Hacia una batalla... ¿perdida?

De cal y de arena
Hacia una batalla… ¿perdida?

Si, como lo ha dicho el Fiscal General de la República, la región centroamericana transita peligrosamente hacia la imposición del poder de grupos y redes criminales con enormes capacidades para infiltrarse en la sociedad civil, las instituciones militares, policiales, judiciales, políticas y administrativas, tenemos que concluir que vista y comprobada la rusticidad de la armadura de la que el Estado costarricense está dotado para enfrentar el desafío de esos cárteles corremos un alto riesgo de ser arrastrados a una batalla sin trazas de éxito.
El país parece muy vulnerable y las dimensiones del desafío como que no van a la par de la reacción de la sociedad. Algo hay que hacer pero, cuidado, que tan grave es cruzarse de brazos como errar en la política de gobierno que se estructure para enfrentar el crimen organizado y los cárteles del tráfico internacional de estupefacientes.
Pensar que el país puede librar la batalla con los escuálidos recursos puestos a la disposición de las entidades creadas a tal efecto y con un libreto propio de los tiempos del reino de la marihuana, es soñar.
Tampoco es el caso de adoptar los esquemas que inspiran la contraofensiva en Colombia y en México y que ganan más y más adeptos día con día en Guatemala, El Salvador y Honduras.
La militarización de la contraofensiva no da muestras de conducir a la victoria y sí más bien de provocar un desplazamiento de los campos de batalla. Y es ahí donde, como lo ha advertido el Lic. Jorge Chavarría, Costa Rica corre grandes peligros: “La presión militar esperable de nuestros vecinos sobre las redes criminales dijo en una actividad del Ministerio Público es un riesgo que se suma para favorecer el incremento de la actividad y presencia de narcotraficantes internacionales en nuestro territorio”.
La irrupción del crimen organizado y del narcotráfico violenta, despiadada y sanguinaria es un hecho indiscutible, apenas la porción del iceberg visible. En el Departamento de Estado se registra según las indiscreciones de WikiLeaks que nuestro país es un importante eslabón en la transferencia de drogas, personas, dinero y armas y que carece de un plan de seguridad coherente.
Esta pertinente y oportuna voz de alerta para que se tomen las providencias indispensables a fin de evitar un Estado fallido con su institucionalidad en ruinas y reducido a la impotencia, no debe ofuscarnos con una opción militarista que en ninguna parte ha resultado exitosa y sí de alto precio para los derechos humanos.
¿Qué hacer, entonces, ante el poder de arrastre de un negocio que almacena aquí unas 50 toneladas de cocaína al año y que ya asoma, dice Chavarría, sus garras amenazadoras a las municipalidades costeras para asegurarse un espacio vital?
El negocio da para mucho o, mejor dicho, para todo. Hasta para hipotecar nuestra independencia ya no a favor de consorcios transnacionales o de organismos internacionales, sino de la cúpula de un cartel que decide el destino de bienes, personas… y estados.
Grave realidad donde la corrupción se generaliza como carta de presentación.

Alvaro Madrigal