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Sábado 4 Febrero, 2012

Irresponsabilidad en el Estado

Cuando una institución del Estado costarricense comete un acto de irresponsabilidad, el único culpable o principal responsable es su máximo jerarca. Desde hace tiempo, eludir responsabilidades se ha convertido en una acción común para los presidentes, ministros, diputados, presidentes ejecutivos, entre otros, que vienen a administrar el Estado, pero no pasan de poner la mano para cobrar un salario, ordenarles a otros que hagan su trabajo y gastar el dinero de los costarricenses en estupideces.
Solicitar a las autoridades correspondientes un aumento en la cuota de un seguro social tiene que ser responsabilidad del máximo jerarca de la institución que lo administra. Si ese aumento fuera rechazado es su responsabilidad, porque él es el administrador y el personal a su cargo son solo administrados. Que le rechacen tres veces un aumento a la cuota del Seguro Obligatorio de Automotores (SOA) al Instituto Nacional de Seguros (INS) durante tres años, es una irresponsabilidad administrativa que recae sobre su presidente ejecutivo, Guillermo Constenla Umaña.
Peor aún es que cuando se lo aprueban y comete la grosería de pasárselo todo y de una sola vez a los usuarios en el pago del marchamo, sabiendo que ellos no tenían la culpa del atraso.
Para “cerrar con broche de oro” ante la molestia y protesta de los usuarios (motociclistas) negocia con un puñado de dirigentes irresponsables, una “disminución en los beneficios del seguro” a cambio de un rebajo en la cuota de cobertura. Eso es como si una persona no pudiera comprar una refrigeradora, entonces, “para hacerle un favor” el Estado le vende una sin motor y se jacta de haberlo ayudado, aunque no pueda enfriar absolutamente nada.
Una disminución en la cobertura del SOA a los motociclistas de bajos recursos es un acto de irresponsabilidad administrativa, que no solo los perjudica, también a sus familias y especialmente a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) porque al acabarse el monto asignado del SOA (3,5 millones para los motociclistas de bajos recursos y seis para los que sí pueden pagar el aumento) debe asumir los costos de atención médica de los accidentados con sus propios recursos.
Y si eso no fuera suficiente, en caso de muerte, condena a la familia de los motociclistas de escasos recursos a recibir solo ¢3,5 millones como indemnización, mientras que la de los motociclistas que si tienen recursos, recibirán seis.
Esta irresponsable e inhumana clasificación de las personas por la cantidad de recursos económicos con que cuentan y determinar así su acceso a la salud, hace que el Gobierno de Laura Chinchilla logre una página en la Historia Patria. Desde ya será recordada como la gobernante que eliminó la universalización de un Seguro Social en nuestro país. Será directamente responsable del deterioro de la CCSS y el perjuicio de muchas familias costarricenses solo por no tener recursos económicos.

Luis Alberto Salas Sarkís