Igualdad en la justicia salarial
| Sábado 15 mayo, 2010
Igualdad en la justicia salarial
En Costa Rica, según la Constitución Política, legislar es una potestad del pueblo, delegada mediante el sufragio en la Asamblea Legislativa. Dicha potestad, en principio, debería ser valorada por quienes la ostentan, como un privilegio al que debe darse buen uso, ya que unos pocos han sido designados para representar a muchos.
Cosa curiosa y sin precedentes es el tan debatido posible aumento salarial que pretenden aprobar los diputados, nada modesto ni humilde, de un 60%. Asombrosa es la celeridad y acuerdo logrados hasta el momento sobre este tema. No obstante, hace muy pocos días, la prensa nacional anunció que el déficit fiscal con el que la nueva administración debe lidiar es de cerca del 5%. Las nuevas autoridades vaticinan tiempos duros, en los que la austeridad encabeza la demanda. Sin embargo, si tal aumento se llegara a aprobar, significaría una carga de ¢85 millones mensuales en el presupuesto nacional. Pareciera ser a simple vista, que el discurso político dista mucho del mensaje de bonanza económica que sale de los pasillos legislativos.
Vivimos en un régimen de libertad pero también de igualdad. Según el Diccionario de la Real Academia Española, la igualdad ante la ley es el: “Principio que reconoce a todos los ciudadanos capacidad para los mismos derechos”. Cabe acotar que la misma Constitución Política asegura la igualdad de todas las personas ante la ley, y por tanto, no debe practicarse ningún tipo de discriminación. Aún más, el Estado tiene la responsabilidad, según la misma Carta Magna, de procurar el mayor bienestar para todos aquellos que habitan Costa Rica. Es decir, es en suma, la búsqueda del bien común. Si el argumento que se esgrime a favor del incremento salarial, es la justicia salarial, esta debe procurarse no únicamente para unos pocos, en el caso que nos ocupa, unas escasas decenas. Antes bien, debe ser una tarea que beneficie a los habitantes del país, reitero a la totalidad de ellos. Aplaudo la tesis de quienes defienden el argumento de justicia salarial, de hecho la misma Constitución lo hace en uno de sus artículos, al equiparar la igualdad salarial a la igualdad de trabajo, en idénticas condiciones de eficiencia. La eficiencia laboral, por otra parte, es una responsabilidad individual del trabajador, en cualquier puesto que se desempeñe. Así pues, para la mayor parte de los puestos de trabajo, en el sector bien sea público o privado, se requiere tener preparación académica y experiencia laboral como mínimo, a fin de garantizar la idoneidad del trabajador.
Sin abandonar el tema del bien común, es preocupante que el porcentaje de pobreza en Costa Rica actualmente sea del 20%. En otras palabras, dos de cada diez costarricenses enfrentan diariamente situaciones de carestía. Los niños y jóvenes tampoco escapan a la realidad económica. La deserción estudiantil que tanto preocupa a nuestras autoridades, tiene como una de sus principales variables la situación económica del estudiantado. Si no logra revertirse, mermará la capacidad de quienes no concluyan sus estudios, de acceder a buenas fuentes de empleo, en menoscabo del futuro desarrollo del país. El año pasado poco más de medio millón de costarricenses ni siquiera alcanzaron el salario mínimo establecido por ley. De hecho, la Constitución también se refiere en otro de sus artículos, al derecho del trabajador a un salario mínimo que procure su existencia digna y bienestar.
Si existe voluntad política de defender a capa y espada la justicia salarial, debe por tanto existir la misma voluntad para que se aplique en condiciones de igualdad al resto de los costarricenses, porque todos somos iguales ante la ley.
Isabel Rivero Roch
En Costa Rica, según la Constitución Política, legislar es una potestad del pueblo, delegada mediante el sufragio en la Asamblea Legislativa. Dicha potestad, en principio, debería ser valorada por quienes la ostentan, como un privilegio al que debe darse buen uso, ya que unos pocos han sido designados para representar a muchos.
Cosa curiosa y sin precedentes es el tan debatido posible aumento salarial que pretenden aprobar los diputados, nada modesto ni humilde, de un 60%. Asombrosa es la celeridad y acuerdo logrados hasta el momento sobre este tema. No obstante, hace muy pocos días, la prensa nacional anunció que el déficit fiscal con el que la nueva administración debe lidiar es de cerca del 5%. Las nuevas autoridades vaticinan tiempos duros, en los que la austeridad encabeza la demanda. Sin embargo, si tal aumento se llegara a aprobar, significaría una carga de ¢85 millones mensuales en el presupuesto nacional. Pareciera ser a simple vista, que el discurso político dista mucho del mensaje de bonanza económica que sale de los pasillos legislativos.
Vivimos en un régimen de libertad pero también de igualdad. Según el Diccionario de la Real Academia Española, la igualdad ante la ley es el: “Principio que reconoce a todos los ciudadanos capacidad para los mismos derechos”. Cabe acotar que la misma Constitución Política asegura la igualdad de todas las personas ante la ley, y por tanto, no debe practicarse ningún tipo de discriminación. Aún más, el Estado tiene la responsabilidad, según la misma Carta Magna, de procurar el mayor bienestar para todos aquellos que habitan Costa Rica. Es decir, es en suma, la búsqueda del bien común. Si el argumento que se esgrime a favor del incremento salarial, es la justicia salarial, esta debe procurarse no únicamente para unos pocos, en el caso que nos ocupa, unas escasas decenas. Antes bien, debe ser una tarea que beneficie a los habitantes del país, reitero a la totalidad de ellos. Aplaudo la tesis de quienes defienden el argumento de justicia salarial, de hecho la misma Constitución lo hace en uno de sus artículos, al equiparar la igualdad salarial a la igualdad de trabajo, en idénticas condiciones de eficiencia. La eficiencia laboral, por otra parte, es una responsabilidad individual del trabajador, en cualquier puesto que se desempeñe. Así pues, para la mayor parte de los puestos de trabajo, en el sector bien sea público o privado, se requiere tener preparación académica y experiencia laboral como mínimo, a fin de garantizar la idoneidad del trabajador.
Sin abandonar el tema del bien común, es preocupante que el porcentaje de pobreza en Costa Rica actualmente sea del 20%. En otras palabras, dos de cada diez costarricenses enfrentan diariamente situaciones de carestía. Los niños y jóvenes tampoco escapan a la realidad económica. La deserción estudiantil que tanto preocupa a nuestras autoridades, tiene como una de sus principales variables la situación económica del estudiantado. Si no logra revertirse, mermará la capacidad de quienes no concluyan sus estudios, de acceder a buenas fuentes de empleo, en menoscabo del futuro desarrollo del país. El año pasado poco más de medio millón de costarricenses ni siquiera alcanzaron el salario mínimo establecido por ley. De hecho, la Constitución también se refiere en otro de sus artículos, al derecho del trabajador a un salario mínimo que procure su existencia digna y bienestar.
Si existe voluntad política de defender a capa y espada la justicia salarial, debe por tanto existir la misma voluntad para que se aplique en condiciones de igualdad al resto de los costarricenses, porque todos somos iguales ante la ley.
Isabel Rivero Roch