Irregularidades inaceptables

Desde que Costa Rica decidió realizar obra pública por concesión, los proyectos planteados mediante ese modelo se han visto en tal cadena de problemas durante años que da vergüenza referirse a ellos porque evidencian demasiada incapacidad en su manejo.

Lo que no se sabe hacer, pero es indispensable, debe aprenderse. Especialmente cuando se trata de obras y recursos públicos. Pero en nuestro caso ni el paso de los años ni el retraso que significan para el país han movido a los responsables a aprender.

Hoy volvemos a la pesadilla que creíamos concluida. Las obras del aeropuerto Juan Santamaría se han quedado otra vez sin fiscalizador porque este, cansado de pedir el personal que necesitaba, ha renunciado al cargo.

La contratación de dicho personal es competencia del Consejo Técnico de Aviación Civil, de acuerdo con lo informado por LA REPUBLICA el viernes pasado. No sabemos sin embargo a qué se debió todo esto porque el presidente de ese órgano no respondió a los requerimientos de este desde el miércoles anterior para hacerle una entrevista.

Pareciera que algo no está bien porque el puesto de inspector general del contrato de modernización del Juan Santamaría ha sido ocupado por siete funcionarios en diez años. ¿A qué se debe esta rotación? Tampoco hemos podido saberlo por el momento.

Lo que sí se sabe es que el inspector que acaba de renunciar, en sus casi dos años de fungir como fiscalizador de las obras del aeropuerto había rescatado el proyecto luego de siete años de parálisis por los problemas financieros que enfrentó Alterra Partners y que se logró que esta empresa desistiera de la demanda que pretendía presentarle al Estado, entre otras cosas.

Por otra parte, hay dos plazas del órgano supervisor de las obras en la terminal aérea, la de los asesores legal y financiero que vencen en unos diez días y de no ser renovadas a tiempo podrían poner en peligro también la fiscalización de las obras aeroportuarias.

Los responsables deben tomar las medidas necesarias para que se acaben las irregularidades que ya son características del manejo de obras públicas por concesión.