Nuria Marín

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Lunes 11 Mayo, 2009


Creciendo [email protected]
Inseguridad e impunidad, peligroso dúo

Uno de los problemas más graves del país es la inseguridad ciudadana. Diariamente los medios de comunicación desnudan el creciente estado de violencia en el que vivimos sin respuesta satisfactoria de parte de las autoridades policiales y judiciales.
Nadie escapa a este flagelo. Nos hemos convertido en tristes protagonistas, como víctimas, testigos, o cercanos a personas en esas posiciones. Vivimos con temor y un sentido de indefensión. El problema no es de percepción.
Sobra decir que la mejor y más efectiva vacuna contra el mal es la prevención, materia que debe ser manejada por el Estado de manera integral que abarque desde el combate de la pobreza hasta las drogas y la violencia intrafamiliar, así como garantizar oportunidades en áreas como vivienda, salud, educación y empleo, entre otros.
Si la prevención falla, sin embargo, el Estado debe asumir de manera pronta y cumplida la labor de individualización del o los infractores y la asignación de la responsabilidad penal correspondiente. Si no es efectivo se propicia otro mal indeseado y peligroso como lo es la impunidad.
La impunidad puede convertirse en un silencioso cáncer que corroe las entrañas de nuestra democracia. Debilita la confianza y credibilidad de la ciudadanía en el sistema, atenta contra el principio de igualdad ante la ley y facilita la corrupción.
El más peligroso de sus efectos es la generación de más violencia e inseguridad. Un sistema permisivo puede convertirse en una invitación a cometer más ilícitos, a que personas en el extranjero nos tomen como refugio, o que víctimas insatisfechas tomen la justicia en sus propias manos. Ninguno de estos escenarios es halagüeño.
Los esfuerzos en seguridad han sido tímidos y tardíos. Hay carencias de recursos en la investigación y persecución de los delitos, faltante de plazas, desmotivación y sobrecarga de trabajo. Tenemos también una compleja y obsoleta legislación, largos procesos, una inclinación a favor de los derechos de los agresores a expensas de los de las víctimas, así como una excesiva lenidad en el área de excarcelaciones.
Iniciativas como los juicios de flagrancia o la reciente promulgación de la Ley 8720 de protección a víctimas y otras partes del proceso son positivas pero limitadas. Por otra parte, proyectos contra el crimen organizado, contra el terrorismo entre otros, tardan meses o años para su aprobación o sufren modificaciones que desvirtúan su fuerza inicial.
Nuestros vecinos han pagado un alto precio por sus errores, las maras en El Salvador, las muertes en México, la guerrilla en Colombia. Aún estamos a tiempo para estructurar una política de seguridad, estratégica, moderna, integral y efectiva.