La enseñanza de los Derechos Humanos

Con gran preocupación, recientemente vimos diputados y diputadas de diferentes partidos oponerse en segundo debate de un proyecto de ley cuyo objetivo era explicitar en la Ley Fundamental de Educación, la obligación del estado de Costa Rica de asegurar el derecho a la educación en Derechos Humanos de los niños y las niñas.

Creo que hubiera sido muy válido sostener que este proyecto no era necesario, pues el órgano constitucional con potestad suficiente para determinar el contenido de la enseñanza era el Consejo Superior de Educación.

No obstante, las argumentaciones fueron de otro tipo; la diputada Ivonne Acuña declaró que encontraron un peligro cuando en el texto se agregó que, además de la Declaración, se enseñarían “todos sus alcances y principios”, en tanto “aprobar este proyecto así significa que el país estaría aprobando todas las interpretaciones que hagan los países de esa declaración”.

Reiteró, además, que votar este proyecto era muy peligroso, e insistió que no sería una educación del texto literal de la Declaración.

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Es vergonzoso que nuestras diputadas y diputados desconozcan cuestiones básicas del Derecho; por ejemplo, que toda norma requiere siempre de interpretación, y que esta se debe de dar de acuerdo a reglas previamente establecidas, de manera que haya armonía entre todas las normas, respetando siempre la jerarquía del Derecho, entre otros.

Para Costa Rica, el derecho de la Constitución, como norma suprema, establece que los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, que brinden mayor garantía, son supraconstitucionales.

La reforma a la Ley Fundamental de Educación haría explícita la obligatoriedad de la inclusión del estudio de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ciertamente, no se necesita una ley para esto, pero ante las discusiones recientes, queda claro el gigantesco desconocimiento no solo en Derechos Humanos, sino también sobre el Derecho mismo, tanto de la sociedad como, y sobre todo, de las diputadas y diputados.

Alegar que esta ley obligaría a Costa Rica a seguir interpretaciones de otros países, porque se enseñarían los principios y alcances de la Declaración, interpretaciones con las cuales esta diputada no estaría de acuerdo, demuestra, a todas luces, que olvida, o ignora, que las normas de interpretación ya están pautadas, y que, además, no le corresponde a cualquier persona, entidad o incluso país hacer esta interpretación.

Pareciera que a algunas diputadas y diputados, les hace falta una pequeña clase sobre Derecho para que sepan lo que cualquier persona estudiante de primer año de Derecho sabe, y es que, a) hay división de poderes, b) cualquier institución estatal está sujeta a los límites y potestades que le otorga la ley, y c) no puede haber interpretación antojadiza, porque además el Control de Convencionalidad y de Constitucionalidad, en la actualidad le corresponde a la Sala Constitucional.

Está sujeta, a su vez, a las decisiones que haya tomado previamente la Asamblea Legislativa al aprobar leyes.

Estas leyes incluyen, dentro de nuestro ordenamiento nacional, los instrumentos internacionales de Derechos Humanos; dichos instrumentos tienen mecanismos de control e instituciones, a quienes los países, incluyendo Costa Rica, han delegado la potestad de interpretar los tratados, como ocurre con la Corte Interamericana en relación con la Convención Americana sobre Derechos Humanos; o bien, la potestad de darle seguimiento al cumplimiento como el Comité CEDAW a la Convención CEDAW.

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Ningún país decide para otro país cuál es la interpretación que se le debe de dar a un instrumento como la Declaración, porque la razón por la cual surgieron estos instrumentos internacionales de Derechos Humanos, fue precisamente para poner un coto al poder desmedido de los estados que vulneraban los Derechos Humanos de manera antojadiza, dependiendo de quien estuviera en el poder.

El acuerdo para otorgar la potestad de hacer estas interpretaciones está basado en que los Derechos Humanos son intrínsecos a la condición de persona; es decir, no necesitamos del reconocimiento estatal o social para tener Derechos Humanos, pero sí para poder exigirlos y, por lo tanto, hacer uso de ellos, sin necesitar la simpatía de quien esté en el poder.

Vivir en un Estado de Derecho, como decimos que es Costa Rica, implica respetar las reglas del Derecho, y eso significa, por supuesto, también su interpretación por los órganos que corresponden, y no inventarse nuevas reglas, ni siquiera si se es diputada o diputado, si estas reglas no han sido aprobadas por los mecanismos reconocidos previamente por las autoridades con plena potestad para crearlos.

Por eso, también causa preocupación que María Inés Solís, diputada del PUSC alegara que no hay riesgo en la Enseñanza de Derechos Humanos pero que se podría sobrepasar qué es lo que toca y no toca enseñar, si se incluyen principios y alcances de este instrumento.

Preguntémonos cómo podemos construir un país de paz sin que todas las personas que vivimos en él conozcamos nuestros derechos y deberes, y que sepamos que el Estado es el principal responsable de prevenir las violaciones a los Derechos Humanos y garantizar el pleno acceso a estos por todos los medios posibles.

¿Cuál límite se podría pasar si se le enseña a los niños y las niñas cómo funciona el Derecho, ese mismo que no podemos alegar desconocer pero sobre el cual nos enseñan prácticamente nada? ¿Será que darles herramientas a los niños y niñas sobre cómo funciona el sistema jurídico actualmente es un peligro masivo que tendrá como consecuencia personas críticas que exijan el cumplimiento de los deberes del Estado?

Jorge Luis Fonseca, diputado del PLN, dijo no estar en contra de la enseñanza sobre los Derechos Humanos, y que toda la vida los han conocido, pero que él no podía votar por portillos.

Con todas estas declaraciones, a mí me queda claro que no sólo se debe de seguir enseñando los Derechos Humanos en Costa Rica, sino que urge que sea explícitamente obligatorio porque no podemos continuar con diputadas y diputados que se pretenden inventar las reglas del Derecho y tratar de romper con esto, el Estado de Derecho.

Es por esta razón que se reafirma la necesidad urgente de una reforma a la Ley Fundamental de Educación para que incluya, de manera explícita, la Educación en Derechos Humanos.