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Fijación de tarifas y acceso a crédito afectan proyectos
Inversiones en energía se fugan del país
• Honduras, Nicaragua y Panamá son destinos alternativos para producción energética

Varias empresas privadas productoras de energía han tenido que buscar fuera del país recursos para levantar sus obras, mientras otras han salido del todo a producir a lugares como Panamá, Honduras y Nicaragua, por las trabas que encuentran en Costa Rica.
La principal razón citada por los empresarios nacionales es que desde 2002 no se aumentan las tarifas que se les pagan por su producción de hidroelectricidad, por lo que una planta nueva tendría que producir a precios de 2002, lo que es prácticamente imposible.
“Nosotros no huimos del país; fuimos empujados a salir”, dijo Javier Matamoros, gerente de Hidroeléctrica General, empresa que levanta un proyecto de 13 megavatios en Jinotega, al norte de Nicaragua.
Estamos ante una inseguridad jurídica, ya que la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos no contempla que hay inflación, o el aumento que han tenido los aceros, el combustible y el cemento, insumos con los que levantamos los proyectos, explica el empresario.
Pero no solo las tarifas afectan el levantamiento de las obras. Ese es el caso de la empresa Santos Eólico, donde los problemas para obtener financiamiento en suelo nacional los forzó a pedir prestado afuera.
“Nuestra empresa necesitó $32 millones para construir 15 aerogeneradores en la zona de los Santos, y tuvimos que tocar la puerta de BICSA en Panamá para obtener el financiamiento para nuestra planta”, dijo Elías Calderón, gerente de Santos Eólico.
Calderón aduce la dificultad de financiamiento a limitaciones a los bancos en un renglón llamado “grupo de interés económico”, donde la ley orgánica del Banco Central dispone un monto máximo que un mismo banco puede otorgar en crédito para un sector.
En el caso de los préstamos para energía, una misma entidad financiera puede otorgar hasta un 20% de su patrimonio en préstamos a entidades privadas, y si la obra tiene participación conjunta del Instituto Costarricense de Electricidad puede ser hasta el 30% del patrimonio.
Si bien es cierto, los porcentajes anteriores se refieren a montos muy altos de dinero, la realidad muestra que solo el 17% de la energía total que consume el país es producida por empresas no estatales, a pesar de que están habilitadas para producir hasta el 30%.
Las limitaciones actuales preocupan, dado que en un mercado centroamericano de electricidad interconectado, empresas nacionales perfectamente pueden irse a construir plantas de energía a cualquier país del istmo y desde allá exportar electricidad a Costa Rica y a un costo mayor que el que se tendría si hubieran podido operar en el país.

Carolina Acuña
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