones, cultura y religiones propias.

Otros países socialistas, antes de su desintegración tuvieron una situación similar. En Yugoslavia, por ejemplo, durante el periodo del Reino de Yugoslavia, 1918-1941, tres grupos nacionales, serbios, croatas y eslovenos, le dieron unidad. Al constituirse la República Federativa Socialista de Yugoslavia, 1946, estos tres grupos nacionales siguieron existiendo con reconocimiento claro de cada una.

La República Federal Socialista Yugoslava estaba constituida por las Repúblicas Socialistas de Bosnia y Herzegovina,  de Croacia, de Eslovenia,  de Macedonia,  de Montenegro y de Serbia, que incluía las provincias autónomas de Vojvodina y Kosovo y Metohija.

Después de la muerte de Joseph Tito y de la desintegración del socialismo, como sistema político, en estas regiones se desarrollaron nacionalismos que provocaron la independencia de Eslovenia y Croacia en 1991, y luego siguieron Macedonia y Bosnia-Herzegovina en 1992, situación que Serbia enfrentó y provocó parte de la guerra que siguió en esos años, reconociéndose hoy seis estados soberanos resultantes de esta situación, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslovenia, la República de Macedonia, Montenegro y Serbia.

Estas repúblicas yugoslavas funcionaron como estados autónomos. Al disolverse el régimen socialista se constituyó la República Federal de Yugoslavia, que funcionó desde 1992 hasta 2003, y desde 2003 hasta 2006 está Serbia y Montenegro. En Yugoslavia existían siete nacionalidades respondiendo a distintas etnias, tres de ellas se consideran originarias de una misma etnia.

Estos problemas se reflejan de esta misma manera, con sus especificidades, en todos los países europeos, que tienen esta diversidad étnica, donde puede existir un Estado, con varias repúblicas, varias naciones, varias culturas, varias lenguas, varios alfabetos y hasta varias religiones, sin contar la diversidad de grupos y partidos políticos que también existen al interior del Estado y de cada una de estas divisiones sociopolíticas.

En el caso de la URSS, la disolución no fue menos traumática y complicada. Entre el 11 de marzo de 1990 y el 25 de diciembre de 1991 se deshizo a URSS, resultado del Tratado de Belavezha y del acuerdo internacional del 8 de diciembre de 1991 firmado por los presidentes de la República Federativa Socialista de Rusia, y las Repúblicas Socialistas Soviéticas de Ucrania y  de Bielorrusia, Borís Yeltsin, Leonid Kravchuk y Stanislav Shushkiévich, respectivamente, en la reserva natural de Belavézhskaya Pushcha, lo que le fue comunicado por teléfono al presidente de la Unión Soviética Mijaíl Gorbachov por Stanislav Shushkiévich.

Entendamos, entonces, que en muchos países o Estados pueden existir no solo regiones bien definidas sino etnias también muy arraigadas, y grupos nacionales muy específicos.

España es hoy una unidad territorial, una unidad estatal y una unidad política, organizada bajo la forma de una monarquía constitucional parlamentaria.

España como monarquía parlamentaria tiene su Poder Legislativo, que está representado en las Cortes Generales, que ejerce el control del Ejecutivo Nacional, así como las funciones legislativas que le son propias; con excepción de potestades legislativas gubernamentales, como los Reales Decretos Ley que deben ser debatidos, convalidados o derogados por el Congreso de los Diputados en un plazo no superior a 30 días, una vez que son sometidos a su conocimiento.

En España, al igual que casi en todos los países que le rodean, no existe una democracia participativa o semidirecta, de consultas o referéndums, como en Suiza; aunque sí es posible mediante la recogida de al menos medio millón de firmas proponer una iniciativa legislativa popular, que requiere para su aprobación someterse al debate y convalidación de las Cortes Generales.

En Costa Rica esta democracia participativa, de consultas populares, es casi inexistente. No pasa por ahora de ser un derecho político escrito en la Constitución y letra muerta en la realidad y en la cultura política nacional. Igual se puede hacer mediante la recolecta de firmas equivalente al 5% del padrón electoral, lo que es una cifra muy alta.

En España se dice que hay 192 nacionalidades en todo su territorio, incluyendo hoy parte de las que han llegado por resultado de los procesos migratorios en los últimos diez años, donde los extranjeros representan cerca del 15% de la población.

La España actual en su organización territorial, por la Constitución de 1978, se garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y se establece la solidaridad entre todas ellas.

En España hay 17 regiones autónomas o comunidades autónomas y dentro de estas hay 50 provincias. Cataluña, una de estas regiones autónomas tiene cuatro provincias.

Cada una de estas regiones tiene su Estatuto de Autonomía aprobado en distinta época. El de Cataluña el último aprobado fue en 2006, que sustituyó el existente del 1982.

Cada región autónoma tiene su capital. La de Cataluña es Barcelona. En las provincias operan también los municipios, que al igual que en Costa Rica operan con autonomía para la gestión o administración de sus propios intereses.

Cuatro de estas regiones, el País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía, tienen su organización institucional básica regulada por los Estatutos de Autonomía con independencia de autonomía política. Así en cada una de estas regiones existe una Asamblea Legislativa, elegida por sufragio universal, un Consejo de Gobierno, que en el caso de Cataluña se le llama Generalitat con funciones ejecutivas, un Presidente de la comunidad autónoma, que es elegido por la Asamblea Legislativa de entre sus miembros, que tiene la más alta representación de la Comunidad.

El mapa autonómico de la España de hoy ha sido el resultado de los pactos autonómicos de 1981 y 1992, que fueron acordados por los dos principales partidos políticos existentes en ese momento y que ni siquiera fueron aprobados por las Cortes Generales.

Tras los pactos autonómicos de 1981 y 1992, España se divide en 17 comunidades autónomas, incluyendo una comunidad foral, y dos ciudades autónomas. Cada comunidad autónoma está formada por una o varias provincias hasta un total de 50 en todo el territorio nacional. A su vez, cada provincia está dividida en municipios que en toda España suman un total de 8.118. Los municipios son las entidades territoriales básicas en la organización territorial de España, parecido a Costa Rica.

En el campo judicial, el Estado monárquico constitucional español se divide en municipios, partidos judiciales, provincias y comunidades autónomas. Un partido judicial puede estar compuesto por varios municipios.

La Asamblea Legislativa es el parlamento autonómico unicameral, que en las distintas comunidades se denomina de distinta forma, así por ejemplo se le llama parlamento en Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, La Rioja, Navarra y País Vasco, se le llama Cortes en Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, y en la Comunidad Valenciana, se le llama Asamblea en Extremadura, en la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia. Y se le llama Junta General en el Principado de Asturias.

Esta división política y administrativa de España tiene la forma de las 16 comunidades autónomas y de una comunidad foral, que es Navarra, junto con Ceuta y Melilla, cuyos estatutos de autonomía les dan el rango de ciudades autónomas.

El sistema de elección de los miembros de estas Asambleas Legislativas es por sufragio universal, bajo las mismas normas de incompatibilidad e inelegibilidad que se usan para las Cortes Generales, que son las de España.

Las elecciones se celebran el último domingo de mayo cada cuatro años, en todas las comunidades excepto en Andalucía, Cataluña, Galicia y País Vasco donde pueden disolver el parlamento y convocar elecciones cuando le parezca oportuno al respectivo presidente autonómico siempre que sea antes de que termine su legislatura.

Las comunidades autónomas gozan de potestad legislativa, la cual reside en su Asamblea, además de funciones presupuestarias, control del Ejecutivo autonómico, la elección del gobierno y la del presidente del Ejecutivo, participación en las reformas de la Constitución, control de la constitucionalidad de leyes y disposiciones con fuerza de ley, participación en la composición del senado.

Estas comunidades autónomas son entidades territoriales administrativas españolas que, dentro del ordenamiento jurídico monárquico constitucional estatal de España, están dotadas de cierta autonomía legislativa con representantes propios, con determinadas competencias ejecutivas y administrativas.

Esta estructura de España en comunidades autónomas viene de la Constitución española de 1978. El artículo 2 de esta Constitución reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las regiones y nacionalidades que en conjunto componen el reino de España.

En España cuando mejor se ha tratado el problema de las nacionalidades y las comunidades nacionales ha sido durante el periodo de la II República, 1930-1936.

En España el régimen político es una monarquía constitucional. No es una República como la costarricense. El Estado es un Estado monárquico constitucional, no una República de régimen presidencialista.

La Constitución establece genéricamente los poderes que pueden ser asumidos por las comunidades autónomas y aquellos que solo se le pueden atribuir al Estado español.

Las 17 comunidades autónomas son Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, País Vasco, Principado de Asturias, Región de Murcia y La Rioja. A estas se añaden Ceuta y Melilla como ciudades autónomas, igual que unos territorios situados en el norte de África conocidos como plazas menores de soberanía, que son las Islas Chafarinas, las Islas Alhucemas y el Peñón de Vélez de la Gomera. Estos territorios son administrados directamente por el Gobierno español desde Madrid.

Cada comunidad autónoma tiene un principio de autonomía bajo el manto de que el Estado es el único soberano. Las comunidades autónomas tienen potestades legislativas y autonomía política dentro de sus competencias y territorio. La administración local así tiene facultad para la gestión de sus intereses, pero no tiene capacidad legislativa.

Las comunidades autónomas se regulan bajo el principio de participación democrática, por el cual las instituciones se eligen a través de elecciones democráticas de sufragio universal, libre, secreto y directo.

Las comunidades autónomas tienen también el principio de autonomía financiera, lo que permite que los entes territoriales dispongan de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley les da, basados en sus propios tributos y por su participación en los tributos del Estado y de las comunidades autónomas.

Las comunidades autónomas tienen el principio de solidaridad por el cual el Estado debe garantizar un equilibrio económico adecuado. Para esto el Estado crea el Fondo de Compensación Interterritorial, dotado en los Presupuestos Generales del Estado, vinculados a proyectos que promuevan el crecimiento de la renta.

Las comunidades autónomas están sometidas al principio de estado unitario parecido al que opera bajo los regímenes republicanos de Francia y del Estado regional italiano.

Las comunidades autónomas tienen el principio de unidad económica, por el cual todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio nacional. En España ninguna autoridad puede adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de personas y bienes en el territorio.

España, hasta hace poco, era un país relativamente homogéneo. Aunque existe una amplia diversidad cultural y lingüística entre regiones, las identidades como catalanes, vascos, gallegos o andaluces, que son las autonomías históricas, se asocian casi específicamente a zonas geográficas, y no a la ascendencia de las personas. Así, la identidad de las personas en las regiones o comunidades autónomas no es un problema de minorías o mayorías étnicas, o religiosas, como en otros países de Europa u Oriente Medio.

El caso de Cataluña es una comunidad autónoma española, considerada una nacionalidad histórica, que tiene un territorio de unos 32 mil km, un poquito más grande que la mitad de Costa Rica, con una costa, de unos 580 kilómetros que es la mitad de la costa pacífica costarricense. Tiene una situación mediterránea estratégica.

Actualmente su población es de 7.504.008 personas, ubicadas en un 948 municipios de los cuales, 64 tienen más de 20 mil habitantes, que son donde vive el 70% de la población catalana.

Dos tercios de la población vive en Barcelona y sus alrededores, en un territorio muy denso y altamente industrializado. La economía de Cataluña es la más importante de las comunidades autónomas, al generar casi el 20%% del Producto Interno Bruto (PIB) español. En su PIB per cápita español tiene el cuarto lugar después del País Vasco, la Comunidad de Madrid y Navarra. En cuanto a su índice de desarrollo humano tiene el octavo mayor de España. El índice de desarrollo de los servicios sociales de Cataluña está en la octava posición, por detrás de Castilla La Mancha y Cantabria. En el informe PISA, para España, Cataluña está en el sétimo lugar en lectura (500 puntos), en sexto en matemáticas (500 puntos) y en ciencias (504 puntos).

En Cataluña se hablan varias lenguas, siendo las principales el catalán y el castellano o español y el occitano y aranés, todos oficiales.

En Cataluña hay una identidad social regionalmente reconocida. Sus habitantes comparten rasgos, condiciones sociales, idiosincrasias, gustos, tradiciones, costumbres, por las cuales se sienten emocionalmente identificados con ella.

Esta identidad catalana está caracterizada por su condición geográfica, por sus idiomas reconocidos en la región, y en cierta forma hasta por la identificación con su equipo nacional de fútbol, el Barça.

¿Qué estaba en discusión en el referéndum en Cataluña?

Este referéndum estaba convocado por el gobierno regional catalán. Los órganos políticos y los órganos judiciales del Gobierno Monárquico Constitucional no lo reconocían y lo consideraban ilegal.

El referéndum planteaba la independencia de Cataluña y proponía un régimen republicano, una república como forma de gobierno. Los que se oponían a la independencia también podían votar y así expresarlo.

El la Asamblea Legislativa catalana la mayoría de los partidos políticos allí representados estaba de acuerdo en apoyar la convocatoria del referéndum, aprobaron dos leyes para fortalecer esta consulta, y establecieron una hoja de ruta, una guía para lograr la independencia de Cataluña, obviamente ignorando, o al margen de la Constitución Española que no permite esta separación y que obliga a la unidad de las comunidades autónomas.

El 6 de setiembre la Generalitat, el órgano legislativo de Cataluña, convocó a este referéndum del pasado domingo 1° de octubre.

La Corte constitucional de España consideró que esa consulta violaba la integridad del territorio español y la Constitución Política, además que en las potestades de las comunidades autónomas no está la facultad de convocar estos referéndums. Según la Constitución española estos referéndums solo los puede convocar el rey con autorización de las Cortes Generales. Además, se consideró que la Constitución española no admite el derecho de separación o segregación territorial de las comunidades autónomas.

El gobierno autónomo catalán no reconoció este pronunciamiento de la Corte Española.

Con base a este pronunciamiento de la Corte el gobierno arremetió contra los votantes y el referéndum de manera brutal, sin lograr impedir que se hiciera la consulta. También tomó medidas económicas y policiales para impedirlo hasta de incautación de las papeletas de votación, junto con la movilización de efectivos militares y policiales.

La Generalitat catalana ha aprobado la declaración de independencia.

La Unión Europea ha pedido a Cataluña que se someta y acepte la decisión de la Corte Española, señalando que solo lo reconocerá si se somete a la legalidad. Pero la legalidad no permite este convocatoria lo cual es un absurdo de ese pronunciamiento.

De la comunidad internacional solo Venezuela apoyó y reconoció públicamente la convocatoria del referéndum.

Figuras internacionales y algunos premios Nobel apoyaron la convocatoria del referéndum, bajo la idea de “dejar votar a los catalanes”.

Para el Gobierno central monárquico parlamentario el referéndum no ha existido. No reconoce su realización. No se reconoce ninguna autodeterminación.

De acuerdo con la convocatoria del referéndum y su realización sigue por parte del parlamento catalán, la Generalitat, la redacción de una nueva Constitución Política, empezar a estructurar el nuevo Estado republicano, crear sus propias instituciones, entre ellas un Banco Central y un ejército.

De acuerdo con la Constitución española el gobierno monárquico constitucional podría destituir a todo el gobierno catalán.
El referéndum catalán ha fortalecido las tendencias y movimientos independentistas en el País Vasco, en Navarra, en Galicia, en las islas Baleares y Canarias. España podría empezar a sufrir un proceso de balcanización.

El proceso que sigue no es fácil de resolver. No hay a favor del movimiento independentista una vía militar. Los catalanes no están en capacidad de dar esta batalla en este terreno. No pudo la ETA articular y desarrollar una exitosa táctica de lucha para lograr sus objetivos en el País Vasco, menos pueden los catalanes que ni siquiera tienen organizaciones políticos militares como la ETA.

La lucha central en España pasa por la lucha para acabar con el régimen monárquico, por el republicanismo, por el establecimiento de una República. El movimiento antimonárquico debe fortalecerse, incluyendo con fuerza aquí a los partidos de izquierda en España, que no levantan esta bandera.

En las Cortes Generales tiene que darse la batalla por la reforma constitucional que permita estos referéndums.

La izquierda española y la izquierda europea, al menos, tienen que definirse frente al derecho de los catalanes a realizar su referéndum de autodeterminación, de independencia.

Debe denunciarse la represión política del gobierno monárquico constitucional español en todos sus ámbitos.

Si la violencia no es un instrumento de la política hay que hacer de la política el instrumento por el cual los ciudadanos puedan tomar sus propias decisiones. Esta es la Hora de España.