Justicia tributaria

La evasión de impuestos es una práctica lamentablemente aún muy común en el país, la cual no solo representa un delito, sino que termina por afectarnos a todos.

Causa alarma que cerca de un 64% de los profesionales no declaren sus utilidades y eviten de esta forma pagar los tributos que año a año les corresponde en la realidad.

Destacan en esta lista negra trabajadores de profesiones como medicina, odontología, ingeniería, arquitectura, abogacía, notariado, contabilidad, informática y veterinaria, entre otras.

Lo alarmante es que de poco más de 29 mil declaraciones profesionales, casi 19 mil no reportaron el impuesto, según datos proporcionados por la Contraloría General de la República y dados a conocer este lunes por LA REPUBLICA.

Las autoridades fiscales conocen del problema y es necesario atacarlo de frente.

Costa Rica requiere un modelo fiscal que haga del pago de impuestos una práctica cada vez más progresiva, equitativa y justa para todos los costarricenses de acuerdo con sus ingresos y su capacidad de pago.

El hecho de que el peso de los impuestos recaiga solo sobre algunos contribuyentes, mientras otros mantienen jugosas ganancias sin realizar sus respectivos aportes al Estado, representa una situación de injusticia y desequilibrio, que una sociedad sedienta de nuevos recursos y de muchas obras no puede darse el lujo de sufrir.

Cada año, miles de personas deben ser atendidas en los pasillos de los hospitales o deben ser devueltas a su casa porque no hay camas donde atenderlos.

De igual forma, miles de personas requieren costosos medicamentos cuya única forma de adquirirlos es a través de la seguridad social, la cual se financia en su mayoría con recursos provenientes de los tributos de los demás.

La situación de precariedad no es tan diferente en decenas de escuelas y colegios alrededor del país, en donde muchos niños y jóvenes no cuentan con instalaciones adecuadas para aprender.

Estos son solo dos ejemplos que evidencian de forma muy adecuada las consecuencias de la falta de recursos y que explican la necesidad de realizar reformas en materia fiscal.

Esta es una tarea a la cual deberán abocarse el Poder Ejecutivo y las autoridades legislativas, tan pronto como sea posible.