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La percepción general culpa a extranjeros del deterioro de instituciones públicas, del mercado de trabajo y de la seguridad
Inmigrantes aportan a la Caja más de lo que gastan
Gasto estimado en atención a extranjeros asciende a $84,7 millones, mientras aporte supera $90 millones
Carga es menor de lo que se supone en el sistema educativo, apenas el 4,5% de los estudiantes es nacido en el exterior

La presión de los extranjeros sobre el sistema de salud pública, educación y mercado de trabajo se ha convertido en uno de los argumentos más comúnmente utilizados al abordar el tema de inmigración.
Sin embargo, el aporte de los extranjeros en el país no sería perjudicial sino hasta potencialmente beneficioso, demuestran recientes estadísticas.
En este sentido, el ingreso cobrado a extranjeros por los servicios utilizados en la Caja Costarricense de Seguro Social en 2008 ascendió a $90,7 millones, mientras que los costos fueron de $84,7 millones, según los datos entregados por la Caja a LA REPÚBLICA esta semana.
“La presión no es tan fuerte”, comentó Rosa Climent, gerente médica de la Caja. De los 14 millones de consultas anuales, menos de un millón pertenecen a inmigrantes, concentrándose sobre todo en ambas fronteras. La mayoría de los que llegan a EBAIS u hospitales lo hacen con papeles, pues los ilegales tienen miedo a ser deportados.
Sin embargo, no todo es de color de rosa. El descubrimiento de un mercado negro de medicinas de la Caja en Managua es parte de una problemática que urge resolver.
“Hay personas a las que se les dio la mano y han tomado el sistema por el cuello”, opina Mario Zamora, director general de Migración y Extranjería. Estos casos puntuales son los que más perju
dican la imagen de todo el colectivo.
En la actualidad, el 17,5% de la población costarricense es inmigrante. Si añadimos los naturalizados, el porcentaje asciende hasta el 23,3%.
En lo referente al sistema educativo, apenas el 4,5% de los estudiantes es nacido en el exterior, lo cual demuestra que la carga no es tan elevada como empíricamente se pretende.
Este año, la cantidad de alumnos no costarricenses alcanzó los 45 mil (sumando pública, privada, y privada concertada).
En contraste el sistema nacional cuenta con alrededor de 1 millón de estudiantes, según datos facilitados por el Ministerio de Educación.
“Es positivo para una mayor integración de la población inmigrante su incursión en la educación”, asegura Diana Triniño, encargada legal de la Organización Internacional para las Migraciones.
Por otra parte, el sentimiento de desplazamiento en el trabajo ha constituido un argumento de recelo ante el inmigrante.
En todo caso, la mayoría de este empleo se trata de lo que en Estados Unidos denominan de 3D: dirty, dangerous, demeaning (sucio, peligroso, degradante).
Los extranjeros realizan los trabajos que ni los nacionales más pobres “quieren hacer”, aduce Niurka Montalvo, vocera de la Organización Internacional para las Migraciones en Washington.
El nacido en Nicaragua gana entre un 65% y un 75% de los ingresos mensuales de los costarricenses, pero esto es debido a su bajo nivel educativo ya que también se desprende que a mismo nivel de estudios, igual salario, indica un estudio de la Facultad Latinoamericana de Estudios Sociales y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico realizado en 2009.
Si bien es cierto, los aportes de los inmigrantes al sistema económico nacional han sido manchados por casos de criminalidad que a pesar de ser contados, han sido lo suficientemente llamativos para escandalizar a la opinión pública, en especial las bandas de extranjeros que han atraído la atención mediática.
El portillo que han abierto para quedarse en el país, a través de la laxitud de las leyes en lo concerniente a matrimonios por poder o reconocimientos de paternidad, está a punto de cerrarse, mediante una nueva ley que entró en vigencia el mes pasado.
“Se trata de un fenómeno global”, explicó Zamora. Los ciudadanos extranjeros cometen porcentualmente menos delitos que los nacionales. El problema es que “traen nuevos patrones de comisión de delitos”, como el sicariato, apuntó el funcionario. Cuando se importó este modelo, los sicarios eran colombianos. En la actualidad, prácticamente todos son costarricenses, así como la gran mayoría de la población total carcelaria.



Daniel Zueras
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