Justicia atada de manos ante robo de propiedades

Proceso de recuperación puede tardar más de tres años

Justicia atada de manos ante robo de propiedades

Carencia de recursos y equipos obsoletos demoran resolución de querellas

Carlos Jesús Mora

cmorah@larepublica.net

Desde hace tres años la vida de Alejandro Aguilar, un abogado de San José especialista en temas contenciosos administrativos, no es la misma.

A partir de 2005 Aguilar frecuenta todos los días las distintas instancias del Poder Judicial para tratar de recuperar una de sus propiedades en la avenida 10, que le fue presuntamente robada mediante una estafa inmobiliaria.

La propiedad, cuyo costo asciende a $140 mil, fue adquirida por el abogado en 1993, con la finalidad de instalar un bufete con algunos de sus socios.

La preparación académica de este profesional le ha permitido palpar más de cerca las carencias del Ministerio Público y “los vacíos de la legislación nacional”, puntos en contra de las víctimas de estas estafas en el proceso de recuperación de sus propiedades.

“Tenemos un Código Procesal que es muy condescendiente y que tiende a inclinarse a favor de los delincuentes”, aseguró Aguilar, al considerar que frecuentemente los jueces dictan sobreseimiento en los casos, al determinar que el delito no se tipifica al no concretarse el daño.

De igual forma, el recurso humano resulta insuficiente y las tecnologías que se utilizan para las investigaciones —grafoscopios — están obsoletos.

Celso Gamboa, coordinador de la Fiscalía de Fraudes reconoció las limitantes, pero apuntó a que no toda la tardanza recae sobre esta instancia.

“Es cierto que tenemos nada más tres fiscales, cada uno con alrededor de 100 casos en delitos que comprometen la fe pública, pero nuestros tiempos de resolución son aceptables; una vez que la Fiscalía termina su parte, el caso sigue a otras instancias que no son de nuestro resorte, en donde hay mayores plazos de espera, como lo son los juzgados”, dijo Gamboa

Tal y como lo dio a conocer LA REPUBLICA el lunes, las autoridades nacionales han identificado bandas de notarios que se dedican a estafar a extranjeros y nacionales con sus propiedades, falsificando firmas, documentos y usurpando identidades hasta de fallecidos.

El robo de propiedades en Costa Rica preocupa a inversionistas de la industria inmobiliaria, pues esta problemática atenta contra la captación de inversión extranjera y la venta de proyectos.

En lo que va de 2008 se han presentado formalmente cinco denuncias ante el Organismo de Investigación Judicial, que se suman a las 48 interpuestas en 2007.

Zonas como Escazú, Santa Ana y Curridabat, en San José, son las que más casos reportan, sin embargo se teme que la problemática se desplace a zonas en el Pacífico, por el auge inmobiliario que experimentan localidades como Liberia y Jacó.