Hubo desastres, habrá desastres... la secuela
Ernesto Villalobos evillalobos@larepublica.net | Viernes 17 junio, 2011
Miles de personas se mantienen en sitios de alto riesgo por deslaves
Hubo desastres, habrá desastres… la secuela
No han variado en casi nada los métodos para evitar pérdidas
Como la secuela de una película de horror, regresamos casi a la misma situación de hace siete meses, cuando un deslave de la quebrada Canoas, se cobró la vida de 30 personas en Escazú.
Ahora, pese al inicio de la temporada lluviosa, el país no ha hecho prácticamente nada para evitar la repetición de este tipo de desastre.
Los principales peligros que amenazan a quienes residen en zonas como Curridabat, Tres Ríos, Santa Ana y Escazú, van desde la confluencia de una gran cantidad de fallas sísmicas hasta la presencia de vías de agua y nacientes bajo las zonas más pobladas.
A esto se suma la falta de rigurosidad en la supervisión de las construcciones y la ausencia de políticas que impidan desarrollar proyectos de vivienda a quienes invadan terrenos o sean propietarios de tierras no aptas para edificar.
Mientras tanto, un total de aproximadamente 5 mil familias vive en esas cuatro zonas de riesgo.
En Tirrases de Curridabat, la cara norte de los cerros luce tapizada de casas construidas prácticamente una encima de otra, muchas de ellas a pocos metros del río Tiribí.
“Cuando el tiempo está seco, nadie piensa en un derrumbe; lo feo es cuando llueve y baja el agua toda chocolatosa y por donde uno menos espera. Los caños no sirven, no hay alcantarillas y uno piensa en lo peor”, reconoció Norma Estrada, vecina del precario La Ponderosa, en esa zona.
Mucha de esa gente no puede hacer nada para reducir el riesgo, dado que el costo de trasladarse a otro lugar es impagable.
En medio de la amenaza sobre esas poblaciones, ninguna de las municipalidades responsables ha mejorado significativamente los métodos mediante los cuales podría evitarse una nueva desgracia.
Ni siquiera los resultados de informes con décadas de haber sido presentados a esos gobiernos locales son tomados como base para modificar los planes reguladores que debería tener cada municipio.
Por su parte, el Proyecto de Planificación Urbana de la Gran Area Metropolitana sigue sin aprobarse.
Menor aún ha sido el esfuerzo por destinar más recursos a la supervisión de las construcciones, o siquiera la propuesta de convenios con entes calificados como el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, para ejercerla más eficientemente.
Calle Lajas, al pie del cerro Chitaría en Escazú, es uno de los lugares donde ha habido cambios, forzados por los sucesos de octubre pasado.
De 40 familias que vivían allí, la mitad salió por sus propios medios. Recientemente, el Ministerio de Salud ordenó que la gente que todavía queda en la zona tiene que abandonar su casa, de lo contrario será desalojada.
Sin embargo, los dueños de esas casas no recibirán ninguna compensación ni ayuda.
“Nos visitaron en varias ocasiones y concluyeron que no había posibilidad de ayudarnos, porque teníamos un ingreso fijo y algún negocio. Con eso de frente, lo que hicimos en mi familia fue reconstruir la casa y acá estamos”, dijo Eddy Bermúdez, propietario de una casa que perdió todo el menaje, en octubre pasado.
Uno de los principales problemas es que en muchos casos las municipalidades han aplicado —y siguen aplicando— una política deficiente en cuanto a permisos de construcción en zonas con alto potencial de deslizamientos, en parte por problemas presupuestarios.
En principio, cada municipalidad debería contar con inspectores capacitados en ingeniería o arquitectura; sin embargo, por cuestiones de costos, en su gran mayoría estos son apenas egresados de secundaria, de modo que no ejercen un control adecuado.
Los ministerios de Vivienda, de Transportes y de Ambiente —con la asesoría de la Comisión Nacional de Emergencias— trabajan en la aprobación y aplicación de un plan regulador de desarrollo para toda el área metropolitana, el cual señalaría las zonas peligrosas y restringiría los abusos que se viven hoy, pero ha pasado casi una década desde el inicio del proceso y todavía no se cumple.
Por su parte, casi ninguna de las municipalidades potencialmente afectadas cuenta con un plan regulador propio, que restrinja el desarrollo inmobiliario en zonas de riesgo, mientras esperan que se apruebe el plan maestro.
Sumado a lo anterior, está el problema de que alguna gente edifica casas sin los estudios o permisos exigidos por ley, lo cual agrava la situación.
Es posible inferir que en algunos casos la municipalidad podría otorgar un permiso de construcción sin el cumplimiento de los requisitos, debido a que esto representa ingresos adicionales para sus arcas, desde el permiso inicial hasta los impuestos territoriales.
Además, permitir que se construya casi sin control beneficia los intereses de quienes buscan quedarse en las posiciones políticas, congraciándose con los electores, aunque eso tenga un efecto riesgoso a largo plazo.
“El hecho de que las municipalidades no restrinjan los permisos y las construcciones, es parte del clientelismo político. Desde los años 80, dar vivienda representa un caudal de votos”, dijo Carlos Alvarez, presidente del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, en una entrevista realizada por LA REPUBLICA en diciembre pasado.
Ernesto Villalobos
evillalobos@larepublica.net
Hubo desastres, habrá desastres… la secuela
No han variado en casi nada los métodos para evitar pérdidas
Como la secuela de una película de horror, regresamos casi a la misma situación de hace siete meses, cuando un deslave de la quebrada Canoas, se cobró la vida de 30 personas en Escazú.
Ahora, pese al inicio de la temporada lluviosa, el país no ha hecho prácticamente nada para evitar la repetición de este tipo de desastre.
Los principales peligros que amenazan a quienes residen en zonas como Curridabat, Tres Ríos, Santa Ana y Escazú, van desde la confluencia de una gran cantidad de fallas sísmicas hasta la presencia de vías de agua y nacientes bajo las zonas más pobladas.
A esto se suma la falta de rigurosidad en la supervisión de las construcciones y la ausencia de políticas que impidan desarrollar proyectos de vivienda a quienes invadan terrenos o sean propietarios de tierras no aptas para edificar.
Mientras tanto, un total de aproximadamente 5 mil familias vive en esas cuatro zonas de riesgo.
En Tirrases de Curridabat, la cara norte de los cerros luce tapizada de casas construidas prácticamente una encima de otra, muchas de ellas a pocos metros del río Tiribí.
“Cuando el tiempo está seco, nadie piensa en un derrumbe; lo feo es cuando llueve y baja el agua toda chocolatosa y por donde uno menos espera. Los caños no sirven, no hay alcantarillas y uno piensa en lo peor”, reconoció Norma Estrada, vecina del precario La Ponderosa, en esa zona.
Mucha de esa gente no puede hacer nada para reducir el riesgo, dado que el costo de trasladarse a otro lugar es impagable.
En medio de la amenaza sobre esas poblaciones, ninguna de las municipalidades responsables ha mejorado significativamente los métodos mediante los cuales podría evitarse una nueva desgracia.
Ni siquiera los resultados de informes con décadas de haber sido presentados a esos gobiernos locales son tomados como base para modificar los planes reguladores que debería tener cada municipio.
Por su parte, el Proyecto de Planificación Urbana de la Gran Area Metropolitana sigue sin aprobarse.
Menor aún ha sido el esfuerzo por destinar más recursos a la supervisión de las construcciones, o siquiera la propuesta de convenios con entes calificados como el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, para ejercerla más eficientemente.
Calle Lajas, al pie del cerro Chitaría en Escazú, es uno de los lugares donde ha habido cambios, forzados por los sucesos de octubre pasado.
De 40 familias que vivían allí, la mitad salió por sus propios medios. Recientemente, el Ministerio de Salud ordenó que la gente que todavía queda en la zona tiene que abandonar su casa, de lo contrario será desalojada.
Sin embargo, los dueños de esas casas no recibirán ninguna compensación ni ayuda.
“Nos visitaron en varias ocasiones y concluyeron que no había posibilidad de ayudarnos, porque teníamos un ingreso fijo y algún negocio. Con eso de frente, lo que hicimos en mi familia fue reconstruir la casa y acá estamos”, dijo Eddy Bermúdez, propietario de una casa que perdió todo el menaje, en octubre pasado.
Uno de los principales problemas es que en muchos casos las municipalidades han aplicado —y siguen aplicando— una política deficiente en cuanto a permisos de construcción en zonas con alto potencial de deslizamientos, en parte por problemas presupuestarios.
En principio, cada municipalidad debería contar con inspectores capacitados en ingeniería o arquitectura; sin embargo, por cuestiones de costos, en su gran mayoría estos son apenas egresados de secundaria, de modo que no ejercen un control adecuado.
Los ministerios de Vivienda, de Transportes y de Ambiente —con la asesoría de la Comisión Nacional de Emergencias— trabajan en la aprobación y aplicación de un plan regulador de desarrollo para toda el área metropolitana, el cual señalaría las zonas peligrosas y restringiría los abusos que se viven hoy, pero ha pasado casi una década desde el inicio del proceso y todavía no se cumple.
Por su parte, casi ninguna de las municipalidades potencialmente afectadas cuenta con un plan regulador propio, que restrinja el desarrollo inmobiliario en zonas de riesgo, mientras esperan que se apruebe el plan maestro.
Sumado a lo anterior, está el problema de que alguna gente edifica casas sin los estudios o permisos exigidos por ley, lo cual agrava la situación.
Es posible inferir que en algunos casos la municipalidad podría otorgar un permiso de construcción sin el cumplimiento de los requisitos, debido a que esto representa ingresos adicionales para sus arcas, desde el permiso inicial hasta los impuestos territoriales.
Además, permitir que se construya casi sin control beneficia los intereses de quienes buscan quedarse en las posiciones políticas, congraciándose con los electores, aunque eso tenga un efecto riesgoso a largo plazo.
“El hecho de que las municipalidades no restrinjan los permisos y las construcciones, es parte del clientelismo político. Desde los años 80, dar vivienda representa un caudal de votos”, dijo Carlos Alvarez, presidente del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, en una entrevista realizada por LA REPUBLICA en diciembre pasado.
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