La gran problemática fiscal de Costa Rica

Sinceramente

La gran problemática fiscal de Costa Rica

En el empedrado de nuestro sector público pareciera que cada vez que levantamos una laja aparece un alacrán debajo de ella. Han aparecido cosas serias y cosas no tan serias, pero sorpresas no han faltado. La complejidad atenta muchas veces contra un buen control y seguimiento de las numerosas instituciones que están garantizadas por el Estado. Cuando aparece un hueco de 900 mil millones sin presupuestar y se pagan 182 mil millones de manera ilegal, todo puede pasar en el sector público.

Ha crecido el sector público de manera asombrosa. Trescientas instituciones autónomas. Algunas de ellas como el ICE de un tamaño tal que si alguna vez el Estado llegara a tener que responder por ella probablemente la situación fiscal sería de catástrofe.

La CCSS con su sector de enfermedad y maternidad y su administración de invalidez, vejez y muerte es otra institución de las que debemos cuidar mucho. Su desbalance financiero, la quiebra de las pensiones podría llevarnos a una crisis general en las finanzas del Estado si este tuviera que responder por la institución, esto sin considerar las consecuencias sociales.

Creo que por el tamaño y la complejidad, así como por la trascendencia de estas instituciones, deben contar con la supervisión estatal, la aprobación legislativa de sus presupuestos, la aprobación de inversiones, endeudamiento y el saneamiento de las mismas debe de ser prioridad del sector público.

No solamente el gobierno y los poderes del Estado gastan mucho más de sus ingresos tributarios sino que sus prioridades se han visto afectadas por asignaciones de ley a los mismos. Se gasta en lo que no se debe y no se gasta en lo que se necesita gastar. Quienes reciben privilegios de ley no incurren en delito o falta alguna. Los que propusieron y legislaron esos beneficios y no midieron las consecuencias de sus actos son quienes hoy reciben el peso de la crítica y la condena por sus equivocadas decisiones.

El gobierno es tan extenso y las instituciones autónomas tan diversas que sus problemas asfixiarían al erario. En estos últimos años hemos visto los problemas financieros y el compromiso derivado de Bancrédito que sostiene al Estado como su garante. ¿Qué va a hacer el país con esa institución fallida? ¿Cuánto más costará a los costarricenses? ¿Habrá más riesgos en los otros bancos estatales?

Para promover el desarrollo de la Zona Sur del país se fundó una institución relevante que ha manejado millones y millones de colones. ¿Qué ha sucedido con Judesur? ¿Qué se está haciendo por materializar sus proyectos atrasados?

Todos los costarricenses estamos claros que resulta básica la educación de calidad para alcanzar nuestro desarrollo. Sin perjuicio de esa clara conciencia se han suprimido del presupuesto del MEP recursos sustanciales para construir escuelas nuevas y para dar mantenimiento a las que deterioradas requieren reparación. Hay serias y fundadas dudas de la eficiencia del MEP en esa función de construcción y mantenimiento. Sin perjuicio de ello ese Ministerio trasladó 15 mil millones a la educación universitaria. ¿No es fundamental la educación primaria y secundaria para el mejor desarrollo de Costa Rica? ¿No es la educación técnica trascendental para el desarrollo de nuestra economía? ¿Quién está vigilando la sostenibilidad de las instituciones de educación superior y el uso eficiente y apropiado de los recursos a ellas asignados? Los montos que ellas reciben son tan altos que la educación primaria y la secundaria están estrujadas.

Las instituciones autónomas no requieren supervisión legislativa ni de aprobación presupuestaria para poder gastar, disponer, hacer y deshacer. Las municipalidades reciben sumas astronómicas pero sus finanzas no reciben el control legislativo ni sus presupuestos aprobación del parlamento. Las municipalidades deben mejorar su recaudación y la ejecución de sus obras, pero ¿qué poder del Estado va a controlarlas? Debería ser el poder legislativo, depositario de la soberanía popular.

El Icoder desarrolla en estos momentos enormes proyectos por muchísimos millones. Está construyendo el Centro Acuático María del Milagro París en la Sabana y en el Parque de la Paz el llamado Pabellón Deportivo. La ejecución y el seguimiento lo hacen ellos mismos y la Contraloría General de la República, que es un brazo de la Asamblea Legislativa, pero es una institución que no es depositaria de la voluntad del pueblo ni de su soberanía.

Aparentemente AYA tiene una baja ejecución de sus inversiones. Los acueductos antiguos tienen enormes fugas y los aumentos de tarifas solicitados preocupan a la ciudadanía por su monto. Es cierto que fueron negados por la Aresep, pero ¿qué está sucediendo en una institución que pide esa clase de aumentos en un servicio social? Si suben el precio del servicio los consumidores podrían comenzar a robarles el agua para no pagarla.

Debido a que el ICE puede mantener sus resultados en secreto, no sabemos si ha habido un impacto serio en sus finanzas por la transformación del mercado de comunicaciones ni por las enormes inversiones en plantas hidroeléctricas que pesan en su costo financiero, así como por los sobregiros en costo de sus construcciones. Nadie ha cuestionado sus onerosos fideicomisos en los que los intereses pagados a los inversionistas son comparativamente muy altos en el mercado. Dichosos los que compraron esos certificados. ¡Desgraciado el país que paga esa carga financiera!

Recope sigue siendo una permanente preocupación por sus altos costos y por el hecho de que se ha terminado de transformar en una distribuidora de combustibles. Ya no refina y los proyectos de energía limpia no se materializan. ¿Para qué Recope? ¿Qué función social cumple?

Podríamos seguir en este trabajoso análisis. Baste por el momento analizar los riesgos presentes en todas estas instituciones que se verían muy vulneradas con una devaluación producto del alto déficit fiscal. No perdamos de vista que todas tienen presentes grandes riesgos y que el Estado es su garante en medio de su fragilidad fiscal.

La Asamblea Legislativa debería aprobar hacia futuro los presupuestos e inversiones y endeudamiento de todas las instituciones autónomas y de las municipalidades que sean garantizadas por el Estado. Los riesgos que asume el país con esas instituciones sin mayor control que el de su junta directiva y la ratificación de la Contraloría General de la República pareciera son muy importantes. La Contraloría es una herramienta de la Asamblea Legislativa, pero no la sustituye ni es depositaria de la voluntad popular.

ebruce@larepublica.net