Irresponsable iniciativa
| Miércoles 16 enero, 2008
Irresponsable iniciativa
Carlos Jesús Mora
cmorah@larepublica.net
La vía del referéndum es un baluarte para la sostenibilidad de la democracia en nuestro país. El pasado 7 de octubre los costarricenses tuvimos la oportunidad de —por primera vez en nuestra vida política— tomar una decisión mediante esta modalidad, al ratificar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (Cafta).
En esa ocasión, como costarricense me sentí orgulloso de mi país, pues independientemente de los resultados la decisión tomada fue acatada y respetada por la gran mayoría, denotando así una madurez política y social de nuestra población (no mostrada hasta hoy por jóvenes partidos políticos en el Congreso).
Sin embargo hoy me invade la preocupación. Agrupaciones políticas, sociales y otros actores intentan tergiversar y transgredir esta valiosa y nueva herramienta de nuestra democracia, tratando de someter a referéndum iniciativas que no lo ameritan.
El referéndum es la vía por la cual los costarricenses debemos tomar decisiones que no se hayan podido resolver en otras instancias, o bien que sean de una gran trascendencia y que competan a todo el país.
Es irresponsable que la oposición y diversos sectores quieran convocar a una consulta popular proyectos de ley solo por el hecho de que discrepan con otros grupos sobre su resolución, de ser así nuestra Asamblea Legislativa pierde su facultad y poder en la toma de decisiones.
La institucionalidad de los poderes en el país debe salvaguardarse ante todo, y debe ser en el Congreso en donde se discutan y voten estos proyectos de ley.
Aunado a esto, claro está que en términos económicos la celebración de estas consultas resultan caras para el país. El Estado y los costarricenses hemos tenido que costear en los últimos 20 meses dos procesos electorales, como para sufragar uno más sobre dos leyes de implementación del Cafta —las leyes de Protección de las Obtenciones Vegetales— antes de las elecciones presidenciales en 2010.
Objeto las declaraciones de diputados del Partido Acción Ciudadana que aluden que un referéndum para resolver estas dos leyes del Cafta “ayuda a profundizar la democracia”, al contrario, un nuevo referéndum solo por atrasar la entrada en vigencia del Cafta y su actual actitud obstruccionista van en detrimento del sistema.
A partir de este mes el Tribunal Supremo de Elecciones realiza una valoración de la exitosa primera consulta popular en el país, para a mediados de año enviar sus consideraciones a la Comisión de Reformas Electorales en el Congreso, para que esta las considere y realice enmiendas en la Ley del Referéndum.
Sería oportuno que entre las consideraciones que se tomen esté un apartado donde se regule aún más qué proyectos se pueden someter a futuras consultas populares, así como procesos y hechos por los que tengan que pasar los expedientes legislativos antes de intentarse someter a referéndum.
Carlos Jesús Mora
cmorah@larepublica.net
La vía del referéndum es un baluarte para la sostenibilidad de la democracia en nuestro país. El pasado 7 de octubre los costarricenses tuvimos la oportunidad de —por primera vez en nuestra vida política— tomar una decisión mediante esta modalidad, al ratificar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (Cafta).
En esa ocasión, como costarricense me sentí orgulloso de mi país, pues independientemente de los resultados la decisión tomada fue acatada y respetada por la gran mayoría, denotando así una madurez política y social de nuestra población (no mostrada hasta hoy por jóvenes partidos políticos en el Congreso).
Sin embargo hoy me invade la preocupación. Agrupaciones políticas, sociales y otros actores intentan tergiversar y transgredir esta valiosa y nueva herramienta de nuestra democracia, tratando de someter a referéndum iniciativas que no lo ameritan.
El referéndum es la vía por la cual los costarricenses debemos tomar decisiones que no se hayan podido resolver en otras instancias, o bien que sean de una gran trascendencia y que competan a todo el país.
Es irresponsable que la oposición y diversos sectores quieran convocar a una consulta popular proyectos de ley solo por el hecho de que discrepan con otros grupos sobre su resolución, de ser así nuestra Asamblea Legislativa pierde su facultad y poder en la toma de decisiones.
La institucionalidad de los poderes en el país debe salvaguardarse ante todo, y debe ser en el Congreso en donde se discutan y voten estos proyectos de ley.
Aunado a esto, claro está que en términos económicos la celebración de estas consultas resultan caras para el país. El Estado y los costarricenses hemos tenido que costear en los últimos 20 meses dos procesos electorales, como para sufragar uno más sobre dos leyes de implementación del Cafta —las leyes de Protección de las Obtenciones Vegetales— antes de las elecciones presidenciales en 2010.
Objeto las declaraciones de diputados del Partido Acción Ciudadana que aluden que un referéndum para resolver estas dos leyes del Cafta “ayuda a profundizar la democracia”, al contrario, un nuevo referéndum solo por atrasar la entrada en vigencia del Cafta y su actual actitud obstruccionista van en detrimento del sistema.
A partir de este mes el Tribunal Supremo de Elecciones realiza una valoración de la exitosa primera consulta popular en el país, para a mediados de año enviar sus consideraciones a la Comisión de Reformas Electorales en el Congreso, para que esta las considere y realice enmiendas en la Ley del Referéndum.
Sería oportuno que entre las consideraciones que se tomen esté un apartado donde se regule aún más qué proyectos se pueden someter a futuras consultas populares, así como procesos y hechos por los que tengan que pasar los expedientes legislativos antes de intentarse someter a referéndum.