¿Internet libre?
Los expertos aducen que las leyes no se han estancado en cuanto a la regulación y sanción de delitos de difamación o calumnias en plataformas digitales. arte Jean Carlo Castro/La República
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Redes sociales potencian sitios donde usuarios cruzan barreras de libre expresión

¿Internet libre?

Comienzan a aparecer casos que invitan a mejorar la legislación

Insultos, acusaciones, posibles injurias y violaciones al honor son el pan de cada día en los espacios digitales de Internet, potenciados por las redes sociales.
Los escasos controles en la web permiten que cualquier usuario, escondido en un seudónimo ataque a una persona, sin asumir ninguna consecuencia, esto ante el limbo legal entre la jurisprudencia de un país y las reglas de un sitio específico.

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Aunque el tema sigue en pañales, comienzan a asomarse una serie de casos que invitan a adoptar una legislación necesaria para que Internet no permanezca como una zona libre de responsabilidades.
El resultado de la querella presentada por la presidenta Laura Chinchilla contra Alberto Rodríguez Baldí por supuesta difamación, debido a una publicación en Facebook, podría calibrar los avances en este ámbito.
Las afirmaciones del abogado y empresario señalan que la mandataria compró terrenos en playas de Guanacaste y tiene intereses empresariales en el negocio de la generación eléctrica.
La demanda de Chinchilla asciende a ¢100 millones y podría sentar un precedente importante.
Este no es el único caso de una acusación a través de Internet en el país. Similar situación vive Roberto Mora, conocido popularmente como el “Cobrador de la Caja”.
En este espacio, el bloguero publica las deudas de patronos morosos con la Caja, como una medida de presión al departamento de Cobros.
Las molestias por sus incómodas publicaciones hicieron que un ciudadano presentara una querella y acción civil ante los tribunales, luego de que Mora publicara en su blog una denuncia por supuesta falsificación de documentos.
Del otro lado del mundo, una mujer fue demandada por un empresario catarí, al publicar un tuit en el que criticaba una compañía por pagos tardíos. Esta demanda asciende a $195 mil.
Es Lesley Kemp, una mecanógrafa de 55 años quien enfrenta la demanda que interpuso Milton Keynes, luego de que la mujer tuiteara comentarios acerca del retraso de pagos de esa empresa, en un intento de persuadirlos.
Independientemente de quien lleve razón en estos casos, la legislación aún no se ha adaptado a las nuevas plataformas que brinda la tecnología, teniendo que acudir a leyes que hacen referencia solo a delitos como la suplantación de la identidad.
Sin embargo, algunos expertos  reconocen que hay mucho por hacer en materia legislativa, pero que la reforma a la ley de delitos informáticos fue un avance importante.
Por otra parte, los débiles controles en Internet son aprovechados por cientos de usuarios para crear espacios en donde se denuncian actos de supuesta corrupción de funcionarios.
Los blogs se han convertido en un importante canal de denuncia popular.
El anonimato es una herramienta que algunos usuarios usan para esquivar los tribunales.
Para operar estos sitios sin que se descubra su verdadera identidad o el lugar de operaciones, estos usuarios utilizan mecanismos para hacer creer que escriben desde otros países.
De esta manera, aunque Facebook y Twitter intensifican esfuerzos por poner nombre y apellido a todos sus usuarios, los anónimos siguen inundando sus espacios, en donde potencian su mensaje y son difíciles de rastrear.
Este vacío legal no se da solo en Costa Rica, sino a nivel mundial. Por eso ante la imperativa necesidad de marcar el complicado terreno de Internet, ya se ven algunas señas por adaptar las leyes.

Luis Fernando Cascante
[email protected]

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