Incofer está en competencia por “atraer usuarios”, insiste el Gobierno

Debido a que el Incofer está en competencia para atraer usuarios al servicio del tren, frente a otras modalidades de transporte público como autobuses y taxistas, la ley de fortalecimiento del Incofer que aprobaron esta semana los diputados, no tendría ningún problema en lograr el visto bueno en la Sala IV.

Ese es el criterio de Luis Paulino Mora, viceministro de la Presidencia, quien minimizó el reclamo presentado por los diputados hoy.

La iniciativa en cuestión permitiría al Incofer tomar decisiones más ágiles en cuanto a las alianzas estratégicas que suscriba y en cuanto a la inversión, al desprenderse de la ley de contratación administrativa en algunos casos, tal y como opera el ICE hoy día frente a otras compañías telefónicas.

“La decisión de soltarle las amarras al Incofer, se hizo bajo la premisa de que esta institución está en competencia, sin embargo, también es cierto que la institución se plegará a todos los controles administrativos, con ciertos proyectos de una cuantía significativa”, dijo el viceministro.

Esta mañana diputados de cinco partidos entre los que se encuentran los legisladores del PUSC, el Movimiento Libertario y el PASE, presentaron una consulta a la Sala Constitucional para determinar la legalidad de la ley del Incofer.

Los diputados temen que la apertura a la hora de hacer contrataciones se convierta en caldo de cultivo para nuevos escándalos de corrupción, dijo Johnny Leiva, diputado del PUSC.

Mientras tanto, Otto Guevara del Movimiento Libertario, señaló que la misma Contraloría, ha señalado la inconveniencia de “soltarle” las amarras al Incofer, ya que no se puede garantizar que la institución tome las mejores decisiones para el Estado en términos de oferta y costo.

Otro aspecto que preocupa a los legisladores, es la posibilidad de que el Incofer ponga en garantía hasta un 40% de sus activos valorados en unos $1 mil millones.

En ese sentido, los legisladores señalan que los activos del Incofer son bienes demaniales, es decir, de orden público que no podrían ser hipotecados como pretende el Gobierno.

Sobre este tema, Mora señaló que los bancos podrían pedir una garantía de hacienda y que la interpretación que da el Gobierno de la ley, es diferente a la que hacen los legisladores en este momento.