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Admitió solicitud para impedir refrendo de contrato
Juez abre posibilidad de detener megapuerto

Tribunal resuelve el 20 de octubre si suspende trámite de proyecto

Un juez revivió la posibilidad de detener el trámite del contrato que promueve la construcción, en Moín, de una gran terminal especializada en la atención de barcos portacontenedores.
Ello luego de admitir la apelación presentada por el sindicato de Japdeva en contra de un fallo anterior que había rechazado la petición de esta agrupación de impedir que el contrato portuario logre el refrendo.
En primera instancia, el sindicato había solicitado como medida cautelar que se inhibiera al Gobierno de firmar el documento; pero como ya ese trámite se dio, ahora lo que solicitan es la anulación del acto de la firma.
La disputa se desarrolla en el Tribunal Contencioso Administrativo, al que recurrió el sindicato en procura de anular el contrato portuario, aduciendo que crea un monopolio privado y que carece de estudios ambientales y financieros.
La apelación presentada por Ronaldo Blear, líder sindical de Japdeva, resulta “admisible en efecto devolutivo”, resolvió el juez Hubert Fernández.
A su vez convocó a los representantes del sindicato, del gobierno y de APM Terminals, grupo holandés que se adjudicó la obra, a una audiencia oral y pública el 20 de octubre para que las partes involucradas debatan sus agravios. Posterior al encuentro el juez dará sus conclusiones.
“Creemos que esta nueva resolución del Tribunal de Apelaciones es una razón más para que el Gobierno de la República actúe con prudencia y cautela en el trámite de la concesión de la terminal de contenedores de Moín”, comentó José Luis Castillo, tesorero del sindicato.
Lo que debería hacer la Contraloría es contener el trámite de refrendo hasta el 20 de octubre, para conocer lo que va a resolver el Tribunal sobre la medida cautelar solicitada, dijo el afiliado.
Si los jueces le dan la razón al sindicato en la medida cautelar solicitada, el trámite del proyecto portuario deberá congelarse hasta que la demanda de nulidad del contrato sea resuelta.
En agosto, Billy Araya, también juez del Tribunal Contencioso, había rechazado la solicitud de medida cautelar interpuesta por Blear. En su momento justificó que “se yergue desproporcionada, y carente de seriedad”.
El temor de Blear es que, si la Contraloría General refrenda el contrato y luego el Tribunal Contencioso Administrativo lo anula, el Estado se vea en la obligación de pagar una millonaria indemnización a APM Terminals.
Pero Allan Hidalgo, presidente de Japdeva, desmiente que se tenga que compensar a la empresa; también desmiente que se esté estimulando la creación de un monopolio y defiende que el proyecto ha cumplido todos los trámites y estudios.

Danny Canales
[email protected]

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