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Improsa se retira de concurso para administrar fideicomiso de vía a San Ramón

Rodrigo Díaz rdiaz@larepublica.net | Miércoles 16 diciembre, 2015




Para manejar el fideicomiso de la ampliación de la carretera San José – San Ramón quedan solo tres bancos, ya que Improsa desistió seguir en el proceso.
A la reunión para la presentación del concurso, efectuada el pasado viernes, asistieron los representantes de Bancrédito, BCR y Lafise, quienes escucharon los términos de referencia por parte de funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
Para el encuentro fueron convocados los seis bancos que originalmente mostraron interés en el proceso. Sin embargo, BCT y Scotiabank ya se habían retirado.
La selección del fiduciario se dará a conocer a principios de febrero, luego de que una comisión analice las ofertas, que deben presentarse antes del 25 de enero.
Se intentó obtener las razones de Improsa para desistir, pero, al cierre de edición, sus voceros no habían respondido las preguntas al correo.
La elaboración del cartel conllevó un proceso de unos nueve meses, tiempo en el cual el Gobierno tomó en cuenta las observaciones y sugerencias de múltiples sectores, tanto profesionales, académicos, como de la comunidad.
También se hicieron varias reuniones con las entidades financieras para aclarar todas las dudas en torno a las necesidades de la vía.
La complejidad de este proceso no solo hizo desistir a los tres bancos mencionados, sino que también repelió a otras entidades, como el Banco Nacional, que, no obstante, sí apoyaría el proyecto como inversionista, según destacó Juan Carlos Corrales, gerente general de la entidad.
El banco fiduciario contará con acceso a un crédito por un máximo de ¢11 mil millones para financiar todos los estudios previos que se requieren.
El fideicomiso, que deberá estar listo en el primer semestre de 2016, es la figura escogida por el presente Gobierno para sustituir la concesión de obra pública para el trayecto entre San José y San Ramón, otorgado a la empresa brasileña OAS.
Esta concesión fue revocada durante la administración de Laura Chinchilla, en 2013.







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