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Hacia un nuevo modelo de intervención pública

| Jueves 20 agosto, 2009

Hacia un nuevo modelo de intervención pública

Hasta finales de la década de los 70, la historia había demostrado la preferencia por un modelo de intervención total del Estado en la economía, por medio de sus empresas, particularmente aceptado como una respuesta a los fallos del mercado, en sectores asociados a economías de red, como el caso de las telecomunicaciones y la energía, con sus características de monopolio natural.
Superadas las falacias que daban cabida a los monopolios estatales ha surgido un nuevo modelo económico caracterizado por políticas de desregulación, liberalización y privatización; un régimen enfocado en el mercado y la competencia, en donde el Estado interviene de manera protagónica, pero sin acaparar la prestación de un determinado servicio, sino de manera indirecta y por medio de la regulación económica, para procurar la eficiencia de los mercados, corregir sus fallos, promocionar la competencia y la interacción de los agentes económicos.
Este modelo se centra en la entrada y salida del mercado y afecta condiciones económicas en que la actividad se desarrolla: cantidad de la producción, zonas y mercados que sirve cada empresa, precios o retribuciones, inversiones y, en general, al negocio mismo en que la actividad consiste; se ocupa de analizar el Derecho desde una perspectiva dinámica en cuanto proceso de elaboración, aprobación y aplicación de normas jurídicas, y, desde la perspectiva del Derecho Administrativo, la regulación debe ser el instrumento previo de cualquier actividad pública de intervención de las actividades privadas.
Su objeto no es tanto controlar a las empresas sino proteger a los individuos en la ejecución de actividades que resultan esenciales para la vida y el bienestar. Se enfoca en garantizar la prestación presente y futura del servicio, así como de establecer los niveles adecuados en la relación calidad-precio, según el grado de desarrollo y las prioridades que cada sociedad quiera establecer.
Su fin primordial es la competencia y, por medio de ella, la procuración de la eficiencia en su sentido económico. Trata de regular tan solo aquellos aspectos concretos que sean necesarios para que en el resto del sector la competencia sea efectiva. No obstante, este modelo no debe contemplarse como una vuelta al laissez faire, sino que trata de buscar una tercera vía que equilibre gobierno y mercado, en la idea de que uno y otro no deben actuar por separado, lo cual supone realizar un cambio en la relación tradicional entre política pública y empresa privada.
En efecto, la apertura a la competencia no da lugar a mercados libres sino a mercados regulados. Implica necesariamente la intervención pública en sectores esenciales de la economía para el correcto desarrollo del Estado de Derecho. En este contexto, la regulación económica será siempre necesaria pero debe ser solo la imprescindible, decreciente, subsidiaria y complementaria del mercado. La regulación promueve el mercado, lo reconstruye donde ello es posible, lo defiende, pero no lo sustituye.

Ricardo Barquero Córdoba
Especialista en Derecho Administrativo

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