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Hambre es “calamidad pública” en Guatemala
Unas 350 mil familias han perdido sus cosechas como consecuencia de la sequía que afecta al país

Guatemala
EFE

El Gobierno de Guatemala hizo ayer un llamamiento a la unidad nacional para combatir la severa crisis alimentaria que afecta a miles de guatemaltecos y que se ha cobrado la vida de al menos 25 niños.
“Hago un llamado al conjunto de sectores de la vida nacional para que todos contribuyamos a enfrentar este grave problema y sus distintas manifestaciones, tanto en lo que respecta a las acciones de emergencia como a aquellas más profundas que tenemos que solucionar”, dijo el presidente guatemalteco, Alvaro Colom.
Colom, que el martes declaró el “estado de calamidad pública” en todo el país, explicó ayer a periodistas que con esa medida pretende agilizar la llegada de los aportes económicos ofrecidos por la comunidad internacional para paliar el hambre.
Según el Gobierno, se necesitan unos 400 millones de quetzales ($48 millones) para suministrar alimentos básicos de emergencia a unas 350 mil familias que han perdido sus cosechas agrícolas como consecuencia de la prolongada sequía que ha afectado a este país centroamericano.
Colom aseguró que entre las acciones que tiene previsto emprender su Gobierno bajo el marco legal del “estado de calamidad pública” no se incluye la restricción de garantías constitucionales, pero sí se perseguirá a los comerciantes que incrementen el precio de los alimentos o que especulen con ellos.
En un discurso pronunciado ayer ante un grupo de empresarios locales, el gobernante les hizo un llamado “para trabajar en favor de los pobres”, e insistió en que la crisis alimentaria que atraviesa el país tiene sus orígenes en la desigualdad social.
El “estado de calamidad pública”, que deberá ser ratificado por el Parlamento, tiene como objetivo “evitar mayores consecuencias en el agotamiento de las reservas de alimentos y permitir que en todo el territorio nacional se tomen las acciones necesarias de información, prevención, control y erradicación para evitar o reducir los efectos de la inseguridad alimentaria y nutricional”.
La crisis alimentaria, que ha afectado con mayor fuerza a los habitantes del denominado “corredor seco”, que han perdido sus cosechas de maíz y fríjoles, en los que basan su dieta alimenticia, ha motivado que diversos sectores sociales realicen colectas de alimentos para entregarlos a los damnificados.
Algunos medios de comunicación, con el apoyo de iglesias protestantes y organizaciones juveniles y empresariales, iniciaron ayer también la distribución de bolsas de alimentos básicos donados por la ciudadanía.
Según datos del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas, el 50% de los niños guatemaltecos hasta los doce años padecen algún grado de desnutrición.
Cifras oficiales señalan que en lo que va de este año unos 25 menores han muerto como consecuencia del hambre, aunque las autoridades reconocen que la cantidad podría ser superior al no existir datos confiables para determinar los fallecimientos provocados por la falta de alimento.
El caso más dramático es el de los menores del “corredor seco”, integrado por los departamentos de El Progreso, Zacapa, Chiquimula, Jalapa, Jutiapa, Santa Rosa y Baja Verapaz, y en donde, según la Secretaría de Seguridad Alimentaria de la Presidencia (Sesan), el 1,3% corre riesgo de morir de hambre.
La Sesan ha detectado un total de 350 mil familias de 4.059 comunidades con problemas de hambre y 55 mil en 1.901 comunidades en situación de alto riesgo.
Desde que se dio la voz de alarma, hace un mes, el Gobierno ha destinado unos 7,4 millones de dólares a alimentos de emergencia para los damnificados y el PMA ha colaborado con 20 toneladas de galletas nutritivas.
La Comisión Europea, la Agencia Española de Cooperación Internacional y el Gobierno de los Estados Unidos anunciaron ayer que estudian la posibilidad de otorgar ayuda inmediata para colaborar con Guatemala.
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