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Defensores del ex presidente Calderón catalogan de “ágil” el proceso
Juicio ICE- Alcatel concluiría en mayo

• Querella se reanudaría esta mañana

Carlos Jesús Mora
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Las conclusiones y fallos del juicio que se sigue por el caso del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la empresa francesa de telecomunicaciones Alcatel, podrían estar listas antes de lo previsto.
A pesar de que al inicio del proceso judicial se pronosticó que el mismo podría concluirse en noviembre de 2009, los abogados defensores de Rafael Angel Calderón, ex presidente de la República, están previendo que a más tardar en mayo de este año, ya estén listas las conclusiones y el fallo de los jueces.
Actualmente el proceso se encuentra en su etapa testimonial, esta mañana cuando se reanuden las audiencias se seguirán recibiendo a los testigos de la parte acusadora, lo cual podría extenderse este mes.
“Estamos viendo que el proceso se ha desarrollado de una manera muy ágil, de seguir así el mes entrante podríamos empezar a recibir a los testigos de la defensa, que son cerca de 70, una vez concluido este proceso viene la etapa de conclusiones y el fallo”, comentó Juan Marco Rivero, abogado defensor de Calderón.
Junto con el ex mandatario, siete imputados más serán juzgados por los empréstitos finlandeses. Estos son acusados por los presuntos delitos de peculado, corrupción agravada, cohecho propio, penalidad del corruptor, destrucción de documentos y falsedad ideológica.
Además del ex gobernante, serán juzgados Eliseo Vargas, Walter Reiche Fischel, ex presidente ejecutivo de Corporación Fischel, su abogado Randall Vargas, Gerardo Bolaños, ex directivo del Seguro Social, Olman Valverde, ex gerente financiero de la Corporación Fischel, Juan Carlos Sánchez Arguedas, ex gerente de modernización del Seguro Social y Marvin Barrantes, ex gerente de la Corporación Fischel.
Las investigaciones del caso Caja-Fischel comenzaron en abril de 2004, cuando se dio a conocer que Eliseo Vargas, entonces presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) vivía en una casa presuntamente pagada por la Corporación Fischel, uno de los principales proveedores de la institución.
Además, la empresa presuntamente habría vendido en 2001 equipos médicos a la Caja por $39,5 millones, dinero que provino de un empréstito finlandés. Parte de los equipos al parecer nunca funcionaron o estaban defectuosos.
Las investigaciones revelaron que presuntamente existía una red de sociedades anónimas con cuentas bancarias en Panamá, Costa Rica, Estados Unidos y Bahamas, mediante las cuales se habrían ocultado más de $8,8 millones en comisiones provenientes de Finlandia, los cuales se utilizaban para supuestamente hacer pagos a políticos y funcionarios públicos, entre los que aparentemente se encontraba Calderón.
El Estado —representado por la Procuraduría General de la República y la CCSS— solicitó a los Tribunales que condene a los acusados a compensar con $135,5 millones, por lo que a su parecer fue el daño social ocasionado.
Al inicio del juicio Ronald Víquez, procurador, estimó en $89 millones el daño social.


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