¡Hagámoslo ya!

La semana pasada fue escrito el último capítulo en la saga de nuestra vergüenza nacional, al postergarse una vez más la decisión de qué hacer con el manejo del aeropuerto Juan Santamaría, el cual está “en construcción” desde hace una década.

Los interminables atrasos de este proyecto se suman a los que enfrenta también la infraestructura vial y portuaria, de modo que el país está dejando de percibir importantes oportunidades de crecimiento económico, así como del desarrollo social.

Parte del problema en los últimos años ha sido que mucha gente empezó a pensar que la figura de la concesión —o sea permitir a una empresa privada manejar un bien del Estado por un tiempo— era la manera preferida de construir la infraestructura que Costa Rica necesita.

Estamos de acuerdo en que la concesión tiende a ser un mecanismo superior, en parte porque le permite al Estado resguardar dinero para invertir en obras sociales, además, una empresa privada especializada en el ramo —por ejemplo, aeropuertos— a menudo es mucho más eficiente que el Gobierno, que no cuenta con la misma experiencia.

Por cierto, la concesión ha sido un modelo sumamente exitoso en varios de los mejores aeropuertos del mundo, como los de Singapur, Madrid y Santiago.

Por eso, sería preferible que el Estado se ponga de acuerdo con Alterra Partners, para que la empresa termine la obra del Juan Santamaría.

Además, sacar a Alterra del proyecto provocaría que muchos inversionistas extranjeros vean el país como poco confiable. Por otra parte, cualquier cambio de operador a estas alturas, sea por otra empresa privada o por el Gobierno, implica más desorden.

Sin embargo, es evidente que en Costa Rica el mecanismo de la concesión ha provocado un sinfín de líos legales y administrativos.

Al mismo tiempo, hemos visto que los gobiernos de Panamá y El Salvador han logrado hacer unas impresionantes modernizaciones de sus aeropuertos, a pesar de que empezaron esos proyectos después de Costa Rica, lo cual comprueba que el modelo del desarrollo de la infraestructura por parte del sector público sigue siendo una opción perfectamente viable.

Tomando en cuenta todos estos factores, lo más prudente sería hacer un último intento para resolver la situación de Alterra; no obstante, si tal iniciativa no prospera en muy corto plazo, que el Estado asuma el aeropuerto, siempre bajo una condición clave.

Los atrasos en el Juan Santamaría están dañando al turismo, el negocio más importante del país, así como obstaculizando los esfuerzos de miles de ejecutivos y profesionales costarricenses de hacer la economía nacional más productiva.

En estas circunstancias, lo esencial para Costa Rica no es tanto la forma en que se manejan las obras de infraestructura, sino el hecho de que se completen.

¡Hagámoslo ya!