Concesión de  APM reaviva debate sobre quién debe gestionar servicios

Inconsistente posición de sindicatos al apoyar los monopolios estatales, dicen empresarios

Sindicalistas afirman que su posición es nacionalista y legítima

RESUMEN EJECUTIVO
La mayoría de los sindicatos están de acuerdo con el hecho de que el Estado tenga monopolios en varias áreas comerciales, pero se oponen a que alguna empresa privada tenga el derecho de manejar una concesión.
Sin embargo, cualquier proyecto debería cumplir con los criterios que lo hacen eficiente para el país, en lo que a los temas de costo y eficiencia se refiere, sin importar quien lo opere.
La posición de los sindicatos además refleja una intención más que todo de proteger sus privilegios, afirman varias cámaras empresariales, mientras casi el 90% de los lectores de LA REPÚBLICA rechaza la posición sindicalista, de acuerdo con un sondeo celebrado por este medio.

La mayoría de los sindicatos costarricenses está satanizando la propuesta de concesión del puerto de contenedores de Limón a una empresa holandesa, por ser un monopolio privado, etiqueta que las máximas autoridades judiciales del país se encargaron de desmentir.
Pero aun si fuera un monopolio, se trata de una incoherencia de parte de los sindicalistas, ninguno de los cuales está objetando a otros monopolios, o casi monopolios, como es el de la generación eléctrica, así como la importación de los combustibles.
Son casos distintos, argumentan los sindicatos, por tratarse de monopolios públicos.
Sin embargo, no existe ningún principio básico que asegura que un monopolio público sea aceptable, mientras el privado sea nocivo.
Es cierto que una empresa privada lucraría, al contar con el derecho de manejar un proyecto de carácter monopolístico, pero para el público, lo importante es si el proyecto es o no eficiente.
El hecho de que el mismo proyecto fuera estatal sería contraproducente, si el costo final al consumidor es mayor de lo que habría sido el caso con el manejo privado.
Hay varios aspectos que se han de tomar en cuenta para determinar cuál es la forma óptima de crear y operar un monopolio, que es necesario en algunos casos.
En lo que a puertos, aeropuertos, carreteras y otras obras se refiere es inevitable aprovechar la figura del monopolio, resulta inviable tener múltiples puertos o aeropuertos en un solo lugar, o conectar dos lugares por varias carreteras.
Sin embargo, la concesión no implica un daño a la sociedad.
Por el contrario, cada caso depende de varios factores, sobre todo el grado de especialización del proyecto y el costo, que tiene que ver con el tema del financiamiento, así como el precio eventualmente cobrado al ciudadano.
Con respecto al grado de complejidad, conforme el proyecto requiera un mayor grado de especialización es menos probable que el Estado cuente con las habilidades necesarias.
En el caso de un puerto o aeropuerto, la empresa privada a menudo tiene los contactos con las navieras y aerolíneas de todo el mundo para gestionar el negocio, mientras maneja la tecnología de punta.
Además, cuenta con las economías de escala para comprar grúas, equipos de transferencia y otros activos a costo competitivo.
El Estado puede hacer carreteras, entre otras obras, cuya construcción no requiere las destrezas especiales.
Sin embargo, hay dudas sobre la capacidad gerencial del Estado, una vez que la obra sea construida, tomando como ejemplo los peajes de las carreteras públicas, que sirven únicamente para obligar a los usuarios a perder tiempo y quemar combustible, sin generar ningún recurso económico para el mejoramiento de las vías, que supuestamente es su razón de existir.
En cuanto al costo, el Estado puede contar con el acceso a los fondos para invertir en una obra, a tasas favorables, por ser prestatario soberano.
Por otro lado, los fondos serían caros, si se tratara de un Estado que ya está altamente endeudado, como es el caso actual de Costa Rica.
Otro aspecto del costo tiene que ver con la pregunta de quién le daría al ciudadano el mejor servicio por el mejor precio.
En el caso de los monopolios estatales, podrían proveer un buen servicio.
Sin embargo, en algunos casos sirven más que todo para generar empleo, en lugar de proporcionar los mismos servicios con menos gente.
Además, a varios monopolios públicos les falta la capacidad de planificación a largo plazo, dado que las juntas directivas son nombradas por consideraciones políticas y no por experiencia.
Es cierto que una empresa extranjera sacaría sus utilidades del país. No obstante, primero pagaría los impuestos del 40,5%, conformado por el impuesto sobre la renta, así como el pago de los dividendos.
Al final de cuentas, la concesión saldría más cómoda para la ciudadanía, cuando la combinación de los tributos y el costo del servicio sea más atractivo que la opción del monopolio público.

Redacción
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