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Ingresos petroleros condicionan diálogo en Bolivia

Morales presentó a los prefectos una propuesta para trabajar en un pacto constitucional y autonómico

La Paz
EFE

La renta petrolera que el Gobierno de Evo Morales recortó a las regiones condiciona el proceso de diálogo iniciado en Bolivia, que entró ayer en un receso tras la oferta del presidente a sus opositores de un pacto constitucional, fiscal e institucional.
Las conversaciones que el miércoles iniciaron Morales y los prefectos (gobernadores) ratificados en el referendo sobre mandatos celebrado el pasado domingo aún no han dado frutos y han quedado a la espera de que los opositores se pronuncien en las próximas horas sobre la propuesta gubernamental.
Morales presentó a los prefectos un texto en el que les propone trabajar en un pacto constitucional y autonómico para compatibilizar la futura Carta Magna con los estatutos de autogobierno aprobados en las regiones de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, controladas por la oposición.
El Gobierno también se muestra dispuesto a “discutir y revisar” la distribución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH, una renta petrolera) para llegar a un pacto fiscal con la participación de los gobiernos municipales, además de los prefectos.
El IDH se ha convertido en el principal punto de discrepancia entre Morales y los prefectos opositores, que condicionan cualquier acuerdo a la devolución de este ingreso, que el Gobierno destinó a financiar una ayuda a los ancianos del país, conocida como Renta Dignidad.
Algunos prefectos opositores estarían dispuestos a destinar parte del IDH a la Renta Dignidad, pero no en las cantidades que exige el Gobierno, porque sus presupuestos para obras han quedado mermados, según publicó ayer el diario paceño La Razón.
La renta petrolera fue también el asunto que impidió a Morales y a los prefectos llegar a acuerdos en el proceso de diálogo que se abrió en enero de este año, tras la convulsión política que vivió el país cuando la Asamblea Constituyente aprobó el proyecto de nueva Constitución.
En su oferta a los gobernadores, el mandatario propone también un pacto institucional para completar los nombramientos pendientes en órganos como la Corte Electoral o el Tribunal Constitucional, que está prácticamente inoperativo al contar con una sola magistrada tras la renuncia consecutiva de sus otros cuatro miembros.
En unas breves declaraciones a los medios, Morales afirmó ayer que tiene la impresión de que los prefectos opositores “solo quieren plata y no quieren tocar la cuestión política”, en alusión al IDH.
También insistió en su deseo de “constitucionalizar” los estatutos de autonomía aprobados en las regiones opositoras de la “media luna”, al señalar que el pueblo boliviano también ha demandado autonomía en el referendo sobre mandatos celebrado el domingo. Bolivia abrió una nueva fase de diálogo político después del referendo sobre mandatos del 10 de agosto, en el que quedaron ratificados en sus cargos el presidente, su vicepresidente y seis prefectos, cuatro de ellos opositores.
En la consulta fueron revocados los gobernadores opositores de La Paz, José Luis Paredes, y Cochabamba, Manfred Reyes Villa.
A las conversaciones con Morales han acudido los prefectos opositores de Beni, Ernesto Suárez, Pando, Leopoldo Fernández, Tarija, Mario Cossío, y Chuquisaca, Savina Cuéllar, quien no se sometió al revocatorio porque fue elegida el pasado mes de junio.
También estuvieron presentes los prefectos oficialistas de Potosí, Mario Virreira, y de Oruro, Alberto Aguilar.
Santa Cruz, principal feudo opositor a Morales y región que lidera el plan autonomista de la “media luna”, ha estado representada en la reunión por una delegación designada por el prefecto Rubén Costas.
Costas no ha viajado a La Paz, según la Prefectura, por problemas de salud relacionados con la huelga de hambre iniciada la semana pasada para reclamar la devolución del IDH.
Sin embargo, Costas dio a conocer el miércoles, casi al mismo tiempo de iniciarse la mesa de diálogo en La Paz, la formación de un órgano electoral propio en Santa Cruz para la designación de autoridades regionales en enero de 2009.
El Gobierno de Morales ha expresado su malestar por la actuación de Costas y ha insistido en que este tipo de decisiones autonomistas son ilegales, pues, a su juicio, los estatutos de autogobierno aprobados por la “media luna” están fuera del marco constitucional.
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