Incultura de servicios fomenta discriminación
Redacción La República redaccion@larepublica.net | Jueves 12 junio, 2008
Barreras físicas y culturales dificultan acceso a personas con necesidades especiales
Incultura de servicios fomenta discriminación
• A 12 años de implementarse la Ley 7600 son más los pendientes que los avances en materia de accesibilidad
• Empresarios desaprovechan el potencial que les podría generar un 10% de la población
Eduardo Baldares
ebaldares@larepublica.net
Un país donde los invidentes no pueden abordar taxis ni buses con sus perros guías, donde los usuarios en sillas de ruedas no pueden hacer trámites porque los edificios no los dejan, donde las personas con necesidades especiales dependen de otros para hacer casi cualquier cosa, donde el 85% de ellas no tiene trabajo y, para colmos, tienen que soportar malos modos en comercios e instituciones, es un país que fomenta la discriminación.
A 12 años de implementarse la Ley 7600 se han logrado algunos avances, pero falta muchísimo para convertir su nombre —Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad— en una realidad.
Para comenzar, el término “discapacidad” está mal entendido, pues esta no es una condición inherente de las personas; es el entorno el que coloca barreras tanto físicas como sociales a los ciudadanos, de manera que alguien con deficiencia visual no puede subir al transporte público con un perro que es como sus ojos.
“Se etiqueta a la persona como discapacitada porque no puede subir unas gradas, por ejemplo, pero si el edificio tuviera ascensores adecuados entonces sí tendría la capacidad de usar las instalaciones”, profundizó Gilberto Campos, vicepresidente de Consumidores de Costa Rica.
Basado en ciertos principios, que al aplicarse permiten el uso general de servicios e infraestructura, permitiéndoles a todas las personas sin importar su condición disfrutar de seguridad, comodidad y autonomía, el diseño universal es una aplicación muy reciente en el país, tal como explicó el arquitecto Mario Víquez, pionero de esta modalidad en Costa Rica.
Además de condiciones básicas como anchura de los pasillos y uso de niveles sin gradas, elevadores y rampas tanto en zonas de paso como en salidas de emergencia, “los lugares tienen que ser asequibles en cuanto a la utilización del servicio, de forma que una persona en silla de ruedas pueda alcanzar lo que necesite”, amplió Víquez.
En cuanto al trato personal, “cuando alguien no tiene el entrenamiento específico, va a retrasar al usuario con necesidades especiales. “El lenguaje de señas costarricense es tan oficial de nuestro país como el español, pero ¿cuántas personas lo manejan? ¿Cuántas instituciones y comercios disponen de información en braille, o bien en discos compactos audibles? Hace falta cultura para disponer siempre de formatos alternativos necesarios para comunicarse oportuna y profesionalmente con este segmento de la población”, cuestionó Víquez.
Si en términos generales el país está retrocediendo en servicio a clientes y usuarios, tal como ha venido denunciando LA REPUBLICA, esta pobreza cultural afecta a las personas con necesidades especiales aún más.
“Si no estamos preparados ni para atender bien a la población general, imagínese cuán rezagados estamos en la atención a este 10% de la ciudadanía”, acotó Oscar López, diputado del Partido Accesibilidad Sin Exclusión.
“Sí se están dando prácticas discriminatorias. Cada vez recibimos más denuncias simplemente por maltrato y eso es inconcebible”, subrayó Cynthia Zapata, directora de la Comisión Nacional del Consumidor.
Aunque no dio cifras, pues considera que clasificar las denuncias de los consumidores según un criterio de discapacidad sería “discriminatorio”, Gilberto Campos considera que comerciantes y funcionarios no están capacitados para atender bien a las personas con necesidades especiales.
“Quizás nos hemos concentrado en adaptar la infraestructura, así sea lentamente, cuando lo primero que debe mejorarse es la conciencia. Las políticas inclusivas deberían ser clave en la elaboración de las nuevas estrategias institucionales, así como tiene que serlo la consideración de este público meta en el ámbito comercial”, propuso Campos.
El vicepresidente de Consumidores de Costa Rica considera que en el sector público “hay de todo, desde lugares con ventanillas especiales y personal capacitado, hasta otras más rezagadas. El problema es que cualquier cosa que se haga es un avance, porque hace 12 años no había nada”.
Para Campos, “es necesario que los mercadólogos piensen de forma inclusiva, no solo por lo humanístico, sino por lo comercial, pues se trata de un segmento del 10% al que no se le está dando la atención que merece. Hemos detectado más avances en el sector público que en el privado, pero con este último es con el que las personas tienen más relación”.
En materia de avances, el diputado López rescató la obligatoriedad de poner cajas registradoras para personas con deficiencias visuales en los supermercados, así como la implementación de filas especiales en todo el sistema bancario. “Incluso el Popular ya tiene cajeros automáticos audibles”.
¿Y el resto de los negocios e instituciones qué? López aceptó que “es más, muchísimo más lo pendiente”, pero vio una luz de esperanza en los servicios de apoyo desde la educación primaria. “Hay que desmitificar el tema, sensibilizar a la población como en el caso de las prácticas inclusivas en las escuelas, donde niños con necesidades especiales asisten a los grupos regulares. Eso sensibiliza a los ciudadanos desde la niñez, y creo que es la mejor solución”.
Incultura de servicios fomenta discriminación
• A 12 años de implementarse la Ley 7600 son más los pendientes que los avances en materia de accesibilidad
• Empresarios desaprovechan el potencial que les podría generar un 10% de la población
Eduardo Baldares
ebaldares@larepublica.net
Un país donde los invidentes no pueden abordar taxis ni buses con sus perros guías, donde los usuarios en sillas de ruedas no pueden hacer trámites porque los edificios no los dejan, donde las personas con necesidades especiales dependen de otros para hacer casi cualquier cosa, donde el 85% de ellas no tiene trabajo y, para colmos, tienen que soportar malos modos en comercios e instituciones, es un país que fomenta la discriminación. A 12 años de implementarse la Ley 7600 se han logrado algunos avances, pero falta muchísimo para convertir su nombre —Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad— en una realidad.
Para comenzar, el término “discapacidad” está mal entendido, pues esta no es una condición inherente de las personas; es el entorno el que coloca barreras tanto físicas como sociales a los ciudadanos, de manera que alguien con deficiencia visual no puede subir al transporte público con un perro que es como sus ojos.
“Se etiqueta a la persona como discapacitada porque no puede subir unas gradas, por ejemplo, pero si el edificio tuviera ascensores adecuados entonces sí tendría la capacidad de usar las instalaciones”, profundizó Gilberto Campos, vicepresidente de Consumidores de Costa Rica.
Basado en ciertos principios, que al aplicarse permiten el uso general de servicios e infraestructura, permitiéndoles a todas las personas sin importar su condición disfrutar de seguridad, comodidad y autonomía, el diseño universal es una aplicación muy reciente en el país, tal como explicó el arquitecto Mario Víquez, pionero de esta modalidad en Costa Rica.
Además de condiciones básicas como anchura de los pasillos y uso de niveles sin gradas, elevadores y rampas tanto en zonas de paso como en salidas de emergencia, “los lugares tienen que ser asequibles en cuanto a la utilización del servicio, de forma que una persona en silla de ruedas pueda alcanzar lo que necesite”, amplió Víquez.
En cuanto al trato personal, “cuando alguien no tiene el entrenamiento específico, va a retrasar al usuario con necesidades especiales. “El lenguaje de señas costarricense es tan oficial de nuestro país como el español, pero ¿cuántas personas lo manejan? ¿Cuántas instituciones y comercios disponen de información en braille, o bien en discos compactos audibles? Hace falta cultura para disponer siempre de formatos alternativos necesarios para comunicarse oportuna y profesionalmente con este segmento de la población”, cuestionó Víquez.
Si en términos generales el país está retrocediendo en servicio a clientes y usuarios, tal como ha venido denunciando LA REPUBLICA, esta pobreza cultural afecta a las personas con necesidades especiales aún más.
“Si no estamos preparados ni para atender bien a la población general, imagínese cuán rezagados estamos en la atención a este 10% de la ciudadanía”, acotó Oscar López, diputado del Partido Accesibilidad Sin Exclusión.
“Sí se están dando prácticas discriminatorias. Cada vez recibimos más denuncias simplemente por maltrato y eso es inconcebible”, subrayó Cynthia Zapata, directora de la Comisión Nacional del Consumidor.
Aunque no dio cifras, pues considera que clasificar las denuncias de los consumidores según un criterio de discapacidad sería “discriminatorio”, Gilberto Campos considera que comerciantes y funcionarios no están capacitados para atender bien a las personas con necesidades especiales.
“Quizás nos hemos concentrado en adaptar la infraestructura, así sea lentamente, cuando lo primero que debe mejorarse es la conciencia. Las políticas inclusivas deberían ser clave en la elaboración de las nuevas estrategias institucionales, así como tiene que serlo la consideración de este público meta en el ámbito comercial”, propuso Campos.
El vicepresidente de Consumidores de Costa Rica considera que en el sector público “hay de todo, desde lugares con ventanillas especiales y personal capacitado, hasta otras más rezagadas. El problema es que cualquier cosa que se haga es un avance, porque hace 12 años no había nada”.
Para Campos, “es necesario que los mercadólogos piensen de forma inclusiva, no solo por lo humanístico, sino por lo comercial, pues se trata de un segmento del 10% al que no se le está dando la atención que merece. Hemos detectado más avances en el sector público que en el privado, pero con este último es con el que las personas tienen más relación”.
En materia de avances, el diputado López rescató la obligatoriedad de poner cajas registradoras para personas con deficiencias visuales en los supermercados, así como la implementación de filas especiales en todo el sistema bancario. “Incluso el Popular ya tiene cajeros automáticos audibles”.
¿Y el resto de los negocios e instituciones qué? López aceptó que “es más, muchísimo más lo pendiente”, pero vio una luz de esperanza en los servicios de apoyo desde la educación primaria. “Hay que desmitificar el tema, sensibilizar a la población como en el caso de las prácticas inclusivas en las escuelas, donde niños con necesidades especiales asisten a los grupos regulares. Eso sensibiliza a los ciudadanos desde la niñez, y creo que es la mejor solución”.
