Hueco fiscal: ¿actuación prudente del Gobierno Solís, o engaño en campaña electoral?

Para lidiar con un ambiente fiscal complicado a finales de 2017 e inicios de 2018, el gobierno de Luis Guillermo Solís tomó varias medidas inusuales; en especial, respecto a la colocación de bonos de corto plazo.

La pregunta que la Asamblea está analizando en este momento, es si se trata de medidas prudentes en el contexto de la situación que vivía el país, o si era una actuación indebida que además favoreció al partido oficialista en la entonces campaña electoral.

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En cuanto a la raíz del problema, es un hecho que el Gobierno a finales de 2017 enfrentaba una crisis de liquidez en parte por el bajo nivel de los ingresos. Incluso en diciembre sostuvo problemas para pagar el aguinaldo de los funcionarios.

De allí vienen las dos versiones de lo que sucedió, las que pueden resumirse de la siguiente manera:

Actuación prudente

• El Gobierno de Costa Rica tiene que pagar lo que debe, incluidas remuneraciones, servicio de la deuda, y otros gastos.
• Al excluir la opción de incumplir sus obligaciones, que no habría sido recomendable para el país, la única forma mediante la cual el gobierno pudo sufragar un déficit mayor de lo esperado era pedir más dinero prestado a corto plazo.
• Así que el Gobierno en diciembre 2017 acudió al mercado para pedir el dinero necesario, con colocaciones de corto plazo.
• Los inversionistas eran renuentes a prestar dinero a largo plazo en ese entonces por la preocupación sobre la situación fiscal nacional.
• Decir esas cosas abiertamente habría sido una mala estrategia al empeorar aún más las condiciones del mercado.
• El monto emitido a corto plazo excedió lo que el presupuesto de ese año contempló.
• Sin embargo, era una medida prudente en su momento. Incluso el gobierno de Carlos Alvarado después pudo volver a vender los bonos a largo plazo a tasas razonables, ya que el ambiente del mercado se había calmado.

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Actuación indebida

• El hecho de que una actuación indebida o ilegal no cause daño, no la justifica.
• Costa Rica es un país de leyes, no de decisiones subjetivas de un Gobierno.
• El presupuesto de 2017 previó la cantidad que se podía colocar a corto plazo y se excedió.
• Pedir más dinero a corto plazo de lo autorizado expuso al país al riesgo de que no hubiera forma práctica de pagar deuda con el presupuesto de ese año.
• En el momento en el que el Gobierno se dio cuenta de la deficiencia fiscal, tuvo la obligación de pedir el permiso de cancelarla, de forma transparente, al solicitarle a la Asamblea un presupuesto extraordinario.
• Incluso, aunque no conociera el monto exacto para pedir un presupuesto extraordinario, tuvo muchos meses para advertir acerca del faltante.
• Sin embargo, el Gobierno actuó de forma unilateral y escondida, incluso durante la campaña electoral. Esta pudo haber tenido otro resultado si el público hubiera conocido la condición precaria de la economía dejada por la administración Solís

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¿Cómo llegamos al hueco fiscal?

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El Gobierno de Luis Guillermo Solís tomó varias medidas inusuales (basado en el informe de la comisión).

Diciembre 2017 Colocan ¢819.000 millones, la mayoría vence dentro de seis meses.

Enero 2018 Alcanzan un 75% del presupuesto anual para títulos de corto plazo.

Febrero 2018 Primera ronda de elecciones presidenciales

Marzo 2018 Solís firma decreto que traslada presupuesto para poder pagar deuda de corto plazo.

Abril 2018 Segunda ronda de elecciones presidenciales

Julio 2018 Crédito Público solicita un presupuesto extraordinario de ₡625.000 millones.

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Pago no autorizado

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Unos ¢400.000 millones de deuda el año pasado se pagaron excediendo lo autorizado por el presupuesto (datos de Contraloría en millones de colones).

Enero – abril	215.000
Julio – set.	185.000

*Colaboraron Christine Jenkins y Fabio Parreaguirre