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Legisladores discrepan sobre el rumbo que debe tomar la indagación de ahora en adelante
Informes agudizan investigación sobre narcoguerrilla

• Oposición insiste en que se extienda las comparecencia de Rogelio Ramos
• Políticos citados en último documento enviado por Colombia alegan gestiones a favor de la paz

Carlos Jesús Mora y Eduardo Baldares
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La divulgación de un informe sobre los supuestos vínculos de costarricenses con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Costa Rica encendió la mecha de la discrepancia sobre el rumbo que deben tomar las investigaciones a partir de ahora.
Las últimas comparecencias —las de los ex ministros de Seguridad Fernando Berrocal y Rogelio Ramos— y los documentos que se suman a la investigación, dictan distintos escenarios a los diputados, por lo que el consenso que se percibía al inicio empieza a empañarse.
Liberación Nacional (PLN) apunta a que se estudie el documento sobre las 36 menciones de Costa Rica que se desprende de la computadora del sublíder guerrillero Raúl Reyes, abatido el 1° de marzo. De igual forma piden que se llame a audiencia a las autoridades de Migración y Extranjería y la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) de las administraciones pasada y actual, así como a las personas de las que se hace mención en el documento.
Por su lado, el Partido Acción Ciudadana (PAC) apela a que se extiendan las comparecencias del ex ministro Ramos, pues el resto de los indicios “son negociaciones transparentes de personas sin poder de decisión y de segundo plano”.
Las alusiones a personas que se reunieron con miembros de las FARC en aras de encontrar una salida pacífica a la guerra son irrelevantes, porque no se trata de gente con influencia, con poder de decisión”, aseveró Marvin Rojas, legislador del PAC.
A su juicio el énfasis debe ser el de seguir con la interpelación a Rogelio Ramos, quien “parece tener una enorme influencia sobre el presidente Oscar Arias, porque después de reunirse con él se tomó la decisión de quitarle el mando del Ministerio a Fernando Berrocal, en cuya gestión se incautaron más de 65 toneladas de cocaína, en comparación con las 18 que cayeron en la época de don Rogelio”.
Al respecto, Ramos respondió a Rojas que “no tiene ninguna capacidad de interpretar los datos, porque el 42% de esos decomisos lo hizo Estados Unidos en aguas internacionales, y ha sido producto de algo que se gestó durante mi gestión. En cuanto a la reunión con el Presidente, solo fui a preguntarle si su opinión sobre mí era igual a la del señor Berrocal. Y me respondió que no”.
José Merino, diputado del Frente Amplio, cuyo nombre aparece en el informe colombiano, expresó que “no se debe desviar la atención de lo realmente importante”, y consideró que se deben diferenciar muy bien los diálogos públicos “transparentes” que se han tenido con las FARC, “en medio de una negociación por la paz”, de otros acercamientos que sí podrían tener “vinculaciones delictivas”.
“Si se distrae la atención sobre lo primero, se favorece el narcotráfico, porque se relega lo que realmente es importante investigar, como las aseveraciones hechas por el ex ministro de Seguridad Fernando Berrocal, en el sentido de que hay ex agentes de la Dirección de Inteligencia y Seguridad colaborando con el narcotráfico”, concluyó el diputado.
Entretanto, el Ejecutivo no varía su discurso y alega que su accionar ha sido transparente al remitir toda la documentación enviada por Colombia a la comisión especial.

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