Instituciones no utilizaron ¢2,9 billones en 2015
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Las instituciones públicas no ejecutaron más de ¢2,9 billones el año pasado, afectando los servicios que reciben los costarricenses, la calidad de la educación y hasta los beneficios sociales que reciben los estratos más bajos.
El alto superávit que se generó para todo el sector público aumentó en más de ¢600 mil millones, en relación con 2014.
En términos porcentuales, un 13% del dinero que se tenía previsto utilizar, no se invirtió por problemas administrativos, apelaciones, problemas legales o simplemente mala gestión de los funcionarios a cargo.
La alerta se da porque desde 2012 el superávit era de ¢2,1 billones y en solo tres años casi aumentó un 50%, de acuerdo con las advertencias de la Contraloría.
La mala ejecución se presentó en instituciones tan variadas como el IMAS, que se guardó unos ¢5 mil millones en programas como “Avancemos” y Red de cuido, hasta ¢111 mil millones por parte de las universidades públicas.
Solo en el Gobierno central, el superávit ascendió a unos ¢80 mil millones, de acuerdo con el órgano fiscalizador.
El Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Seguridad Pública y la Cancillería, además del Congreso, son algunas de las dependencias del Gobierno central que no ejecutaron todos sus recursos.

En este grupo llama la atención del área de seguridad, que tuvo un desmejoramiento en delitos como homicidios, hurto a personas y robo de vehículos, entre otros, producto supuestamente de un recorte de unos ¢40 mil millones por concepto del impuesto a las sociedades anónimas que no se está cobrando; sin embargo, ese Ministerio no invirtió unos ¢4 mil millones.
Para solventar este problema, los diputados ya estudian un proyecto de ley que devolvería al Ministerio de Hacienda, todo dinero sin ejecutar en un plazo de dos años.
La iniciativa ya está en el plenario para su votación en primer debate y se pretende que esos recursos se inviertan en la amortización de la deuda interna o externa.
Sin embargo, el proyecto solo cubriría el superávit de las instituciones públicas que se financian vía presupuesto, como serían los tres poderes de la República, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría y la Defensoría, entre otras.
Asimismo, se contemplaría también a las entidades públicas y privadas, que por concepto de una transferencia hayan recibido dinero del Estado.
Este proyecto es parte de la agenda que el presidente Luis Guillermo Solís desea para revertir el déficit fiscal que ya asciende al 5,9% del PIB y en buena teoría, cuenta con el beneplácito de la oposición, en la que se encuentran los diputados del PUSC y el PLN.
Gracias al buen ambiente político que rodea a la iniciativa, es probable que la oposición y la bancada oficialista del PAC, aprueben el uso de la vía rápida en este proyecto para ponerle un plazo de votación.
Para la Contraloría, el crecimiento del superávit en los últimos años en el caso del Gobierno central se debe, entre otras razones, a que los últimos presupuestos se elaboraron con relativa “holgura” y a factores como la escasa dinámica mostrada por factores como la escasa dinámica mostrada por el nivel de precios, que incidió en la variación de salarios y en la contención de algunos gastos.

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