El poder político no ha estado a la altura de lo que se necesitaba hacer y ha desdeñado en general, hasta ahora, el aporte que podrían haber dado la ciencia y la tecnología en sus diversas áreas

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¿Innovación?... ¡Si queremos, podemos!

Mientras en Costa Rica tenemos ociosos ¢909 millones recaudados desde 2008 mediante el canon ambiental, que de haberse ejecutado hubieran comenzado al menos a mejorar la gestión de sostenibilidad del agua, otros países de Latinoamérica nos aventajan con innovaciones y proyectos en ese sentido.
“La falta de indicadores de medición de los objetivos de la Política Hídrica Nacional, ha limitado la rendición de cuentas sobre el avance del manejo del agua hacia la sostenibilidad”, dice un informe de la Contraloría sobre el tema.
Se han identificado zonas con estrés hídrico que ameritan ser reguladas como zonas con restricción al aprovechamiento del agua, pero aún no han sido oficializadas, agrega entre muchas otras cosas el informe.
“La dispersión del marco legal ha creado vacíos e incongruencias en los mandatos relacionados con el agua”, y “se presenta confusión en cuanto a las competencias asignadas a las instituciones”.
Sin embargo, por ejemplo, la empresa colombiana Lynks Ingeniería participará en el MassChallenge o "Mundial del Emprendimiento" que se celebra cada año en Boston (EE.UU.) con un sistema de sensores y software en proceso de patente internacional y que ahorra hasta un 50% del agua en cultivos agrícolas, según informa este medio el martes anterior.
Esto no es más que el reflejo del interés y el trabajo en innovación, dirigidos a algo tan importante como el recurso hídrico.
Nada que no podamos realizar en Costa Rica, pero llevamos años de retraso y bastante indiferencia. Hoy se vuelve imperativo intentar ir poniéndonos al día no solo en legislación, que la necesitamos, sino en el diseño de un eficiente y eficaz modelo de control del cumplimiento de leyes y decretos en torno a la conservación y buen uso del agua.
Hay que recordar que, para agravar muchas situaciones, en este país estamos llenos de leyes que no se cumplen.
Pero también hay que aprovechar el conocimiento y experiencia de académicos y técnicos con capacidad para producir sistemas innovadores.
En este sentido, el poder político no ha estado a la altura de lo que se necesitaba hacer y ha desdeñado en general el aporte que podrían haber dado la ciencia y la tecnología en sus diversas áreas.
Ese divorcio entre los gobiernos y los centros de estudio e investigación que produce en general un enorme desperdicio de recursos debe acabar.
Si bien es cierto las decisiones deben ser políticas, no se deben despreciar, como se ha venido haciendo (esperamos que este Gobierno no lo haga), las investigaciones hechas y que se siguen haciendo. Un buen sustituto para bajar el número de asesores.