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Lunes 26 Marzo, 2012

Inversión, seguridad jurídica y trámites

Merced a los cambios que realizamos al salir del modelo de sustitución de importaciones en los ochentas y noventas, disfrutamos los costarricenses de crecimiento en medio de la larga crisis financiera que vive el mundo, y eso debe alegrarnos. Pero, como he señalado, ese crecimiento ya había venido desacelerándose, y el costo de sostenerlo por promoción de exportaciones va aumentando. Eso nos obliga a enfrentar de nuevo un cambio de modelo, si queremos crecer acelerada y solidariamente: ahora debemos basar nuestro progreso en la eficiencia y la participación.
Dos áreas, además de las enumeradas en artículos previos, donde son indispensables cambios son la de seguridad jurídica y trámites administrativos, y la de manejo de los servicios públicos y en especial los programas sociales.
La seguridad jurídica es un concepto complicado que exige cuidadosos equilibrios. Nadie puede pretender la seguridad de la inmovilidad. Lo que se busca es que si se afectan derechos adquiridos por cambios en las reglas del juego, se tenga que compensar al afectado con legítimos derechos, y que por consiguiente los cambios deban ser muy justificados. Se trata pues de proteger la propiedad entendida en un sentido amplio. Y se trata de que las instituciones jurídicas y su operación permitan prever cuáles serán los resultados de nuestras acciones con la mayor certeza posible. Esto difícilmente se puede dar cuando las resoluciones judiciales en una vía procesal pueden ser cambiadas en otra vía, sin que se conozca cuál interpretación es la que prevalecerá, y permitiendo la interferencia de poderes ajenos fácticos o formales en los casos concretos. De previo deben quedar claramente establecidas las competencias y límites de cada jurisdicción, así como la jerarquía entre ellas. No hacerlo aumenta la incertidumbre, afecta los costos de hacer negocios, y disminuye la inversión y el crecimiento. Y esto no se refiere solo a agentes extranjeros, es igual para los nacionales.
En el campo de la tramitología nuestra situación es confusa, duplicada y en muchos casos las reglas son innecesarias. Por ejemplo, es preciso proteger los recursos naturales que son parte fundamental de nuestra riqueza y especificidad. Pero para ello no es necesario, sino más bien inconveniente, que se requiera aprobación de SETENA para construcciones habitacionales, comerciales o industriales pequeñas y de características corrientes, en zonas dedicadas a esos fines. Lo único que se logra con eso es atascar el proceso de revisión y limitar los medios disponibles para estudiar a conciencia los grandes proyectos que sí requieren definir y evaluar la magnitud de su impacto sobre la naturaleza.
Y no basta con eliminar trámites, pues estos con enorme facilidad vuelven a aparecer como la mala hierba chapeada. Se trata de simplificar procedimientos, eliminar engorros y pasos innecesarios, pero a la vez impedir que las malas hierbas rebroten. Es una verdadera vergüenza que en los noventas se hayan eliminado en los noventas los permisos sanitarios anuales para miles de pulperías y pequeños negocios, pero luego se los volvieran a imponer, o que se hubiesen reducido los plazos para permisos de construcción y luego se volvieran a extender, o que se dejase de reconocer nuevos genéricos de medicinas y agroquímicos durante dos administraciones.
Controlar los excesos de la tramitología debe ser tarea de todos los días ante los antiguos y los nuevos procedimientos, así como debe serlo la limitación del gasto.

Miguel Angel Rodríguez E.
Ex Presidente de la República
Ex Secretario General de la OEA