Iglesia denuncia campaña de desprestigio
Redacción La República redaccion@larepublica.net | Jueves 05 junio, 2008
Obispos católicos rechazan presunta intermediación financiera ilegal
Iglesia denuncia campaña de desprestigio
• Poder judicial desestimó querella por administración fraudulenta contra la Conferencia Episcopal, lo que encendió el optimismo de su presidente
• Monseñor Francisco Ulloa espera que al final quede en evidencia “la inexactitud de muchos hechos publicados”
Eduardo Baldares
ebaldares@larepublica.net
Tras desestimar el Poder Judicial una demanda interpuesta por la empresaria italiana Anna Moscarelli contra la Iglesia por presunta administración fraudulenta, autoridades católicas consideran que ese fue el primer paso hacia el esclarecimiento de lo que denominan “una campaña de desprestigio”.
Ahora los jerarcas eclesiales esperan que la denuncia presentada por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) ante el Ministerio Público, por supuesta intermediación financiera ilegal, también absuelva a los obispos, de manera que se entienda que “fuimos víctimas y no partícipes de un fraude”, según declaró Monseñor Francisco Ulloa, presidente de la Conferencia Episcopal en entrevista con LA REPUBLICA.
¿La desestimación por parte del Poder Judicial ante la denuncia de Ana Moscarelli significa un revés para quienes han vinculado a la Iglesia con presunta corrupción?
Sí, porque esa denuncia fue el detonante que suscitó publicaciones sobre cuestionamiento del manejo de los fondos que administra la Conferencia Episcopal en su fondo solidario Servicios Pastorales, desde el año 1982.
¿Qué demuestra la resolución?
Es un primer paso para demostrar que los obispos no tuvimos nada que ver con el negocio de la señora Moscarelli, ni teníamos conocimiento del mismo. En segundo lugar que fueron terceras personas quienes usaron la estructura de Servicios Pastorales y cometieron actos irregulares, en los cuales la Iglesia fue víctima y no partícipe. Con esta resolución judicial la verdad se esclarece y creemos que todo el cuestionamiento que se ha propagado sobre un supuesto manejo irregular de los recursos de la Iglesia, vaya avanzando por el mismo camino.
¿Cómo se explica esta determinación judicial dentro de la globalidad del caso por presunta intermediación financiera ilegal de parte de la Iglesia?
Esperamos que la vía legal a la que está sometido este caso, vaya demostrando la verdad y la justicia, con el fin de dejar en evidencia toda la desinformación y la campaña de descrédito a que ha sido sometida la Iglesia, como lo demuestran la inexactitud, la falsedad y distorsión de muchos hechos publicados.
¿Cuáles podrían ser las causas de lo que ustedes llaman “campaña de desprestigio”? ¿Podría ser un cobro relacionado con la postura eclesial ante el Tratado con Estados Unidos?
Las intenciones que se han propuesto con esta campaña de desprestigio para los obispos, no las conocemos, ni sabemos qué nos están cobrando, ¿acaso la defensa de los principios más sagrados sobre la vida, sobre el matrimonio del hombre y la mujer según el plan de Dios y la defensa de los más desposeídos, ante la acumulación creciente de la riqueza en unos pocos y el clamor de que debe haber una mejor distribución de los bienes?
A raíz de lo que pasó, ¿habría sido más conveniente dar a conocer todo en lugar de intentar remediarlo en casa?
Al finalizar la investigación de la Sugef y darnos las conclusiones en el año 2004, dimos expresamente la orden a la administración que se cumplieran al pie de la letra las indicaciones emanadas de aquella instancia. Se nos prometió que se haría en la mayor brevedad y así lo creíamos.
Pero no se cumplió…
Con el fallecimiento del administrador general y posteriormente con fines de una reorganización, descubrimos que no todo se había cumplido y ante esta situación se hizo una investigación detallada y se elaboró un informe que se presentó a la Sugef, haciendo ver las irregularidades cometidas y el fraude de que habíamos sido objeto.
¿Pecó la Iglesia al depositar demasiada confianza en algunas personas que luego la traicionaron?
En calidad de pastores nuestra dedicación es la atención espiritual de los feligreses que se nos han encomendado; ponemos nuestra confianza en personas calificadas y técnicas en el área y con el debido asesoramiento, para que administren los bienes materiales al servicio de las necesidades de la Iglesia.
¿En qué creen que terminará la investigación?
La Sugef realizó una investigación minuciosa y comprobó el contenido de nuestro informe. Como síntesis y conclusión se afirma en el informe: “La Conferencia Episcopal de Costa Rica fue víctima de un fraude…que la Junta Directiva de la Conferencia Episcopal Nacional de Costa Rica, no tenía conocimiento de lo que acontecía en Servicios Pastorales y que al día de hoy esta Superintendencia no tiene conocimiento de la existencia de personas físicas o jurídicas, directamente perjudicadas…”.
Pero, ¿qué pronostican concluirá el Ministerio Público?
Esperamos que muy pronto concluya este caso, tan lamentable, con el respeto que profesamos a los entes correspondientes de dictar las resoluciones con objetividad y sin presiones de ninguna especie. Aquí aplicamos la sentencia del Evangelio: “La verdad les hará libres”.
¿Qué consecuencias ha tenido o podría tener la serie de publicaciones sobre el caso?
Pedimos a nuestros fieles y personas de buena voluntad, que sigan confiando en sus pastores. Tenemos la conciencia de que siempre hemos actuado con la mejor buena intención y voluntad y lejos de haber incurrido en acciones ilegales ni ilícitas en el manejo de los fondos y recursos de la Iglesia.
Iglesia denuncia campaña de desprestigio
• Poder judicial desestimó querella por administración fraudulenta contra la Conferencia Episcopal, lo que encendió el optimismo de su presidente
• Monseñor Francisco Ulloa espera que al final quede en evidencia “la inexactitud de muchos hechos publicados”
Eduardo Baldares
ebaldares@larepublica.net
Tras desestimar el Poder Judicial una demanda interpuesta por la empresaria italiana Anna Moscarelli contra la Iglesia por presunta administración fraudulenta, autoridades católicas consideran que ese fue el primer paso hacia el esclarecimiento de lo que denominan “una campaña de desprestigio”.
Ahora los jerarcas eclesiales esperan que la denuncia presentada por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) ante el Ministerio Público, por supuesta intermediación financiera ilegal, también absuelva a los obispos, de manera que se entienda que “fuimos víctimas y no partícipes de un fraude”, según declaró Monseñor Francisco Ulloa, presidente de la Conferencia Episcopal en entrevista con LA REPUBLICA.
¿La desestimación por parte del Poder Judicial ante la denuncia de Ana Moscarelli significa un revés para quienes han vinculado a la Iglesia con presunta corrupción?
Sí, porque esa denuncia fue el detonante que suscitó publicaciones sobre cuestionamiento del manejo de los fondos que administra la Conferencia Episcopal en su fondo solidario Servicios Pastorales, desde el año 1982.
¿Qué demuestra la resolución?
Es un primer paso para demostrar que los obispos no tuvimos nada que ver con el negocio de la señora Moscarelli, ni teníamos conocimiento del mismo. En segundo lugar que fueron terceras personas quienes usaron la estructura de Servicios Pastorales y cometieron actos irregulares, en los cuales la Iglesia fue víctima y no partícipe. Con esta resolución judicial la verdad se esclarece y creemos que todo el cuestionamiento que se ha propagado sobre un supuesto manejo irregular de los recursos de la Iglesia, vaya avanzando por el mismo camino.
¿Cómo se explica esta determinación judicial dentro de la globalidad del caso por presunta intermediación financiera ilegal de parte de la Iglesia?
Esperamos que la vía legal a la que está sometido este caso, vaya demostrando la verdad y la justicia, con el fin de dejar en evidencia toda la desinformación y la campaña de descrédito a que ha sido sometida la Iglesia, como lo demuestran la inexactitud, la falsedad y distorsión de muchos hechos publicados.
¿Cuáles podrían ser las causas de lo que ustedes llaman “campaña de desprestigio”? ¿Podría ser un cobro relacionado con la postura eclesial ante el Tratado con Estados Unidos?
Las intenciones que se han propuesto con esta campaña de desprestigio para los obispos, no las conocemos, ni sabemos qué nos están cobrando, ¿acaso la defensa de los principios más sagrados sobre la vida, sobre el matrimonio del hombre y la mujer según el plan de Dios y la defensa de los más desposeídos, ante la acumulación creciente de la riqueza en unos pocos y el clamor de que debe haber una mejor distribución de los bienes?
A raíz de lo que pasó, ¿habría sido más conveniente dar a conocer todo en lugar de intentar remediarlo en casa?
Al finalizar la investigación de la Sugef y darnos las conclusiones en el año 2004, dimos expresamente la orden a la administración que se cumplieran al pie de la letra las indicaciones emanadas de aquella instancia. Se nos prometió que se haría en la mayor brevedad y así lo creíamos.
Pero no se cumplió…
Con el fallecimiento del administrador general y posteriormente con fines de una reorganización, descubrimos que no todo se había cumplido y ante esta situación se hizo una investigación detallada y se elaboró un informe que se presentó a la Sugef, haciendo ver las irregularidades cometidas y el fraude de que habíamos sido objeto.
¿Pecó la Iglesia al depositar demasiada confianza en algunas personas que luego la traicionaron?
En calidad de pastores nuestra dedicación es la atención espiritual de los feligreses que se nos han encomendado; ponemos nuestra confianza en personas calificadas y técnicas en el área y con el debido asesoramiento, para que administren los bienes materiales al servicio de las necesidades de la Iglesia.
¿En qué creen que terminará la investigación?
La Sugef realizó una investigación minuciosa y comprobó el contenido de nuestro informe. Como síntesis y conclusión se afirma en el informe: “La Conferencia Episcopal de Costa Rica fue víctima de un fraude…que la Junta Directiva de la Conferencia Episcopal Nacional de Costa Rica, no tenía conocimiento de lo que acontecía en Servicios Pastorales y que al día de hoy esta Superintendencia no tiene conocimiento de la existencia de personas físicas o jurídicas, directamente perjudicadas…”.
Pero, ¿qué pronostican concluirá el Ministerio Público?
Esperamos que muy pronto concluya este caso, tan lamentable, con el respeto que profesamos a los entes correspondientes de dictar las resoluciones con objetividad y sin presiones de ninguna especie. Aquí aplicamos la sentencia del Evangelio: “La verdad les hará libres”.
¿Qué consecuencias ha tenido o podría tener la serie de publicaciones sobre el caso?
Pedimos a nuestros fieles y personas de buena voluntad, que sigan confiando en sus pastores. Tenemos la conciencia de que siempre hemos actuado con la mejor buena intención y voluntad y lejos de haber incurrido en acciones ilegales ni ilícitas en el manejo de los fondos y recursos de la Iglesia.