Infraestructura y chatarra

El robo de cables y otros metales se ha convertido en un mal que afecta con mayor frecuencia los servicios públicos del país, y para algunas chatarreras en un negocio que requiere control.

El problema no es solo de Costa Rica. Algunos países europeos hasta han sufrido interrupciones en el servicio de tren por culpa de un cable cortado, y en naciones latinoamericanas, las pérdidas de las empresas telefónicas por la necesidad de reponer lo robado ascienden en ocasiones a millones de dólares.

Ante ello, algunos países, como Chile, han propuesto la creación de registros de compraventa de metales no ferrosos y han ido más allá, al punto de proponer la exención en el pago de los servicios cuando estos sean interrumpidos.

Otras naciones han pensado lógicamente en el aumento de penas por el delito del robo, y —como anunció el Ministerio de Hacienda costarricense recientemente— se busca atacar no solo el hecho delictivo, sino también lo que lo incentiva: el dinero.

El robo de estos materiales tiene como fin único la exportación como chatarra, lo cual genera ingresos a algunas empresas. Esta acción no sería impropia, si no fuera porque entre lo exportado figuran comúnmente productos robados.

El incentivo de estas empresas se basa en precios relativamente buenos en el mercado internacional. El precio del cobre por ejemplo, ha mantenido una tendencia al alza desde 2001, y junto con otros metales, su precio mejora cada vez más, impulsado por el boom constructor de países como India y China.

Sin embargo, no se puede incentivar que se tome infraestructura útil y se vuelva chatarra para exportarla, como está ocurriendo en la actualidad. El control en aduanas aplicado por Hacienda es solo un hilo de una extensa telaraña de medidas que deben tomarse.

El control debe ser estricto. Hay que encontrar los mecanismos para castigar fuertemente no solo al ladrón, sino también a quien compra lo robado.

Asimismo, se debe promover una vigilancia más estricta por parte de las autoridades policiales, y se debe impulsar entre las instituciones a cargo de los servicios, el desarrollo de obras que tomen en cuenta los problemas de inseguridad actuales.