Impuesto a Sociedades Anónimas dará ínfimo aporte a cárceles
Entre 2007 y 2016, apenas ha aumentado la capacidad carcelaria en un 14%, mientras que en ese mismo periodo, los reos se incrementaron en un 67%. Gerson Vargas/La República
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Sin importar el elevado hacinamiento carcelario, el Gobierno solo usaría el 5% de lo que recaude mediante el nuevo Impuesto a las Sociedades Anónimas, para construir nuevas cárceles.

De esta forma, el Ministerio de Justicia apenas tendría unos ¢2 mil millones adicionales, en el entendido de que logre recaudar unos ¢40 mil millones anuales por concepto de dicho gravamen cuando se apruebe la ley.

Mientras tanto, Zapote se ha visto en la necesidad de liberar, o cambiar de régimen a unos 6 mil reos por falta de espacio desde 2014, alegando que no puede violentar los Derechos Humanos, generando fuertes críticas por parte de abogados penalistas, políticos y otros sectores.

Ante la situación, legisladores del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) proponen hacer un cambio en el proyecto de ley que se discute en la Asamblea Legislativa sobre el tributo a las personas jurídicas, el cual se podría votar esta misma semana.

Se trata de un rebalanceo que le otorgaría hasta un 45% del dinero recaudado al Ministerio de Justicia en el primero y segundo años de entrada en vigencia de la ley y posteriormente, se reduciría a un 35%, 25% y 15% finalmente al cabo de cinco años.

La idea es que Justicia consiga unos ¢72 mil millones en un quinquenio, lo cual le alcanzarían para construir 5.600 cupos carcelarios y así reducir la presión actual sobre el sistema.

En estos momentos, el proyecto de ley que debaten los legisladores establece que el 90% de lo que se recaude, quedará en manos del Ministerio de Seguridad Pública, mientras que 5% sería para el Organismo de Investigación Judicial y un 5% para el Ministerio de Justicia.

“Hay una contradicción grande en cuanto al buen uso de estos recursos que nos recuerda el juego de policías y ladrones de los niños. No tiene sentido darle más dinero a Seguridad para que haga su trabajo, para que después venga el Ministerio de Justicia a liberar reos de forma masiva, como lo ha hecho hasta el momento”, dijo Gerardo Vargas, jefe de fracción del PUSC.

Sobre este tema, se trató de obtener la opinión de Cecilia Sánchez, ministra de Justicia, pero no respondió las preguntas enviadas a través de la oficina de prensa.

En su lugar, un asesor de prensa aseveró en un correo electrónico que “el Ministerio de Justicia y Paz prefiere no opinar sobre la última consulta por estar en juego dos instituciones hermanas, por lo que esperamos la prudencia y definición adecuada según los legisladores”.

Mientras tanto, la bancada oficialista del PAC desconoce la propuesta del PUSC, aunque calificó la idea como de “sentido común”, de acuerdo con palabras de Laura Garro, jefa de fracción rojiamarilla.

El proyecto de ley que establece nuevos tributos a las sociedades anónimas, entró desde hoy en su última fase, al aplicarse un trámite acelerado para conocer las mociones pendientes, en donde no habrá debate adicional por cada enmienda, sino tan solo su votación.

En estos momentos, se estima el hacinamiento carcelario en un 40%, lo cual se debe básicamente a la deficiente construcción de cupos, ya que entre 2007 y 2016, apenas ha aumentado la capacidad carcelaria en un 14%, mientras que en ese mismo periodo, la población privada de libertad se disparó en un 67%.

En el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno, se estima que se construirán unos 4 mil nuevos espacios; sin embargo, existe duda sobre eso, porque hay proyectos rezagados, mientras que otros planes de gran impacto como los 1.700 espacios para La Reforma están aún en proceso de diseño y aprobación de planos desde setiembre del año pasado.

El Impuesto a las Sociedades Anónimas que exige el presidente Luis Guillermo Solís para financiar la lucha contra el hampa, se pagaría de forma escalonada, dependiendo de la actividad de la persona jurídica.

Por ejemplo: las sociedades anónimas inactivas y que no tengan ingresos, deberían desembolsar unos ¢64 mil al año para mantenerse vigentes.

Aquellas que se encuentran activas se dividirían en tres clases: ¢106 mil para las que tengan ingresos menores a ¢51 millones, ¢127 mil para las que sumen utilidades entre ¢51 millones y ¢119 millones, y ¢212 mil para las que tengan ingresos superiores a los ¢119 millones.

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