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Puesto de bolsa considera acusaciones como poco claras
INS Valores enfrenta investigación

• A la entidad podrían imponerle multas por hasta ¢400 millones

Wilmer Murillo
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El puesto de Bolsa INS Valores, del Instituto Nacional de Seguros (INS), podría verse en la obligación de cancelar una multa por hasta ¢400 millones.
Las sanciones serían impuestas eventualmente por la Superintendencia General de Valores (Sugeval), una vez concluido un proceso en su contra.
La autoridad reguladora de valores comunicó, mediante hecho relevante, el inicio del procedimiento sancionatorio por el supuesto quebranto de artículos de la Ley Reguladora del Mercado de Valores.
La Sugeval comunicó que había declarado sin lugar los recursos de revocatoria y apelación que fueron interpuestos, dejando en firme la resolución de apertura del proceso contra INS Valores Puesto de Bolsa.
Se consideran en la resolución hechos contra el puesto acaecidos entre 2004 y 2008, relativos al presunto “incumplimiento” en el tema de registros contables y control de saldos”, lo cual de llegar a demostrarse, constituirían violaciones “graves” a la Ley Reguladora del Mercado de Valores.
En este sentido la Sugeval señaló que es aplicable la sanción de multa del 5% del patrimonio de la sociedad.
Por otra parte, los cargos de supuestamente haber suministrado información a los clientes sin cumplir los requisitos exigidos por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) se multan con 200 salarios base. Esto equivale a poco más de ¢45 millones, siendo cada salario base de ¢227 mil.
La apertura del procedimiento administrativo es un acto que se origina en una previa investigación y valoración. Sin embargo, no implica un juzgamiento o condena “a priori” de los presuntos responsables”.
No obstante, esta situación no preocupa a los funcionarios del puesto de Bolsa. “Los incumplimientos que se señalan no son ni tan claros ni tan reales”, dijo Gina Ampiée Castro, gerente del puesto.
La funcionaria subrayó que la eventual condena sería por un solo monto, sin considerar la posibilidad de un castigo gradual. Lo mismo ocurre, señaló, con el hecho de que se procede contra situaciones ocurridas en periodos fiscales diferentes, pero que se sancionan todos juntos, y no en forma escalonada conforme los errores se han ido cometiendo.
Actualmente, se da curso en la Sala IV a dos recursos de amparo contra esa falta de gradualidad, explicó la funcionaria.
Adujo que la penalización es muy alta, pues considera que los daños o errores que se le imputan al puesto “no son graves”.
Para sostener este argumento, indicó que todas las publicaciones de los estados financieros, consideradas indebidas, fueron subsanadas previamente. “De este modo no se alteró el patrimonio del cliente ni de la subsidiaria, y tampoco se afectó la posición financiera de los clientes y del puesto”, señaló.
Ampiée considera por otra parte que en su momento se hicieron las correcciones, por lo que en materia informativa tampoco se causó daño a los clientes.
Aunque admitió que el valor de las multas rondaría los ¢400 millones, también se desconoce si se aplican al patrimonio que hoy tiene el puesto de bolsa.
Por último manifestó que “estamos preocupados de invertir dineros en esta defensa y no en los menesteres que nos corresponde como puesto de bolsa”.
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